(26 de febrero, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Josué tiene 17 años, desde que nació ha vivido junto a su familia el asedio de militares y grupos contrainsurgentes, “los indígenas chiapanecos vivimos secuestrados”, afirma contundente el adolescente.
“El gobernador sabe bien que las tierras de Tila, Chiapas, tienen dueños, fueron entregadas a los ejidos, desde hace años, desde antes que él naciera son propiedad de los ejidatarios, tanto bosques, aguas y todo lo que hay en ellas y solo son ellos los que deben administrarlas porque ha salido del dominio de la nación, de acuerdo a la resolución presidencial de 1934”, es la declaración que hace el ejido Tila, en el norte de Chiapas, ante lo que dicen “fue una imposición de Velasco, el nombramiento de Domingo Gutiérrez Ramírez, como nuevo comisariado ejidal, es un represor que busca exterminar a los que alzamos la voz”.
Josué, indígena chol expone que “al gobernador le ha valido madres la ley agraria, porque en ningún artículo dice que él sea quien deba nombrar un comisariado; es la asamblea general de ejidatarios la única que puede hacerlo, porque es un órgano de autogobierno del pueblo y nuestro territorio”.
Y agrega “en meses anteriores un grupo mafioso de políticos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se reunieron con Velasco Coello y coordinaron los planes de Tila y sus futuros representantes”.
El activista Eduardo Cuevas afirma “los políticos y contrarios al pueblo de Tila, buscan apoderarse del ejido, por las tierras y las riquezas de flora y fauna que hay en ellas. Así que por medio de la violencia y la corrupción llegan hasta asesinar, reprimir, hostigar, y ¿cómo no hacerlo? Si los protegen paramilitares al servicio del gobierno”.
“El nuevo Ayuntamiento fue nombrado con la participación directa del gobierno represor del estado de Chiapas de filiación PRI-VERDE, su objetivo, como en todos los pueblos indígenas chiapanecos, es crear conflictos entre ejidatarios para que nada se le interponga en la venta de los recursos naturales del estado. En este año se ha intentado realizar un cobro de renta de piso a comerciantes indígenas, quienes lo hacen han dicho que son órdenes del gobernador Manuel Velasco Coello, en colaboración con el gobierno municipal”, comenta Cuevas.
Josué afirma “estás personas quieren cumplir el propósito de ayudar al mal gobierno para expropiar las tierras del ejido sin consentimiento de la Asamblea General, les urge sacar presupuesto para la campaña política del PVEM y PRI, ayudados por el gobierno del estado”.
Y al mismo tiempo argumenta “después de tantas represiones, gobierno tras gobierno priista y ahora unido al PVEM, se está viviendo en distintos puntos del estado de Chiapas el mayor exterminio de nuestros pueblos indígenas, somos víctimas de desapariciones forzadas, asesinatos y criminalización de las protestas sociales como un medio para generar terror hacia nuestras comunidades y organizaciones que luchan por justicia y dignidad”.
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La antropóloga social, Carmela Sanz establece “los pueblos indígenas, después de décadas de represión, han dejado el silencio y hoy se levantan, están cansados de tantas humillaciones, en la actualidad por fin las denuncian, luchan por su paz y libertad, no se dejan robar fácilmente. Tila vive una usurpación de autoridad ejidal y no se han quedado callados, cualquiera que levante la voz contra Velasco Coello, es perseguido, asediado, amenazado y dañado, ese es el hombre ‘cercano a la gente’, que busca mantener viva la represión de un pueblo que ha vivido en ella permanentemente”.
“La tirada de Velasco Coello es, con la imposición de autoridades municipales y ejidales, incluyendo a personas acusadas de pertenecer a grupos paramilitares, crear una “escalada de violencia” en el ejido Tila, como es típico de él, acusa a indígenas de ser delincuentes, principalmente a los que sean adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, que luchan desde hace más de 40 años por el respeto a la integridad de su territorio”, señala Sanz.
En 17 de enero pasado, un grupo de indígenas choles y Adherentes a la Sexta, reclaman abiertamente la devolución de 130 hectáreas que fueron delimitadas como “zona urbana”, por autoridades agrarias en 1966, a pesar de que la resolución presidencial reconoció el territorio de dicho grupo indígena, aseguran que “existen un grupo de personas que están organizando gente para apoderarse de ejido. Pero también han llegado militares, quienes están dispuestos a todo. Cuando Velasco se las ve difíciles, llama a sus soldados, ¡es un cobarde!”.
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