(22 de marzo, 2015).- Aunque a inicios de este año el gobierno federal accedió a abrir los cuarteles del Ejército, a petición de los padres de los 42 normalistas de Ayotzinapa que aún están desaparecidos, ante su demanda de que su búsqueda se extienda a las instalaciones castrenses, en días pasados Rafael López, padre de Julio César López Patotzin, uno de los normalistas desaparecidos, denunció que el gobierno de Peña Nieto ha amenazado con recurrir a la fuerza del Ejército, y agrega que de suceder una masacre, también habrá muertos por el lado del gobierno.
Anteriormente la Procuraduría General de la República (PGR) informó que ante la petición adicional de los familiares de los estudiantes para asistir a los cuarteles militares del Ejército, “se les recordó que éstos mismos están abiertos a todos los ciudadanos y que el ingreso se tendrá que hacer de manera ordenada y con respeto a nuestras instituciones”.
María Concepción Tlatempa Colchero, mamá de Jesús Jovani Rodríguez, aseguró que además de amenazas ha recibido llamadas telefónicas en las que le han ofrecido hasta un millón de pesos y apoyos, a cambio de que desista en la búsqueda de su hijo.
Puntualizando “la persona que me llamó me dijo que si aceptaba dejar de buscar a mi hijo me iban a dar un millón de pesos y otros apoyitos para arreglar mi casa, lo cual no acepté”. “Yo no me contuve y le dije que mi hijo no estaba a la venta, y que ya no me llamara”, agrega.
Al mismo tiempo comentó que a otros de sus compañeros les han hecho ese mismo tipo de ofrecimientos, “pero todos los hemos rechazado, porque la vida de nuestros hijos no tiene precio y no los vamos a cambiar por dinero”.
Por su parte el general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), dijo que las protestas que han realizado padres de los 43 normalistas desaparecidos a las afueras de los cuarteles militares, son provocaciones hacia el Ejército Mexicano.
Afirmando “si bien las tropas han sido prudentes y tolerantes para evitar la confrontación, no quiere decir que no se cuente con la capacidad de respuesta para contenerlos”.
Respecto a las manifestaciones que se han realizado a las afueras del 27 Batallón de Infantería en Iguala, con el cometido de exigir se permita el acceso de los padres, señaló que se debe actuar conforme a derechos, pues los daños a una de las puertas de acceso, ascienden a 12 mil 100 pesos.
La Sedena, agrega que ha recibido cinco solicitudes para permitir el ingreso a los padres de los jóvenes u organizaciones afines para que busquen a normalistas desaparecidos en el Campo Militar número uno, en el Distrito Federal, así como en Orizaba, Veracruz, y Morelia, Zamora, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro, en Michoacán.
Las manifestaciones para exigir la presentación de los jóvenes estudiantes se realizaron en los cuarteles ubicados en el Campo Militar número uno y en la delegación Tlalpan, en el Distrito Federal, así como en las ciudades de Cuernavaca, Morelos; Tijuana, Baja California; San Luis Potosí, SLP; Orizaba y El Lencero, Veracruz; San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Huajuapan de León y San Juan Bautista La Raya, Ixtepec e Ixcotel, Oaxaca; Ayutla de los Libres, Cruz Grande, Chilpancingo, Iguala y Petatlán, Guerrero, además de Mérida, Yucatán.
Sobre el tema, la Procuraduría General de la República (PGR) sostuvo que los hechos ocurridos en Iguala con los normalistas de Ayotzinapa, por más aberrantes que resulten, no podrán ser tipificados como delito de lesa humanidad.
La dependencia que dirige Arely Gómez afirma, que no se advierte que se pudiera tratar de ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, sino que fueron hechos que si bien son muy delicados, sensibles y relevantes, constituyen acontecimientos aislados.
Esto después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señalara en octubre de 2014, que dada la naturaleza de los acontecimientos, implican violaciones graves a los derechos humanos consistentes en ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, atentados en contra de la integridad de las personas, y omisiones en el cumplimiento de la función de seguridad pública
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Por su parte el comisionado del Instituto de Acceso a la Información (IFAI), Rosendoevgueni Monterrey Chepov, mencionó que es importante conocer las actividades militares en Iguala, por las condiciones de violencia y violaciones a los derechos humanos, ocurridos en la localidad.
Afirmando que “la Sedena está posibilitada para cumplir con los requerimientos solicitados, pues existen elementos suficientes que dan cuenta de la participación del Ejército en el seguimiento de los hechos ocurridos en Guerrero. La desaparición de los normalistas es un hecho que no puede soslayarse, ya que permearon en la paz pública del país”, y apuntó “los ciudadanos tienen derecho a saber cómo fue la participación de los elementos militares en el caso porque en ellos la ciudadanía deposita la confianza de su integridad personal y la de sus bienes”.
Con lo anterior, el IFAI revocó la respuesta de la Sedena donde niega su participación y afirmó que la dependencia no podrá alegar la reserva de la información, porque existe un interés público superior por conocer todos los documentos que transparenten el actuar de las autoridades en Iguala.
