(17 de marzo, 2015).- Con grandes pendientes en la materia, como el incluir la obligatoriedad de hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de interés de funcionarios públicos, mañana miércoles 18 de marzo se votará en el pleno del Senado de la república la Ley General de Transparencia, misma que ha sido blanco de críticas por diversos sectores de la sociedad debido a que deja fuera puntos relevantes para dar certeza en materia de rendición de cuentas.
Esta nueva legislación, aprobada en comisiones la semana pasada, no incluye mecanismos de protección a los funcionarios integrantes de los órganos vigiladores que denuncian situaciones irregulares en el manejo de recursos, por lo que su actuar podría presentar debilidades. De igual manera, el nuevo marco normativo no establece los parámetros necesarios para obligar al legislativo difundir de manera precisa en qué se gasta el presupuesto que se le destina.
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De acuerdo a explicaciones del legislador perredista, Zoe Robledo, las comisiones que dictaminaron la ley mantienen el compromiso de explicar por qué asuntos como la obligación de hacer públicas las declaraciones de los funcionarios quedaron fuera de la legislación. Según detalla, este punto así como el establecer mecanismos de protección deben ser incluidos en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
El senador reconoció que son temas relevantes, sin embargo dijo que por cuestiones técnicas no fue posible integrarse en esta ley. En cuanto a la necesidad de crear esquemas de protección a los funcionarios de los órganos garantes, Robledo manifestó, durante el debate en comisiones, su preocupación por eliminar el artículo 214 el cual se encaminaba a atender esta situación.
En lo referente dijo que este artículo iba en función de atender situaciones en donde se presentarán casos graves de corrupción, amenazas a la salud, seguridad, medio ambiente o violaciones a los derechos humanos.
Por otro lado, el senador Javier Corral dijo que la nueva ley posee una redacción genérica y ambigua, que termina con la aspiración de integrar en un ejercicio de transparencia a todos los poderes.
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La nueva ley busca abrir al público la información referente a los contratos a celebrarse en el sector petrolero mexicano entre privados y el gobierno. A través de las disposiciones integradas en el artículo 83 se pretende establecer que los sujetos obligados de rendición deberán garantizar total transparencia en cuestiones relacionadas a asignaciones, permisos, alianzas, contratos, etcétera.
Cabe señalar que las reservas propuestas por diversos senadores durante la discusión en lo particular, serán incluidas en la votación de mañana.
