(02 de febrero, 2015).- Guerrero, un mar de presos. El gobierno de Rogelio Ortega Martínez emitió una Ley de Amnistía para “proteger” a los presos por motivos políticos; esto, ante la exigencia de organizaciones sociales, como: la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), quienes cuentan con integrantes detenidos.
Esta ley se aprobó con jurisdicción a partir del 26 de septiembre de 2014 hasta la fecha, pero en este período no ha sido detenido nadie. Con lo cual, no se podrá liberar a Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos, Bernardino García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos y Ángel García García, de la CRAC y a Mario Antonio Suástegui del Cecop.
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En el marco del diálogo que sostiene la Séptima Mesa Gobernanza y Democracia Participativa, en la que se encuentran presentes integrantes de la UPOEG y el Foro de Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero, Ortega se comprometió a enviar la ley al Congreso de Guerrero, en los términos que fue elaborada por la secretaría de gobierno.
Por esta razón, de aprobarse esta ley en los términos establecidos, quedarían fuera los dirigentes sociales que fueron detenidos antes del 26 de septiembre, pues ésta establece que a partir de este mes, “hasta la fecha en que se desahoguen los asuntos, con motivo de delitos del fuero común y de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, cometidos por luchadores sociales por su participación en movilizaciones, protestas y actos ilícitos tendientes al reclamo de sus demandas sociales y al ejercicio de sus derechos, como pueblos indígenas y campesinos”.
En consecuencia, esta ley protegerá a todos aquellos que hayan sido detenidos en el marco de las manifestaciones por la presentación con vida de los 43 normalistas detenidos-desaparecidos en Iguala, Guerrero.
