(21 de enero, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- México se ha convertido en una gran fosa clandestina, repleta de cadáveres anónimos: los huesos y dolor, lo dicen todo. Mientras hace siete años, el discurso beligerante del gobierno de Felipe Calderón hablaba de un país hundido en una “lucha frontal contra la delincuencia organizada”, y los muertos hacían gala de la supuesta razón de Estado. En los primeros años del sexenio de Peña Nieto, la violencia pareció borrarse de repente.
Sin embargo, los repuntes sangrientos en estados como Michoacán; la matanza en el municipio de Tlatlaya; la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, conjunto al asesinato de tres de ellos; el hallazgo de las matanzas en Allende Coahuila; el alza en asesinatos, extorsiones, robos, secuestros, violaciones, feminicidios y torturas, en estados como Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Jalisco, Baja California, entre otros, ha demostrado que una ola sangrienta se sigue regando, pero también que el crimen mutó y se convirtió en algo más complejo.
Un alza en otro tipo de delitos como la desaparición forzada o la sustracción de personas da muestras de ello. Un breve vistazo en las estadísticas al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), lo apuntala:
Según las estadísticas actualizadas hasta el 31 de octubre del 2014, en México, desde el año 2005, 23 mil 615 personas fueron desaparecidas u extraviadas –es básicamente imposible saberlo con la actual configuración de la base de datos, a cuál de los dos tipos de delitos pertenecen cada uno de los registros. De este número, al menos 14 mil 003 sucedieron en la pasada administración y 9 mil 612 personas en la presente.
Habrá de recordar que apenas van dos años desde que Peña asumió el cargo el 1 de diciembre del 2012.
El hallazgo de fosas clandestinas en el norte del estado de Guerrero, por otra parte, también demuestra que un gran número de estos casos, podría tratarse de asesinatos que han sido ocultados por la delincuencia organizada con la aquiescencia del gobierno como lo ha sugerido Human Rigths Watch. En la búsqueda de los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, hasta el momento han aparecido 52 fosas clandestinas y la exhumación de 38 cuerpos, según información proporcionada por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Una probadita a la dimensión del problema.
La pregunta es: ¿quién se ha dado a la tarea buscar dichos entierros e identificar lo que ahí hay?
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En el país, las autoridades encargadas de buscar las fosas clandestinas e identificar los restos, se divide entre varias instancias a criterio de la gravedad del caso: en la mayoría de las ocasiones, éstas son atraídas por las instancias de procuración de justicia estatal. La búsqueda, en tanto, puede dividirse entre las policías municipales, o, en caso de que hallen indicios de huellas del narcotráfico o crimen organizado, intervienen tanto el Ejército o la Marina.
En otros casos, como en el de los estudiantes de Ayotzinapa, intervienen instancias federales. El problema es que buena parte de estas instancias, han comenzado a perder legitimidad.
De acuerdo con datos de la PGR, difundidos por el diario Reforma en julio pasado, a partir de 2006, se han recuperado mil 273 cadáveres, pero sólo se han identificado 142. Ante dicha circunstancia, en junio de 2013, se creó la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero el año pasado, fueron disminuidos a petición del Congreso de la Unión en el presupuesto de la federación 2015.
Insistimos: ¿quién se ha dado a la tarea buscar dichos entierros e identificar lo que ahí hay?
Caso Brenda Damaris
Brenda Damaris González desapareció el 31 de julio del 2011 después de tener un percance vehicular en el municipio de Santa Catarina Nuevo León. De acuerdo a una llamada que le realizó a su hermano, Antonio, una patrulla municipal llegó al lugar y después no volvieron a saber de ella. Un año después, la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, le informó a su madre que habían encontrado una fosa en donde podían encontrarse sus huesos.
Otro año más duró la supuesta identificación, realizado por las instancias locales en el Servicio Médico Forense del Hospital Universitario.
Pese al consuelo que representó el hallazgo en un primer momento, doña Juana dudó que se trataran en realidad los restos de su hija. Tiempo después denunció las irregularidades del caso, sobre todo en el método de las diligencias estatales así como la premura por reducirlos a cenizas. Por otra parte, en dos bolsas negras de plástico, le entregaron 116 huesos; en el interior, no había un solo cuerpo que llevarse a casa, sino dos cráneos humanos, uno de ellos, de hecho, masculino.
Los enterró.
El año pasado, la madre de Brenda Damaris solicitó que fueran nuevamente exhumados. Pero en el proceso ya participaron, integrantes del Equipo de Antropología Forense Peruano (EAFP), un integrante del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), la ayuda de Gobernanza Forense Ciudadana quien aportó recursos para un nuevo análisis de ADN, así como la observación de la PGJ de Nuevo León.
Los resultados corroboraran la identidad de los restos, y, de resultar negativos, pondrán en duda los métodos utilizados por las autoridades.
El desastre de Coahuila
El 14 de diciembre del 2014, cincuenta familias pertenecientes a Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) comenzaron una caravana que partió de la parroquia de San Judas Tadeo en Torreón, donde desconocieron a los gobiernos estatal y federal por haber implementado un operativo para la búsqueda de sus familiares en el que se cometieron irregularidades.
Ante los “pequeños hallazgos” reportados y presumidos por el gobierno de Rubén Moreira, en relación a la desaparición de 500 personas en el municipio de Allende, la FUUNDEC destacó que se habían violado los protocolos internacionales (como el no uso de maquinaria pesada) en materia de búsqueda de evidencias e incluso señalaron que algunos funcionarios patearon los indicios encontrados:
Entre las violaciones al protocolo de búsqueda denunciaron: las reglas de preservación del lugar del hallazgo y de búsqueda, fijación, levantamiento y embalaje de indicios fundamentales para los fines del operativo (pateando ropa, por ejemplo), pero también el uso de maquinaria pesada, en especial el uso de retroexcavadoras.
“FUUNDEC-M rechaza categóricamente el operativo, manifiesta su duda sobre sus resultados, y suspende toda interlocución con el Estado mexicano, hasta que los responsables de este desaseo den cuenta de lo sucedido, y el gobernador y el comisionado general de la Policía Federal expliquen pública y transparentemente lo sucedido”, expuso Jorge Verástegui González, quien fuera miembro de dicha organización y participante de la caravana.
Caso los “otros” desaparecidos de Iguala
Después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, las familias de cientos desaparecidos han emprendido las búsquedas por iniciativa propia. Cada fin de semana, un equipo encabezado por los decenas de padres de familia, suben a los cerros adyacentes y ellos mismos marcan los lugares donde podrían encontrarse sus allegados, muertos, enterrados. De acuerdo a datos proporcionados por la UPOEG, hasta el momento han encontrado 52 fosas y se han desenterrado 38 cuerpos.
En las búsquedas, la UPOEG, en voz de su representante, Miguel Ángel Jiménez, señala que apenas el 12 de enero, encontró una fosa en la que había tres cuerpos humanos y otra con cabezas putrefactas.
Pero la dimensión del problema sigue siendo de proporciones magnas: la representante del Comité de Familiares Desaparecidos en el Norte de Guerrero, en voz de su representante, Xitlali Miranda, ha señalado que del mes de noviembre de 2014 a enero del presente año, se ha recibido la denuncia de 385 personas que ha sufrido una desaparición entre sus allegados. También han dicho que han recabado las muestras sanguíneas de 500 familiares o más, con el fin de realizar pruebas genéticas. Para levantar este censo, han recibido la ayuda de la organización Gobernanza Forense Ciudadana (GFC) y la vigilancia de la CNDH.
Argentinos metidos en una fosa inmensa
El caso más sonado públicamente en donde ha intervenido el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en México, ha sido sin duda Ayotzinapa.
Sin embargo, el EAAF, una organización «multidisciplinaria, sin fines de lucro, científica, no gubernamental e independiente a cualquier partido o filiación política», como da cuenta su página de internet, tienen presencia en nuestro país desde el año 2001. Algunos casos donde ha participado a sido la identificación de migrantes en Chiapas, los desaparecidos del bar Heaven, la identificación de las muertas de Juárez y el caso de la estudiante Adriana Morlett, entre otros.
Durante estos trece años, han participado por invitación de distintas organizaciones locales, principalmente, en los casos de feminicidios, desapariciones forzadas en el contexto de la violencia, desapariciones involuntarias de migrantes en su tránsito por México, desaparición con fines de explotación sexual, además de otros casos famosos, y donde su presencia no siempre ha sido del todo reconocida.
Apenas las organizaciones de derechos humanos han expresado públicamente sus aportes. Un desplegado firmado por 17 organizaciones sociales mexicanas, aparecido en la página de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, comunicó:
“Para las familias y para la sociedad civil, el EAAF ha marcado un hito en la búsqueda e identificación de restos. Su trabajo ha permitido que decenas de familias puedan tener una respuesta certera y científica ante una realidad compleja y a veces lejana. El EAAF ha mostrado la importancia de que los servicios periciales estén cerca de la víctima, la acompañen y le expliquen el proceso de identificación, manteniendo siempre una gran calidad humana y honestidad en su relación con las víctimas, lo cual les ha otorgado un alto grado de legitimidad y respaldo en el trabajo que realizan”.
Una perspectiva al futuro
“El problema es que existen muy pocos casos, como el de Ayotzinapa, en el que existe un interés público, político y eficaz en la búsqueda de los desaparecidos. Ahora, mucho de ese interés, radica en las disposiciones que logren mostrar las procuradurías estatales, las cuales, como han demostrado en Nuevo León, en Coahuila, en Durango u otros lugares en los que se han hallado fosas clandestinas”, apunta Alejandro Vélez Salas, director del portal por la paz Nuestra Aparente Rendición (NAR) y doctor en humanidades por la Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra.
“Ante este panorama sombrío, las familias han optado por valerse de la ayuda de organizaciones sociales que los ayuden a tener certeza en estos momentos tan trágicos. Y una desesperación que los obliga a ellos mismos, a emprender la búsqueda.”
Por ejemplo. Existe una creciente preocupación por la falta de credibilidad en las instancias investigadoras, ha dado lugar a la creación de iniciativas como GFC, la creación del EMAF, la creación de las FUUDEC y FUNDENL, la presencia del EAAF, así como de múltiples organizaciones de derechos humanos que piden sus servicios.
Dichas organizaciones, han comenzado a hacerse cargo de las investigaciones que antes sólo eran facultad del gobierno, pero también, de garantizar el “derecho a la verdad” que ha sido negado por el Estado y gobierno mexicano.
