(22 de marzo, 2015).- De aprobarse una nueva ley general de aguas, se estará permitiendo que las empresas dispongan del recurso y fijen las tarifas para poder recuperar su inversión, lo que llegaría a ser una inminente privatización, argumentan organizaciones sociales agrupadas en el colectivo Agua para todos. Agua para la vida.
Poco después de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), otorgara el reconocimiento del acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano, en México se modificó el marco legal. El rango constitucional al derecho humano al agua fue elevado y con esto llegó la propuesta de cambiar la Ley de Aguas Nacionales, e incluso cambiarla por una nueva Ley General de Aguas.
Académicos e investigadores de Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad de Guadalajara (U de G), además de sociedad civil organizada, realizaron una Propuesta Ciudadana, a través de diversas organizaciones sociales, dicha iniciativa de ley fue presentada ante el congreso para su análisis y discusión el pasado 9 de febrero de 2015. Fue recibida por 42 legisladores (20 diputados y 22 senadores).
En el documento se conceptualiza al agua como un elemento fundamental para el ambiente y registra a los hábitats como consumidores primarios de este elemento. Propone una mayor participación social a través del fortalecimiento de los consejos de cuenca y una vigilancia estrecha a las concesiones, a fin que no quedará ningún espacio que fiera pie a una posible privatización.
Por otro lado se encontraba la Propuesta Oficial, documento que elaboraron los partidos políticos, la Asociación Nacional de Empresas de Agua Saneamiento (ANEAS) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); dicho texto presenta al agua como un recurso de extracción y se concentra en la manera de distribuirla aún mediante trasvases entre cuencas. Además, presenta condiciones para fomentar en mayor medida la participación de la iniciativa privada en las obras, así como en los aspectos de administración, operación y distribución del agua potable.
Mientras la primera propuesta busca generar un compromiso con una Agenda Nacional: agua para ecosistemas, agua para todos, agua para soberanía alimentaria; fin a la contaminación, a la destrucción de cuencas y acuíferos y a la vulnerabilidad a inundaciones y sequías por mal manejo; la segunda busca, según el movimiento Agua para Todos, privatizar el agua vía la concesión de grandes obras hidráulicas, y de sistemas municipales. Se concesionaría mega-obras hidráulicas en torno a grandes ciudades como, Monterrey, Acueducto Independencia, Zapotillo – León, Cutzamala, Paso Ancho – Oaxaca, Chapultepec – Acapulco, pozos ultra-profundos y desalinizadores. Asimismo se promoverá la privatización de los sistemas municipales de agua y saneamiento.
Se explica también que los ciudadanos proponían, construir instancias de participación comunitaria y ciudadana desde la microcuenca hasta el nivel nacional, para consensar planes rectores vinculantes para cumplir con la Agenda Nacional cuenca por cuenca, mientras que parte de los políticos dentro del Congreso buscan sobreexplotar cuencas y acuíferos, así como provocar el despojo de los pueblos indígenas y campesinos para dar agua a grandes corporaciones.
Las concesiones a aguas nacionales seguirían siendo otorgadas a la discreción de la Conagua de 5 a 30 años, prorrogables, heredables y sujetas a dinámicas de compra venta, en violación de sus propios estudios de disponibilidad, a pesar de afectaciones a ecosistemas y terceros. Al rentar sus parcelas los comuneros o ejidatarios cederían sus derechos al agua. Al pasar al dominio pleno, tendrían que solicitar concesión. Los sistemas comunitarios de agua serían municipalizados o concesionados y la Conagua manejaría “bancos de agua” para “proyectos estratégicos”.
La propuesta ciudadana propone la Contraloría Social del Agua, instancia ciudadana auto organizada a nivel municipal, de cuenca y nacional para evaluar el desempeño de autoridades cuyas acciones u omisiones vulneren los derechos asociados con el agua, y, en caso necesario, recomendar la revocación de su mandato. A contraposición de la oficial insta a definir el “derecho humano al agua” como la lucha para acceder a 50 litros de agua por día. La única obligación de la autoridad sería garantizar un promedio de 50 litros diarios a los habitantes en asentamientos humanos.
Desmontar el sistema de concesiones que ha resultado en la privatización, acaparamiento y sobreexplotación del agua. Los consejos ciudadanos determinarían los volúmenes a dedicar al uso personal y para la alimentación sana, respetando los límites de las cuencas y los acuíferos, y determinarían los volúmenes disponibles, las prioridades y los condicionantes de acceso para usos no prioritarios. Además de esto, no se permitiría el uso de aguas nacionales para la minería tóxica, la fracturación hidráulica, “fracking”, ni para usos que implicarían su contaminación con sustancias peligrosas; sin embargo la propuesta oficial busca asegurar agua para el uso minero y el fracking. El primero no requeriría de concesión. La fracturación hidráulica cabría dentro de la definición de uso industrial (“agua para la extracción de cualquier sustancia”) y se le establecerían un permiso.
Aunque se ha detenido por ahora la discusión sobre el tema del agua, la iniciativa que se analiza en el Senado de la República es exclusivamente la oficial; la cual incluye también, altas tarifas, según el movimiento a favor del agua, ya que argumentan las empresas tendrían garantizada la recuperación de su inversión a costa de las tarifas cobradas al usuario final o recursos del gobierno. “Vamos a estar subsidiando al sector privado a través de la tarifa, a través de inversiones directas y a través del subsidio a los sectores vulnerables”.
Agregando que otro elemento más de la ley que beneficiará a empresarios, por medio del “favor de los legisladores”, será que fácilmente las compañías privadas podrán evadir responsabilidades por la mala calidad del “agua potable”. El 33% de las poblaciones urbanas dependen de acuíferos sobreconcesionados, en donde el agua contiene niveles tóxicos de arsénico, fluor y/o plomo. La Ley del Agua no tiene medidas para corregir esta situación, sólo ofrece a las empresas prestadores de servicios, la posibilidad de certificarse en materia de calidad del agua, sin comprobar que la tengan.
Sobre el tema Pablo Montaño, integrante del colectivo Ciudad para Todos, comentó “lo más grave de la Ley es que considera al agua como una mercancía y que su uso comercial está por encima del propio derecho humano de todas las personas. Con la Ley General de Aguas se priorizan los megaproyectos como las presas y no hay espacio para la ciudadanía o para resucitar y sanear nuestras presas y ríos”.
Puntualizando “las organizaciones de la sociedad civil rechazamos la iniciativa de Ley General de Aguas que agrava el proceso de privatización, explotación y contaminación del vital líquido. La ley permite el uso de la fuerza pública, de militares o policías para desalojar a las personas donde se construirán megaproyectos. Hacemos un llamado al Senado y a diputados y diputadas para que se deseche”.
