(23 de enero, 2014).- Tras un proceso de investigación en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera en Ecuador, a varios legisladores se les pidió revocación de mandato; y es que al realizarse dos juicios en contra de ésta, primero por peculado y otro por presunto lavado de activos, la empresa se vio orillada a devolver 55 millones 587 mil 85 dólares a sus acreedores, cancelando más de 10 millones de dólares a 260 personas naturales y jurídicas.
No obstante, la respuesta de éstos es clara; pidieron la revocación de mandato -figura aprobada por la misma Asamblea Nacional- de cuatro de sus legisladores, entre ellos, de Diego Vintimilla, el más joven legislador ecuatoriano con apenas 25 años de edad.
La importancia del proceso legal que actualmente se lleva a cabo, radica en que de consumarse la audiencia por presunto lavado de activos, se revelarían aspectos de cómo habrían operado 12 empresas consideradas fantasmas que no estarían tributando de acuerdo con el volumen de exportaciones que supuestamente llevaban a cabo.
Las reacciones de distintas organizaciones sociales se ha tornado un debate en redes sociales, donde ya se expresa solidaridad pero sobre todo, respaldo para el joven asambleísta perteneciente al Partido Comunista de Ecuador, luego de destacar, dicen, “su labor legislativa dentro y fuera del palacio legislativo. Su juventud y entusiasmo se ha reflejado en el apoyo que nos ha brindado de una y otra manera. Lo ha hecho escuchando propuestas, solidarizándose con nuestras causas o llevando al peno nuestras inquietudes, soluciones o protestas”.
A través de una carta que circula en redes, miembros del Partido Comunista, recién aceptado como tal en esta nación, insistieron en que la experiencia política del joven de Azuay como dirigente estudiantil que permitió impulsar procesos brindando apoyo permanente a las Asociaciones Regionales de Estudiantes Secundarios o a las Federaciones de Estudiantes Universitarios.
De acuerdo con el diario El Tiempo, actualmente se encuentran en venta los bienes de la Cooperativa que permitan formar un fideicomiso con los activos de la institución financiera para pagar a los acreedores que no recibieron de todo su dinero, pues ésta convocó en cuatro fases a 126 mil 779 acreedores para hasta el momento devolver los más de 55 millones de dólares.
Son los afectados que no han logrado comprobar sus ingresos quienes impulsan esta demanda en contra de los legisladores ecuatorianos que en varias ocasiones han sido respaldados por amplias bases sociales.
Dentro del comunicado difundido, éstas fueron quienes aseguraron en el respaldo especialmente a Vintimilla que “campesinos e indígenas, sus organizaciones, los productores y productoras agroecológicos, que han escuchado en su voz, el eco de las propuestas que apuntan a la superación de las desigualdades sociales y de acceso entre el campo y la ciudad, la propuesta y elementos que han logrado consolidar elementos para una verdadera revolución ecológica. La nueva forma de hacer política no pasa por las relaciones clientelares, de ofrecimientos populistas, ni tampoco por quedar bien con todo el mundo”.
Del mismo modo, insistieron en que “los azuayos y azuayas que han recibido la visita del asambleísta en las rendiciones de cuentas permanentes, saben que tienen alguien que les escuche y que trabaja por leyes que puedan mejorar la calidad de vida de la gente y la construcción del buen vivir”.
En cuanto al proceso en general denunciaron que las consecuencias y consecuencias de maniobras por venir con carácter “politiquero” impulsadas por intereses personales o de grupos que pretendan perjudicar al pueblo ecuatoriano.
