(04 de marzo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- La lucha emprendida por la tribu Yaqui para la defensa de sus tierras y el respeto a sus derechos como pueblo indígena, ha significado un largo andar que se ha movido entre las instancias legales, interponiendo recursos para detener la operación del Acueducto Independencia, proyecto para el cual no fue tomada en consideración la opinión de esta comunidad del estado de Sonora y que les afecta de diversas maneras al considerar el río Yaqui como símbolo importante de su existencia.
En ese tenor se realizó este martes en las Instalaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, el foro denominado: “El poder judicial frente a los derechos de la Tribu Yaqui”, en el cual intervinieron diversos especialistas que han abordado el tema.
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En el evento participó el doctor en derecho Rodrigo Gutiérrez, quien tocó de una manera panorámica el concepto del Estado de Derecho para comprender la situación de la tribu Yaqui. En tal sentido definió que no todo Estado puede considerarse que ofrece un Estado de Derecho. “Todo Estado genera derecho, marcos legales, pero eso no quiere decir que sea un Estado de Derecho”, argumentó.
Referente a lo anterior enfatizó que el Estado de Derecho se debe vislumbrar cuando las autoridades de una nación se apegan a sus propias normas y especialmente a las leyes consagradas en la carta magna.
“El Estado de Derecho tiene 4 elementos clave y si no están no podríamos hablar de este concepto; estos son: 1.- Imperio de la ley, y no cualquier ley sino la desarrollada a partir de la participación; 2.- división de funciones; 3.- fiscalización de la administración, esto significa que el poder ejecutivo debe tener un irrestricto respeto a la legalidad; 4.- protección a los derechos humanos”, explicó.
Por otro lado subrayó que el país vive un momento histórico en donde se está percibiendo la instauración de “un nuevo-viejo régimen”, en donde el neoliberalismo ha permitido la concentración del poder en manos de unos cuantos.
“El capital y neoliberalismo ha evolucionado y ha pasado de concentrar bienes públicos, como la salud o la educación a poseer bienes comunes, como los derivados de la naturaleza; el capitalismo pretende convertir a la naturaleza en un beneficio excluyente, para pocos”, aseguró el jurista.
Enfatizó que hoy en día hay quienes se refieren a esta situación como el capitalismo del desastre, que se traduce para la gran mayoría en catástrofes perjudiciales, que a su vez se transforma en violaciones a derechos.
Comentó que esta idea del desarrollo bajo el capitalismo y la puesta en marcha de megaproyectos, reflejada por las clases gobernantes en su estrategia de crecimiento, ha violentado garantías de la ciudadanía, fenómeno en el cual la Tribu Yaqui se ve inmerso.
“La violación que están provocando estas iniciativas es enorme y en el caso de la tribu Yaqui es uno de esos paradigmas. El acueducto Independencia está provocando daños graves, así lo señala el dictamen. Ese acueducto se construyó violando la constitución, no lo digo yo, lo dijo la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN) en su sentencia del 8 de mayo de 2013 y lo ratificó en la sentencia del 21 de enero de 2015”, apuntó.
Aunado a lo anterior dijo que es preocupante que a pesar de que se haya establecido como una verdad legal y que la SCJN reconozca que hubo violaciones a derechos de la tribu Yaqui, el acueducto Independencia sigue funcionando.
“La corte se desacredita así misma, en tanto que dicta una sentencia pero no es capaz de ejecutarla. La corte exigió que se llevara un procedimiento de consulta a la tribu Yaqui y sin embargo esa consulta que debió ser previa, libre e informada, hay que decirlo, es un desastre; el poder no sólo no la ha cumplido sino que ha destrozado los 3 principios clave de la misma: la consulta ya no puede ser previa por obvia razones, el acueducto ya está construido; la consulta no es libre, no lo puede ser si el vocero de la tribu está en la cárcel; y el ejecutivo no ha entregado la información que la tribu ha solicitado para poder tomar una decisión sobre el proyecto”.
El especialista añadió que esta clase de violaciones cometidas por las autoridades así como la imposibilidad de ejecutar una resolución de la SCJN hace “saltar por los aires los 4 principios clave del Estado de Derecho”.
“El caso de la tribu Yaqui es uno donde deciden optar por el derecho, por la vía legal para intentar resolver la problemática y más que nada salvar su propia existencia, no obstante encuentran obstáculos graves y eso hace que se desvirtúan los 4 elementos clave sobre el Estado de Derecho. El poder judicial, no sólo la corte aunque esta sea su cabeza, se suma para usar el derecho penal como una herramienta política disuasoria que persigue y somete a los pueblos”, finalizó.
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