(20 de marzo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- La desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, además de poner en evidencia al gobierno de Enrique Peña Nieto, ha ocasionado en los últimos meses, que diversos sectores de la sociedad civil se pregunten qué es necesario hacer para poder continuar la lucha, exigir justicia y que este hecho no se diluya ni quede impune.
Para Gustavo Ogarrio, maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ver el caso Ayotzinapa desde una perspectiva Latinoamericana, contemplando las experiencias que han tenido otros países con respecto a la desaparición forzada, podría servir como herramienta para plantear rutas de acción en torno a la exigencia de justicia.
Al participar en un evento realizado en el Instituto Mora, el académico apuntó que si analizamos al país desde esta visión de América Latina, pareciera que estamos viendo una regresión en el comportamiento del Estado, pues ya que, argumentó, si bien otros países no lo han superado del todo, es más difícil que ocurran desapariciones forzadas como el caso de Ayotzinapa.
“Quizá los ejemplos de las ultimas dictaduras en América Latina, las experiencias de estos países, donde es que se afirma y se puede encontrar una definición contemporánea de desaparición forzada, esta acción de sustracción ilegal e ilegítima por parte del Estado, nos pueda servir para pensar no sólo cómo plantear el tema, sino encontrar comportamientos sociopolíticos para poder definir que vamos hacer con lo que se va a venir respecto a esta exigencia de justicia a partir de Ayotzinapa”, comentó.
Ogarrio explicó que la desaparición forzada ha tenido como característica en América Latina que aparece cuando se presenta una crisis del Estado, misma que lleva a una situación de excepcionalidad.
“Creo que esta excepcionalidad comienza desde el primer día del gobierno de Felipe Calderón (…) en el 2006 el gobierno se ve en una situación regresiva o en el inicio de una regresión cuando se estimula la participación del ejército en acciones que en los últimos tiempos no había participado, como en labores de seguridad pública (…) toda acción de excepcionalidad del Estado proviene, en el caso Latinoamericano, de una participación directa del Ejército”, apuntó.
Añadió que en el caso mexicano, con la salida de las fuerzas castrenses a las calles, se genera un poder paralelo con el ejército, el cual da pie a la posibilidad política de que el ejército intervenga de manera más directa en actividades que conciernen al gobierno.
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Gustavo Ogarrio habló sobre la imposición del olvido que ha tratado de hacer el gobierno mexicano en torno al caso de los 43 estudiantes normalistas. Detalló que en todos los casos en donde se presenta el fenómeno de desaparición forzada, esto en un contexto de excepcionalidad, siempre viene acompañado de una narrativa del olvido.
“Esta idea de imponer un olvido, la idea de “que tenemos que superar esto” como lo dijo Peña, tenemos que colocarlo en un lugar donde no sea molesto (…) todos los casos en donde hay desaparición forzada en situaciones de excepcionalidad por parte de un Estado-nacional vienen siempre con una narrativa del olvido forzado, vienen siempre con una serie de presupuestos que nos están imponiendo un comportamiento político”, expuso.
El académico explicó que ante esta idea del olvido impulsada por el gobierno, algunos sectores del país, como el empresarial, comienzan a tomar postura en aras de definir si se está a favor del olvido forzado o de la idea de emprender un proceso largo que permita una investigación concluyente.
“Lo que veo es que se está tomando posición, tanto empresarios, como partidos políticos, como la misma sociedad para definir si están dentro del acuerdo de olvido forzado que ha impulsado el gobierno de Peña o si están del otro lado, el que apoye la idea un proceso de investigación completo y por tanto de memoria activa y política sobre el pasado inmediato”, dijo.
En tal sentido manifestó que esta postura de apelar al olvido y clasificar a los sectores que apoyan o no esta situación, tiende a generar polarización en la sociedad. Esta actitud, explicó, es una operación política desarrollada por las dictaduras en donde se establece “tú estás dentro de la idea de este olvido forzado que viene con la desaparición forzada o formaras parte de esa tendencia subversiva que le exige al Estado justicia”.
Ogarrio subrayó que el gobierno ya tiene calculado el costo político de no cambiar su postura en el caso Ayotzinapa y dijo que esta polarización que se pretende desarrollar mediante la imposición del olvido va a replantear la relación con el caso de los 43 estudiantes.
Por otro lado, el académico expuso que la idea de establecer una comisión de la verdad en México debe analizarse como una opción real. Al respecto dijo que una de las ventajas que podría traer la instauración de un organismo de esta índole sería que debido a la magnitud del caso Ayotzinapa, que ha rebasado fronteras, esta comisión de la verdad tendría un carácter internacional.
“También, una comisión de la verdad, como está ahora la situación institucional de la justicia, sería una gran oportunidad para rehacer la idea y ejercicio de la justicia en México, que tuviera un pie en el estado y un pie en la ciudadanía. Sería una puerta para plantear cómo nos vamos a relacionar con el pasado, con este pasado inmediato, y cómo vamos a resolver esta regresión y situación de barbarie que hemos vivido en los últimos años”, sostuvo.
En esta tónica hizo referencia al caso de Guatemala en donde la creación de una comisión de la verdad representó un gran esfuerzo de la ciudadanía y permitió entender que “la memoria puede activar políticamente a una sociedad, como la evocación inmediata de la historia, la pregunta del por qué pasó activa una idea distinta de justicia de la que recibimos del Estado”.
El maestro Ogarrio enfatizó que en los últimos meses hemos estado ante una actitud constante del gobierno en donde criminaliza a la ciudadanía y descriminaliza a quienes cometen delitos.
“No sé si alguien lleve la lista de cuántos responsables de delitos casi comprobados, confesos, como Raúl Salinas, sale y son descriminalizados, desculpabilizados por el proceso de la justicia misma. No sólo es criminalizar a la sociedad o la protesta, no sólo es que se quiera criminalizar a los padres de Ayotzinapa porque mientras con una mano se criminaliza, con la otra mano el Estado descriminaliza a los responsables de los delitos”, finalizó.
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