(21 de marzo, 2015).- Más de 300 averiguaciones son las que se mantienen abiertas en contra del gobernador Rafael Moreno Valle, cuyos denunciantes representan la defensa de sus derechos humanos, de sus tierras y de sus usos y costumbres, afirmó el abogado laboral, Abelardo Cuellar Delgado.
Miguel Guerra Castillo, vocero de la disidencia magisterial en Puebla, afirma “con Moreno Valle la mafia está en el poder, es un hampón, es un elemento de la mafia mexicana, en Puebla la persecución, se presenta como una constante o como una forma para inhibir el descontento social, es por eso, que jurídicamente hay muchos elementos para defenderse y para salir adelante, pero hay que entender que la lucha va a llevar tiempo”.
Anteriormente, ante un representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organizaciones sociales denunciaron la represión, criminalización y persecución desatada por el gobierno de Moreno Valle, contra toda persona que participe en movilizaciones o protestas o se encuentren inconformes con sus acciones.
Los activistas pidieron la intervención de la ONU para lograr la liberación de las personas encarceladas en Puebla por encabezar o participar en alguna causa o movimiento social, señalando que “al igual que las violaciones a los derechos humanos cometidas en Ayotzinapa y Tlatlaya, la represión policíaca aplicada contra habitantes de la comunidad poblana de Chalchihuapan (donde resultó herido de muerte el niño José Luis Tehuatlie), son ‘actos ultrajantes’, para la conciencia de México”.
Alan García, asesor jurídico del comisionado, afirmó “nosotros desde Naciones Unidas reivindicamos que México tiene futuro y tiene futuro porque la gente ha despertado en este año en el que se ultrajó la conciencia nacional, es indispensable que los pueblos se liberen del temor y de la miseria, desde Naciones Unidas seguiremos acompañando la esperanza”.
Guerra Castillo afirma “todos los que corremos riesgo de perder la libertad en el futuro, tenemos que estar preparados y transmitir a los demás la información que no se desanimen, porque es cuestión de tiempo, a Rafael Moreno Valle le quedan menos de dos años”.
Por su parte Cuellar Delgado, insta a que todas las organizaciones impulsen un bloqueo para que no pueda llegar a la presidencia de la República, “porque si ya vemos cómo actúa como gobernador, nos preguntamos cómo nos tratará como presidente, por eso hay que cerrarle los caminos a ese tipo de represores”.
Moreno Valle, comenta Miguel Guerra Castillo, “no se caracteriza por tener una posición de negociación como gobernante, sino que trata de intimidar a los diferentes sectores de la población para frenar las acciones reformistas, por eso, los grupos sociales se pueden defender y la clave es generar una red social para informar qué averiguaciones y procesos que no tengan respaldo”.
Agregando que de llegar Moreno Valle a la presidencia “toda la sociedad mexicana deberá atenerse a las consecuencias, la alianza entre grupos sociales sí puede coadyuvar a frenar las aspiraciones presidenciales del actual gobernador poblano”.
Dichos pronunciamientos se suman a los ya presentado por activistas, académicos y sociedad civil, quienes afirman que la fabricación de delitos, violación a los derechos humanos y uso de la Procuraduría de Justicia y de los poderes judicial y legislativo para reprimir, criminalizar y someter a todo ciudadano que se atreva a protestar, han sido una constante durante el gobierno de Rafael Moreno Valle.
El abogado Raúl Rodríguez, explica “en Puebla, la justicia se aplica como si se tratara de la elección de un comprador en un catálogo, pues el gobernador ordena a la Procuraduría, al Judicial y hasta al Legislativo ‘quiero que encarceles a este y ve de qué lo puedes acusar’”.
A principios de este año, el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla (Fosyppue), realizó un contrainforme de la gestión de Moreno Valle, la cual reprobó, argumentando que hay “represión política, autoritarismo y violación a los derechos humanos”.
Anselmo Torres Cuatzoli, integrante de la organización Los de Abajo, afirma “Moreno Valle es uno de los políticos más represivos y violatorios de los derechos humanos en el país, ha detenido a 127 activistas de los cuales 47 aún están presos. En Puebla el 85% de los asesinatos quedan impunes, además de que es el primer lugar en el país en robo a negocios, lo que representa una muestra de lo ineficaz que es el gobierno para garantizar la seguridad ciudadana”.
Miriam Pascual, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, aseveró, “en Puebla se sufre de una grave violación a los derechos humanos, es por ello que los procesos legales por los que pasan los presos políticos son amañados con el objetivo de que no salgan, lo que se debería considerar como un secuestro político”.
Por su parte la Red de Derechos Humanos Puebla (REDDH) lamentó que “el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del estado (CDH) está conformado por gente que tiene nexos directos a personajes de la administración estatal de Rafael Moreno Valle, esto puede influir de sobremanera en el estancamiento en las denuncias sobre las violaciones a derechos humanos, donde cientos de poblanos buscan justicia”.
Enfatizando “ahora, pesan sobre su gestión acusaciones de represión y persecución, que Moreno Valle ha promovido en contra de campesinos, ambientalistas y universitarios relacionados con la lucha en contra de la opresión, violencia e intimidación de las cuales se ha caracterizado la actual gubernatura panista”.
Integrantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) también han hecho público al acoso que existe en Puebla hacia los activistas. “Exigimos que el gobierno del estado aclare esta situación, porque los Derechos Humanos están primero y deben respetarse, tanto como las garantías individuales”.
Asimismo lamentan que “no se puede presentar ninguna denuncia, porque el gobierno de Moreno Valle no garantiza la integridad física, sino todo lo contrario”, ha asegurado René Sánchez Galindo, consejero nacional de la organización política.
