(14 de febrero, 2015).- El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (Comité CED) dio a conocer que se practican desapariciones generalizadas en gran parte del país y que el caso Ayotzinapa “ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas.”
Al mismo tiempo invitó a las organizaciones de familiares de víctimas, para que participen en el proceso de implementación de sus recomendaciones. Reiteramos que la dignidad, indignación y lucha de las propias familias ha sido la fuerza que impulsa el acceso a la verdad y la justicia.
Dentro de las cuales se encuentran, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios. Hecho que fue bien visto por dichos órganos y valió la felicitación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, éste órgano espera el CED visite México, para mayor información sobre la desaparición forzada.
Además de ello el CED, que después de una primera evaluación del cumplimiento de México con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, el Comité criticó al Estado por la impunidad reflejada en “la casi inexistencia de condenas por este delito”, asegurando que las características de las desapariciones de la llamada Guerra Sucia mantienen relación con las de hoy.
El CED afirmó “las serias dificultades que existen en la práctica en materia de búsqueda de personas desaparecidas, es casi nula, el Estado debe priorizar la inmediata búsqueda con vida ante cualquier denuncia de desaparición y debe rendir cuentas sobre su implementación en el plazo de un año”.
Asimismo constató “una serie de obstáculos” en el acceso a la justicia en casos de desaparición, incluyendo el hecho de que las autoridades no inicien de inmediato la investigación penal, o clasifiquen hechos de desaparición forzada como otro delito.
Asegurando que aunque, el Estado tiene la obligación de investigar de manera efectiva a todos los agentes u órganos estatales que pudieran haber estado involucrados, así como a agotar todas las líneas de investigación, no sucede así”, es por ello que instar a que lo haga, es una recomendación claramente aplicable al caso Ayotzinapa.
En cuanto a la persecución penal, el Comité recomendó que se aplique, la obligación de sancionar a los superiores jerárquicos en la cadena de mando de acuerdo al artículo 6 de la Convención, mismo que establece la responsabilidad penal del mando superior quien “haya tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de información que lo indicase claramente”.
Según el CED de aplicarse principalmente, la recomendación anterior, se podría avanzar en el rompimiento del ciclo de impunidad en el contexto mexicano, donde actualmente las pocas investigaciones por graves violaciones a derechos humanos suelen limitarse a autores materiales de bajo rango.
También recomendó establecer dentro de la Procuraduría General de la República (PGR) una “unidad fiscal especializada en la investigación de las desapariciones forzadas” que cuente con recursos suficientes y “una perspectiva estratégica” sobre la desaparición forzada a nivel nacional, ya que la actual Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas no cumple este papel de investigación penal.
El Comité instó al Estado “a aprobar a la mayor brevedad posible” una Ley General contra la Desaparición Forzada con participación de víctimas y familiares.
Sentenciando “alentamos enérgicamente al Estado parte a reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales, sobre casos concretos de desaparición forzada en México”, además solicitó visitar el país, con el fin de estudiar la situación de cerca y publicar un informe completo sobre la desaparición forzada en México.
