(27 de enero, 2015).- Un día después de que miles de personas marcharan por diferentes vías de la Ciudad de México, la Procuraduría General de la República (PGR) ofreció una conferencia de prensa para señalar que todos los estudios científicos confirman que los 43 normalistas fueron calcinados en el basurero de Cocula y sus restos lanzados al río San Juan.
Tras enlistar las áreas de acción, Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón aseguraron que todo ocurrió en el basurero, pues así lo demuestran los restos de llantas encontradas en el sitio.
Sobre las críticas que se han realizado a la versión oficial, se señaló que no existen viviendas cerca del basurero, lo que imposibilitó que alguien notara el fuego intenso y duradero.
Asimismo, se indicó que resulta común ver arder la basura, por lo que eso no habría despertado sospechas. En el caso del personal de limpieza, la PGR aseguró contar con declaraciones que aseguran que la mañana del 27 de septiembre, los miembros de Guerreros Unidos negaron el acceso a la zona a los trabajadores.
La ropa de víctimas y victimarios, así como los celulares de los jóvenes, habrían sido quemados también, lo que imposibilita mayor análisis.
Respecto de la estructura criminal liderada por los Abarca, ambos funcionarios explicaron que el funcionamiento de los Guerreros Unidos estaba basado en que los miembros sólo conocieran los apodos de los que pertenecían al escalafón anterior, lo cual dificultó conocer con prontitud a quienes integraban al grupo delictivo.
Debido a que en días anteriores se difundió parte de las declaraciones de “El Cepillo” donde el delincuente aceptaba haber interrogado a tres estudiantes que aparentemente tenían vínculos con “Los Rojos”, se explicó: “en ninguno de los casos hemos podido determinar si son participantes de un grupo delictivo. Todos dijeron que iban al boteo o a tomar camiones”.
Ante la pregunta de los reporteros sobre la responsabilidad de los Abarca en el crimen, Murillo Karam recordó que ellos pertenecían a los Guerreros Unidos, pero acotó que no se ha podido fincar responsabilidad penal contra María de los ángeles Pineda por el delito de desaparición forzada, ya que ese debe ser cometido por un funcionario público. Nada dijo sobre que ella se desempeñaba como Presidenta del DIF de Iguala.
Finalmente, ante la duda de que la conferencia realizada hoy representara el cierre de la investigación, Murillo Karam mencionó: “Cerrar la investigación no es la palabra adecuada, pero si usted me pregunta si los elementos que tiene la averiguación son suficientes para determinar que ahí los asesinaron, le digo que sí”.
En referencia indirecta a los padres de los normalistas, el procurador mencionó irónico “está clarísimo, solamente quien no lo quiera creer…”
Finalmente, Murillo Karam desligó al Ejército de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre en Iguala: “No hay una sola evidencia de que hay participado el Ejército”.
