Ilustración: Pe Aguilar
(23 de febrero, 2015).- En México se han registrado cerca de 24 000 desapariciones en los últimos ocho años, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó la existencia de 491 averiguaciones abiertas por el delito de desaparición forzada, de las cuales 252 estaban a cargo de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
Aunado al informe presentado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo en el que destaca la necesidad de legislar en torno al tema; mientras, el Ministerio Público (MP) federal, advirtió que se debe reformar conforme a los estándares internacionales para perseguir el delito de forma eficaz.
“Esta procuraduría tiene un firme compromiso con el respeto y la protección de los derechos humanos, y continuará las investigaciones con el objeto de brindar verdad, justicia y reparación a las víctimas de estos hechos”, agregó.
A pesar de que no existe el marco legal necesario para sancionar la desaparición forzada, cuyo distintivo es que es perpetrada por el Estado, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención de Delito y Servicios a la Comunidad a través de la PGR, indica que las investigaciones diligentes, independientes e imparciales, se están llevando a cavo con base en el Código Penal Federal.
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“Para que esta institución pueda perseguir de manera más eficaz, estas conductas se requiere que nuestra legislación se adecue a los estándares internacionales”. Además, precisó que el MP puede conocer del delito de desaparición forzada por medio de cuatro subprocuradurías y una visitaduría.
A través del punto de acuerdo, los legisladores pretenden emprender acciones para erradicar, sancionar y reparar el deño a las víctimas. Mientras la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales tiene registrados cerca de 22 mil 322 casos de desapariciones forzadas, Amnistía Inernacional estima que son casi 26 mil; sin embargo, las autoridades continúan desestimando a los organismos internacionales y señala a ésta de no tener una base de datos confiable.
Consecuentemente, se continuarán con las discusiones sobre la desaparición forzada, con el fin de que se dictaminen las condiciones correspondientes para el próximo 30 de abril. Por lo que, la comisión dictaminadora deberá presentar un proyecto sobre el tema que se someterá a consideración del pleno.
Finalmente, el punto de acuerdo continuará en discusión en el período ordinario de sesiones, en el cual se tomó en cuenta el informe de la ONU, por lo que se pretende homologar la legislación mexicana con los acuerdos internacionales para combatir de manera eficaz el delito.
