(23 de marzo, 2015).- Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, admitió que actualmente continúan practicas de esclavitud en el territorio mexicano a través de redes de explotación creadas por el crimen organizado.
“Sí hay una red, yo estoy convencido de que hay delincuencia organizada, en los enganchadores, yo no estoy diciendo que sea solo una organización delincuencial, yo creo que hay muchas organizaciones que se han aprovechado de un nicho de mercado como siempre sucede pero que no dejan de ser delincuencia organizada porque son más de tres, actúan de manera permanente, están explotando personas que es uno de los delitos específicos de la ley de delincuencia organizada” declaró en conferencia de prensa Navarrete Prida.
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A su vez, el secretario del trabajo y previsión social dio a conocer sobre un nuevo caso de explotación siendo el tercero en lo que va de 2015. En esta ocasión se trata de 48 jornaleros indígenas -de los cuales 13 son menores de edad- rescatados de condiciones de explotación, luego de un operativo que se realizó en el ejido El Diezmo de Colima, instruyéndose 64 medidas de aplicación y corrección, además de la restricción a las operaciones del centro de trabajo del que fueron rescatados los jornaleros indígenas.
Éstos –según información de Navarrete Prida- se encontraban en condiciones inhumanas, no recibían alimentación y no tenían servicio de baño, además el sueldo que recibían era de 3 pesos por cubeta de pepino en jornadas laborales de hasta 16 horas sin prestaciones sociales. El propietario del campo colimense es Luis David González Virgen, quien además de no otorgar alimento a sus trabajadores, tampoco les proporcionaba vivienda.
Los jornaleros fueron reclutados por Feliciano Martínez García, un enganchador que los enviaba a campos agrícolas en Colima, Jalisco, Michoacán y Sinaloa.
Trabajo infantil en la modalidad de trabajos forzosos, trabajo agrícola expuesto a sustancias químicas sin protección, trabajos sin seguridad social y nulo control en el manejo de sustancias químicas para jornaleros, son algunas de las principales violaciones a la normatividad laboral documentadas según el secretario del trabajo.
La STPS puede imponer sanciones de hasta 5 mil salarios mínimos además de dirigir la denuncia al ministerio público para determinar si el delito merece cárcel.
“No se piensa quedar en un asunto anecdótico o en un asunto episódico, sino que efectivamente como sucedió en San Quintín empiece a haber una reacción que permita cambiar condiciones de trabajo”, finalizó Navarrete Prida.
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