(20 de enero, 2015).- Después de emitido el informe de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa donde se anuncia que el calor excesivo destruyó el ADN mitocondrial de los restos hallados en Cocula, el médico forense Matías de los Santos comenta: “la paleontología ha desarrollado en los últimos años herramientas para analizar restos de seres vivos o abordar una investigación criminal complicada, mediante sistemas de análisis denominados de PCR (Polymerase Chain Reaction), pero en efecto, el calor puede acabar cualquier indicio de ADN. Sin embargo, desde un punto de vista legal, la imputación podría ser posible, pese a no encontrarse el ADN de las víctimas”.
Explicando que esto es posible, siempre y cuando se exploren líneas de investigación coherentes y respaldadas científicamente, “el problema es que la PGR insiste en una hipótesis que ya fue de alguna manera derribada por los científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), lo conveniente hubiera sido, si deseaban insistir en su teoría, abrir otra vertiente y verificar los datos aportados por el Doctor Jorge Antonio Montemayor, un documento que sin duda alguna, está sumamente bien estructurado y respaldado que incluso deja entrever los desaciertos que la PGR ha venido teniendo a lo largo de estos meses”, declara de los Santos.
La PGR también informó que en una segunda etapa de la investigación, los científicos aplicaran la “Secuenciación Masivamente Paralela” (Massively Parallel Sequencing MPS), por sus siglas en inglés, que podría servir como una herramienta útil para seguir investigando estos restos.
Aun cuando al aplicarse dicho mecanismo, existe un alto riesgo de que los extractos de ADN sean consumidos sin obtener resultado alguno y por lo tanto perder los elementos necesarios que den pie a más datos en dicha investigación, la PRG aceptó que se aplique la MPS, ello sin informar a los padres.
Sobre ese punto Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres, declara que “las autoridades no toman en cuenta a los padres en la toma de decisiones, tampoco los protegen, ahora sólo queda que faciliten los accesos que sean necesarios, es por eso que un cuartel abierto no es suficiente, no iremos, queremos abiertas todas las instalaciones militares de Guerrero, que se demuestre que hay transparencia y cooperación por parte de las autoridades”.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, organismo al que pertenece Rosales Sierra, informó vía comunicado que “la decepción que han provocado las autoridades en el caso, ha llevado a los padres a pensar en la alternativa de seguir con plan de búsqueda ciudadana, que implica la participación de la sociedad. Esto ante la incapacidad del Estado de encontrar con vida a los 43 estudiantes, y además de ello tomar decisiones que les corresponden principalmente a los padres”.
Finalmente el Doctor Pablo Ugalde Vélez, quien también participó en la investigación independiente que realizó el Doctor Montemayor Aldrete, afirma que es necesario que se siga difundiendo su estudio científico con respecto al caso y de existir universidades que deseen una conferencia sobre el tema están en la disponibilidad de asistir, esperando la PGR analice el documento y opte por esa línea.
