(16 de febrero, 2015).- El día de hoy, se llevó a cabo en el Auditorio de la Escuela de Artes de la Universidad de Sonora, una conferencia de prensa con motivo del lanzamiento de la campaña #JusticiaYaquis impulsada por diversas organizaciones de la sociedad civil.
En la conferencia, participaron, Miguel Cota Tórtola y Juan Domingo Molina de la tribu Yaqui; así como representantes de Amnistía Internacional México, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y de la Misión; la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos (RED TDT) y de la Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui; el Sindicato de Trabajadores de Académicos de la Universidad de Sonora y Fundar Centro de Análisis e Investigación.
Silvia Ruiz de Fundar, primera al micrófono en la conferencia, expuso el contenido del informe presentado por la Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui “Una Sentencia Fallida”, en el que se hace hincapié en las múltiples violaciones a los derechos humanos que ha sufrido la tribu Yaqui por parte del gobierno, además del nulo respeto a los estándares internacionales sobre derechos indígenas, como lo es el derecho a la consulta previa e informada. Se exponen también, las recomendaciones del organismo dadas al gobierno mexicano sobre la cancelación del Acueducto Independencia.
Por su parte Fernando Ríos de la Red TDT habló de la creciente criminalización en todo México de los defensores de las tierras. De esta forma, tocó el tema de la visita hecha por organizaciones civiles a los penales donde están Mario Luna y Fernando Jiménez, presos políticos del pueblo Yaqui, “la criminalización es la estrategia de quienes no pueden imponerse con el derecho y la justicia, esta criminalización es la manera de reprender a un pueblo que opone resistencia ante el acueducto”, declaró.
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Los voceros la de tribu Miguel Cota y Juan Domingo Molina expusieron las múltiples irregularidades en el proceso de consulta al que tienen derecho y aseguraron que su lucha es firme, en la que no esta contemplado rendirse. Ambos voceros mantienen una situación jurídica de riesgo ya que están en manos del poder ejecutivo estatal, es decir, podrían convertirse en próximos presos políticos de no cesar la violación a los derechos de los pueblos.
La campaña #JusticiaYaquis comenzó hoy, y se planea entregar al procurador del estado un documento con 11 mil firmas de ciudadanos mexicanos y del resto del mundo exigiendo la liberación inmediata de Mario y Fernando.
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