Epifanía Martínez
(29 de enero, 2015).- No sólo es Ayotzinapa, pero es ésta la causa que ha hermanado a múltiples organizaciones sociales alrededor del mundo y aun más en Guerrero. Tal es el caso del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), uno de los grupos más numerosos en las jornadas de protesta.
Justino Jacinto y Pedro Hernández Muñoz descansan sobre la banqueta, lucen cansados después de haber caminado bajo el sol duro de medio día. ¿Falta mucho para el Zócalo?- pregunta Justino al muchacho sentado a su lado, éste asiente con la cabeza y luego le pasa una hoja donde puede leerse: “Guerrero, tierra sin ley”. Justino lee el encabezado y se lo muestra a Pedro quien con un semblante serio aprueba lo que dice el escrito –ahí vivimos sin ley-.
Ambos hombres forman parte del Cecop. Esta organización surgió hace 12 años, cuando los pobladores se enteraron del proyecto hidroeléctrico que impulsa la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el río Papagayo –Nos dijeron que sólo harían estudios en el agua, cuando nos dimos cuenta ya estaban las máquinas trabajando- afirma Pedro.
En esta región de la Costa Chica, en el municipio de Acapulco de Juárez, las poblaciones son rurales, muchas de ellas mantienen culturas originarias como la nahua, ñuu savi (mixteca), Me’phaa (tlapaneca) y tzjon non (amuzgo), la gente vive del cultivo de la tierra. Pedro es nahua y asegura que no les falta qué comer -la tierra nos da todo y tenemos aguas cristalinas. No queremos la presa, ellos sólo quieren beneficiar a las empresas y a nosotros nos van a dejar sin agua-.-Además se están llevando también las piedras, de ahí sacan la grava para construir casas- agrega Justino.
La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) documenta que :
– la inundación de 13 poblados
– la reubicación de más de 20 mil habitantes obligados a abandonar sus hogares (de los cuales – el 76% se dedica a la actividad agrícola)
– la inundación de 14 mil 213 hectáreas, o sea un grave deterioro ambiental
– la desaparición de los mantos freáticos que abastecen de agua al Puerto de Acapulco
– un embalse de 13,728 mil hectáreas de superficie
– una cortina que represaría el río de 162 metros de altura
– 5 años de obras
– 8 mil millones de pesos
A este listado se suma la desconfianza que los pobladores le tienen al gobierno. El pasado 17 de junio, detuvieron al vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz –Se lo llevaron porque él sabía hablar con la gente, tenía palabra. Lo único que hizo fue organizarnos y se lo llevaron- declara Justino. Aseguran que el proceso de Suástegui no fue claro, ahora se encuentra preso en Nayarit.
Marco Antonio Suástegui Muñoz
Nosotros no le creemos al gobierno. Cuando se desbordó la presa La Venta, arrasó con todo, nuestras casas, nuestros animales, los árboles, la milpa, todo se lo llevó el agua. Hasta ahora no nos han apoyado por las inundaciones, sólo apoyan a los que están de acuerdo con su proyecto, a ellos les dio láminas, tabiques, arena, y a nosotros como no les queremos dar nuestra tierra, nada nos dieron- cuenta Pedro – Imagínese, esa presa está chiquita a comparación de la que quieren construir, dicen que será de casi 200 metros de altura, con eso nos van a matar.
La gente de la Costa Chica está organizada, mantienen guardias comunitarias, sobre todo desde la detención de su vocero. Están conscientes de que el proyecto hidroeléctrico, lejos de beneficiarlos les despojará de lo más sagrado que tienen: la tierra y el agua, pues son fuente de vida, es lo que les da de comer. Por eso han afianzado su lucha con la Coordinadora Estatal de los trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y ahora marchan y exigen justicia con los padres de los desaparecidos, con los normalistas, con los estudiantes, con la sociedad en general.
Con una voz firme Pedro manifestó -¡Vengan a Guerrero y vean que no les estamos engañando!¡Vamos a defender estas tierras aunque nos maten porque estas tierras las ganó mi abuelo y mi padre durante la Revolución! ¡Son nuestras, aquí las trabajamos y las cuidamos!.
