(04 de marzo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Este martes 3 de marzo se presentó en las instalaciones del senado de la república el libro titulado “La incompatibilidad del código de justicia militar con el derecho internacional de los derechos humanos”, documento elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción a los Derechos Humanos (CMDPDH) en colaboración con distintas entidades como la Comisión de Derechos Humanos de la cámara alta presidida por la legisladora perredista Angélica de la Peña.
El texto, explicaron los participantes, pretende ser una herramienta que permita identificar las problemáticas de la jurisprudencia militar para resolver casos como la violación a los derechos humanos por parte de elementos castrenses en contra de población civil.
En este sentido se detalló que alguna de las problemáticas que se encuentran en los tribunales militares es que los impartidores de justicia en esta institución se ven envueltos en circunstancias de imparcialidad y dependencia para juzgar.
En el encuentro se comentó que si bien las reformas al artículo 57 de la constitución representan un avance, aún hay mucho por trabajar para erradicar las deficiencias de las fuerzas castrenses para juzgar de manera eficiente a los elementos militares.
Durante el acto participó Santiago Corcuera Cabezut, integrante del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en donde dijo que existe una obsesión por atender la jurisprudencia militar y la violación a los derechos humanos.
Al respecto manifestó que, así como en otros casos, es necesario identificar “la causa de la causa”. En este sentido dijo que para evitar las violaciones a los derechos humanos por parte de militares y erradicar las problemáticas en torno a cómo juzgar estas situaciones, la solución debe centrarse en regresar a los cuarteles a las fuerzas castrenses.
“¿Por qué aumentan las violaciones a los derechos humanos? Porque los militares están en las calles realizando labores de seguridad pública, si estuvieran en sus cuarteles todo esto se evitaría”, comentó.
Argumentó que cuando un gobierno toma la “decisión errónea” de usar al ejército para labores de seguridad se incrementan las violaciones a los derechos humanos.
“Esto no se dice por molestar a nadie, sino es defender las verdaderas funciones. Las fuerzas armadas, como el ejército y la marina, están hechas para combatir ejércitos enemigos, ese es su verdadero objetivo, no para andar en las calles cubriendo funciones de policías”, aseveró.
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Aunado a lo anterior manifestó que militarizar la seguridad pública tampoco es vista como una buena opción. Argumentó que las policías deben estar integradas por civiles y no por militares disfrazados de agentes policiacos. “Aunque el soldado se vista de policía no cambia de fondo el hecho. No se puede decir que tenemos policías nuevas cuando sólo se viste a militares de policías”, sentenció.
De igual forma dijo que se debe visualizar que la delincuencia organizada no es un ejército enemigo y agregó que el problema principal del uso del ejército en las tareas de seguridad pública, es el aumento en la violencia.
“Fundamentalmente el tsunami de sangre derramada desde que Calderón asumió la presidencia. Lo mismo pasó en la guerra sucia y en casos como el de Rosendo Radilla que fue desaparecido por elementos del ejército”, comentó.
En su participación José Antonio Guevera Bermúdez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, coincidió con el representante de la ONU y dijo que la razón principal de las violaciones a las garantías es que los militares hagan acciones de seguridad pública. “Los militares no tienen que estar buscando plantíos, ni controlar el tráfico de estupefacientes “, dijo.
En el evento estuvieron presentes la senadora Angélica de la Peña, el secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Raúl Mejía así como Alejandro Anaya, Director del Centro de Investigación y Docencia Económica de Aguascalientes.
