(22 de marzo, 2015).- En Zacacuautla, Hidalgo, los pequeños propietarios, son aquejados a los que califican como “caciques agresivos y depredadores”. Al mismo tiempo los afectados agregan “los partidos políticos están podridos, no tenemos por cuál votar, porque ninguno protege nuestros bosques”.
El pueblo, compuesto por unas 600 familias, mantienen una lucha constante en defensa de los bosques, que ha durado años, sin que la organización se detenga. Una de sus miembros, Filiberta, ha sido amenazada, agredida, consignada y hasta pisó la cárcel una vez, perseguida por los niveles estatal y federal, por pronunciarse en contra de la explotación ilegal del bosque y la compraventa de sus terrenos en operaciones a las que califica como “fraudulentas”.
La organización En defensa de Zacacuautla, describe que “es alarmante la pérdida de centenarios árboles tanto en su zona, como en Acaxochitlan, esto debido a la tala ilegal, que ninguna autoridad ha detenido y por el contrario, pareciera están de parte de las empresas que buscan exterminar nuestra naturaleza, con tal de hacer dinero”.
Asimismo afirman “hoy vivimos la mayor batalla contra el exterminio de nuestra tierra, el bosque y el manantial para nuestra comunidad, son ecosistemas imprescindibles para la vida, tienen una gran riqueza en biodiversidad, y en ella coexisten especies de flora y fauna endémicas, es decir, únicas en el mundo. Son el hábitat de multitud de seres vivos, regulan el agua, conservan el suelo y la atmósfera y suministran multitud de productos útiles, lucharemos por ella, incluso si estamos a punto de morir o morimos”.
En los últimos años en dicha entidad se destruyen mas de 2 mil 500 metros cúbicos a causa del crecimiento de los ‘talamontes’, que utilizando motosierras con silenciador aprovecharon para derribar los árboles, sacarlos por brechas y vender a los aserraderos.
Los habitantes de la zona han pedido a las autoridades ayuda para detener dichas acciones, pero al no encontrar respuesta, han organizado grupos que inspeccionan y vigilan el bosque a diario, esto también como medida de seguridad, ya que ahí se encuentra el manantial que abastece de agua potable a todos los hogares, agregando que 51 hectáreas que lo conforman ha sido ya decretadas Área Natural Protegida para conservar los recursos naturales y garantizar el futuro de esa población.
Además de manifestaciones, hombres y mujeres se han encadenado a los árboles, manteniéndose firmes ante las motosierras y los tráileres de los taladores, también han cavado zanjas, tendido listones. Desde 2000, una sola familia ha venido talando áreas ecológicas que no son suyas, primero de forma clandestina, y después con permisos obtenidos a partir de la corrupción de las autoridades municipales y estatales.
A partir de marzo de 2007, los pobladores se dieron cuenta, que estaban talando a ras de tierra, tenían varias motosierras, tractores, trascabos y camiones grandes para sacar la madera, con la firme intención de acabar con sus áreas verdes.
En Zacacuautla, ya se registraron agresiones a los defensores de los bosques e incluso, pistoleros contratados por los talamontes, a decir de los agredidos, los han amenazado, argumentando que “los agresores se amparan ante la desesperante pasividad en especial de la Profepa y la delegación de Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)”.
Sobre el problema, el Tribunal Permanente de los Pueblos, asegura “el Estado Mexicano a través de las políticas públicas aplicadas por los diferentes niveles de gobierno, encabezados por Enrique Peña Nieto, y con la complicidad de empresas privadas atenta contra toda forma de vida de la comunidad de Zacacuautla, hundiéndola en una gran devastación, que ha llegado a implicar un ejercicio constante de la violencia en contra de la salud, la tierra, los bosques, el aire y el agua, así́ como una violencia sistemática contra quienes se oponen a toda forma de dominación”.
Asimismo, aseguran que quienes se dedican a la tala han recibido facilidades para apropiarse de las zonas de bosques que no les pertenecen y aunque quienes talan, mantienen irregularidades, siguen actuando y amenazando con posesionarse de otras 4400 hectáreas más de bosque.
En contraste, quienes se oponen a la tala han sido criminalizados, puntualmente, los integrantes de la asociación civil han sido privados de la libertad, ha habido intentos de cooptación y se les ha amenazado al mismo tiempo que pesan sobre ellos procesos judiciales, con la intención de debilitar la resistencia.
Filiberta afirma que existe una complicidad entre taladores y funcionarios gubernamentales. Dicha alianza favorece la actividad legal e ilegal, sin importar el riesgo en que ponen a los pueblos, insistiendo que “existe un empleo faccioso del sistema judicial para intentar debilitar la resistencia de quienes se oponen a la devastación y defienden la vida al pronunciarse y proteger sus bosques y el agua”.
Las demandas que le han hecho directamente a la Presidencia de la República, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y al gobernador del estado de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, han sido, no aprobar ninguna Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de proyectos que pretendan destruir en las 51 hectáreas de bosque en cuestión y no otorgar Dictamen de Afectación Arbórea, ni licencia de tala “legal” que pretendan realizar en dicha zona, consideradas por los ambientalistas y académicos como una reserva acuífera de la zona, sin embargo ningún órgano ha realizado una pronunciación acerca de la problemática.
Según GreenPeace, los ritmos de deforestación que sufre el país son alarmantes. La acelerada destrucción de los bosques ha colocado en estado de emergencia a una gran variedad de especies de flora y fauna que dependen de ese ecosistema. Entre esas especies se encuentra la humana.
En México, la principal causa de deforestación que atenta contra los bosques es la tala ilegal, un problema grave, donde se estima que el 70% del mercado nacional de madera tiene procedencia ilegal, además de esto otro factor es el cambio de uso de suelo para convertir los bosques en campos de cultivo. “Esa práctica ha sido fomentada por todos los niveles de gobierno, que sólo han visto los bosques y las selvas como terrenos ociosos, sin poder entender sus múltiples beneficios ni su carácter vital. Una serie de incentivos perversos brindados por el gobierno ha propiciado que la gente corte sus bosques a cambio de recursos económicos”, sentencia el órgano.
