(20 de marzo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- “En toda mi existencia no tengo conciencia de un momento tan difícil como el que estamos pasando. Tlatlaya no es el primer caso de asesinato selectivo, pero sí uno de los primeros en llevarlo a una corte internacional. El padrón de este tipo de homicidios da inicio cuando Felipe Calderón sacó al ejercito a las calles, un error craso; en la mayoría de los países el ejército no está capacitado para dar seguridad a la población, porque las fuerzas armadas y navales están entrenadas para participar en conflictos armados, pero no en actividades ni en núcleos donde existe población civil”, afirma la diputada Loretta Ortíz Ahlf.
Y comenta que Tlatlaya es ejecución extrajudicial, no homicidio, porque la cometió el Estado. Porque no es lo mismo que te desaparezca otro civil a que lo haga el Ejército, no es lo mismo que te desaparezca (secuestro) cualquier persona, a que te desaparezcan los propios órganos del Estado. Esos actos son su responsabilidad, no solo por violar derechos humanos, sino porque dichos ilícitos sucedieron a través de las instancias federales.
La diputada comenta “el gobierno no acepta que exista crimen de estado en Ayotzinapa o Tlatlaya, pero lo es desde el momento que la policía federal, estatal, municipal o el ejército se encuentran dentro de los hechos, es responsabilidad del Estado mexicano, porque no importa a través de qué dependencia se actúe, si se demuestra que están bajo el comando de estado se le debe responsabilizar a éste. Peña Nieto no solamente no permite la garantía a la debida protección de los derechos humanos, sino que además da paso a la desaparición social”.
“Una denuncia por crímenes de Lesa Humanidad se da cuando ya existe un padrón de violaciones a derechos humanos y desapariciones forzadas sistemáticas y en el caso de México, pueden ser inculpados los altos mandos del Ejército, Marina y Enrique Peña Nieto, porque es el jefe y comandante de las fuerzas armadas de México, el encubrir a los elementos lo convierte en cómplice de la comisión de estos crímenes.
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Lo que, en palabras de la diputada, generaría dos responsabilidades en el ámbito del derecho internacional; la responsabilidad de Estado en su conjunto, más la responsabilidad individual de los participantes (cada elemento de las fuerzas armadas).
Al mismo tiempo agrega que “Enrique Peña Nieto podría ser juzgado, principalmente, por crímenes de lesa humanidad, bajo la demostración de su culpabilidad por medio de los informes de los relatores especiales tanto los de tortura, desaparición forzada y ejecuciones; muchas veces los elementos de seguridad justifican las ejecuciones, basados en que son ‘criminales’, sin embargo eso no importa, porque todos tienen el derecho a juicio, a un debido proceso y el estado no puede ejecutar ni desaparecer”.
Ortíz Ahlf asegura “en México, bajo la consigna de que son ‘criminales’ se dan también los Falsos Positivos, y los testigos falsos. El anterior Procurador General de Justicia, Murillo Karam reconoció que durante la administración de Felipe Calderón ambos tipos de incriminación se dieron, así detenían a personas inocentes, dejando afuera a los culpables, todo con tal de publicitarse”.
Puntualiza que “en este país te detienen por simple sospecha, antes se integraban los elementos de tipo penal y el cuerpo del delito. En cualquier país civilizado no se detiene a alguien en razón de la presunción de inocencia hasta que tienes cuasi certeza de que esa persona cometió el delito, sin embargo aquí como la autoridad no puede probar los supuestos agravios, fabrica testigos para quedar bien con la sociedad”.
“No lo digo yo, pero se dice que el ejército tiene instrucciones, como fue el caso de Tlatlaya, de asegurarse que no lleguen a juicio. Así es como tanto ese órgano, como la marina y la policía federal, han torturado a miles de personas, cometiendo crímenes de lesa humanidad; con fuero y hoy sin él, no son ni serán juzgados por los tribunales del fuero común, porque el gobierno los protege y lo seguirá haciendo. Lo lamentable es que nada ni nadie te asegura que la gente del ejercito no está vinculada con el crimen organizado y son quienes ‘protegen’ el país”, declara Ortíz Ahlf.
La abogada Rosario Cáceres afirma “tanto Peña Nieto como Calderón han violado el derecho humanitario, masacrando civiles con su ejército y marina y quedaran bajo el cobijo de la impunidad, la cual se logró bajo la teoría del crimen organizado, que promovía la justificación los muertos del ejército, hoy el presidente es el principal culpable de los crímenes de lesa humanidad, ya sea por ordenarlos o solaparlos, como estrategia de exterminio de la población que se levanta contra él y facilitarle un terreno limpio y fácil al imperio que lleva lustros queriendo expropiar nuestro territorio nacional”.
“En México se han cometido múltiples crímenes de lesa humanidad, esto basándonos en los estatutos del Tratado de Roma y la Corte Penal Internacional, el Estado es el principal culpable, no sólo por permitirlos, sino por llevarlos a cabo, además de éste, también los han llevado a cabo empresas trasnacionales, cuyo principal motivo es exterminar a los dueños de las tierras y riquezas que buscan explotar, siendo principalmente gente de escasos recursos, dichas compañías cometen asesinatos, traslado forzoso, encarcelamiento, tortura, violación a derechos humanos, persecución, desaparición forzada y robo. Bayer, Costco, Monsanto, Nestlé, Oxxo, dentro de las principales”, aporta Cásares.
Y afirma “dentro del país, Estados Unidos, Canadá y Alemania también son culpables de crímenes de lesa humanidad al brindarle su respaldo a las empresas (muchas veces mineras), para llevar este tipo de homicidios, encubiertos por el Estado, como lo hace hoy Peña Nieto”.
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Sobre la reacción del Congreso ante la problemática Ortíz Ahlf sentencia que “la inmensa mayoría de los legisladores se hacen de oídos sordos, aunque conocen la realidad no se quieren pronunciar, tienen miedo o han sido sobornados. Sus preocupaciones son otras, nadie en este recinto hace algo por las desapariciones del país, no hay una tipificación, mucho menos una iniciativa. En mi caso he buscado presentar iniciativas con respecto al tema, pero no pasan porque no soy del PRI y eso le resta importancia, ya que a ellos sólo les interesan la reformas estructurales, son las únicas que pasan o las de sus partidos aliados, pero no los de una minoría, donde sí hay conciencia de la crisis humanitaria del país, quedan relegados”.
Y agrega que durante 2014, dentro del presupuesto para Derechos Humanos, existió mayor capital para becas de hijos de militares, cuyo monto otorgado fue de 600 millones de pesos; Igualdad de género 100 millones de pesos; Estado mayor presidencial 13 millones, sin embargo para desaparición, investigación perjudicial y atención a víctimas no hubo suma alguna, y aunque se pidió en sesión reducir dinero al ejército “no se permitió quitarles ni un solo peso, esto debido a los acuerdos cupulares. Porque hoy en México ya no existe separación de poderes, debido a que están corrompidos hasta la médula, se unificaron en uno solo”.
