(24 de febrero, 2015).- El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) solicitó una investigación a funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) por desacatar una resolución que obligaba a abrir peritajes torno al caso Tlatlaya además de haberse conducido con falsedad.
Investigaciones periodísticas, en torno al caso Tlatlaya, arrojaron que soldados asesinaron de manera extrajudicial a algunos civiles. Por su parte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó 12 y la judicatura federal ocho.
(Click en el número para leer la nota correspondiente)
Dichos hechos terminaron en el procesamiento de siete militares ante los sistemas civiles y castrenses.
La primera solicitud de información pública se dio el 6 de octubre de 2014, por parte de Noticias MVS, misma que fue negada por la Procuraduría debido a que los documentos estaban reservados ya que era una averiguación “que seguía en curso”.
La negativa provocó que el medio pidiera ante el IFAI, el pasado 4 de noviembre, que permitiera tener acceso al expediente ya que no se puede reservar cuando hay violaciones graves a los derechos humanos de por medio.
Posterior a ello, el 14 de enero, el IFAI ordenó a la PGR a transparentar en versiones públicas esos expedientes. Además de que se validaron los argumentos que brindó el medio informativo.
Contrario a lo que pudiera pensarse Mario Miguel Ortega, Unidad de Enlace de la PGR, declaró que el Instituto no entregaría los peritajes porque se habían dado al juez que llevaba el caso y no conservaron una copia, lo anterior tras tres meses que se hiciera la primera petición.
El expediente que presentó la PGR buscó justificar que no cuenta ya con los peritajes usando un argumento que no había utilizado anteriormente.
Cabe destacar lo extraño que resulta creer que en tres meses no se mencionara que la información ya no estaba en poder de la PGR hasta que no le quedo de otra más que entregarla.
Por su parte Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado que llevó el caso en el IFAI, señaló que la PGR violó al Código Federal de Procedimientos Penales a la Ley de Archivos y a la Ley de Transparencia.
Señaló que la PGR se movió con falsedad por reservar un expediente que, supuestamente, ya no tenía en su poder.
A su vez señala que la PGR incurrió en tres fallas:
1.- Viola el Código Federal de Procedimientos Penales, al no conservar una copia de la averiguación previa.
2.- Falta a la Ley de Archivos, que obliga a conservar documentos por el doble de tiempo que se clasifican como confidenciales.
3.- A la Ley federal de Transparencia, al reservar información que en realidad no estaba en sus archivos.
En otro orden de los hechos los archivos que elaboró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para investigar el caso Tlatlaya sirvieron para dar a conocer que hubo presencia de dos generales en la bodega donde ocurrió el tiroteo además de un batallón del Ejército y marinos que no había sido revelado hasta el momento.
Incluso con lo completo y los datos extras, que aportaba ese archivo, no se incluían los peritajes que la PGR llevó a cabo y que se niega a entregar, hasta hoy. El 14 de enero de 2015 por decisión unánime del IFAI declaró que la PGR tiene la obligación de entregar dicha información.
Pero la PGR no haría las cosas tan fáciles, ni con el mandato ya oficial: Desacató el mandato del IFAI ya que no informó cómo recogió la información.
Ha trascendido que la PGR no tiene ningún argumento legal para retener la información. Tras casi cuatro meses la PGR justificó que no puede dar los archivos ya que no los tiene más en su poder.
A la par de esta situación de imposibilitar el acceso a información en el Senado se analiza una nueva Ley General de Transparencia, misma que significaría un retroceso tremendo en la transparencia ya que se planea limitar el acceso a la información relacionada con las violaciones a los derechos humanos.
(Click en la imagen para ir a la nota)
Si se aprobara la modificación de la Ley la ciudadanía jamás podría conocer investigaciones en torno a casos como San Fernando, Ayotzinapa o Tlatlaya y la represión empezaría a alcanzar nuevos horizontes.
