(02 de abril, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Los pueblos indígenas de México han vivido en una lucha constante contra las autoridades en aras de que el gobierno respete los territorios donde se encuentran instalados los recursos naturales, así como sus derechos y formas de gobierno. En tal sentido, pueblos originarios como el caso de la Tribu Yaqui, han visto violentados sus derechos al imponer en sus territorios proyectos que van en contra de la voluntad de los integrantes de la comunidad, violando así el derecho a la autodeterminación así como el consentimiento libre, previo e informado.
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En palabras de Rachel Siedar, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) los pueblos indígenas viven una criminalización de sus derechos y formas de gobierno, misma que no es nueva y se ha presentado desde tiempo atrás no sólo en México, sino a lo largo de América Latina.
La académica señala que de manera general hoy en día no hay reconocimiento pleno por parte de las autoridades, de los sistemas de gobierno y los derechos de los pueblos indígenas a pesar que se han firmado documentos como los Acuerdos de San Andrés.
“La criminalización de los sistemas de gobierno y derecho indígena no son nuevos, son de tiempo en América Latina. En general hasta hoy, el reconocimiento multicultural de los sistemas de gobierno de los pueblos indígenas no se da. Hasta hoy los sistemas han sido marginados y las autoridades indígenas corrían el riesgo de ser acusados de delitos si ejercían sus mandatos comunitarios; por ejemplo los acusaban de detenciones ilegales o similares por usar el poder otorgado por sus comunidades”, explica.
Aunado a lo anterior manifiesta que en el siglo XXI siguen existiendo artículos racistas dentro de la legislación, los cuales abren la posibilidad de que los integrantes de pueblos indígenas “cometan delitos, sin conocer el delito”.
De igual manera, asegura que dentro del nuevo orden constitucional en Latinoamérica se ha observado una lenta integración de los derechos de los pueblos indígenas a las legislaciones de los Estados, con lo cual se respete sus formas de gobierno.
“Con el nuevo orden constitucional latinoamericano, se ha visto una muy lenta multiculturalización de los marcos legales y la incorporación de los compromisos internacionales para el respeto a los derechos colectivos de los pueblos y como sabemos, se incluye en sus derechos tener sus propias formas de gobierno y justicia, y como se dijo el derecho a la consulta para obtener el consentimiento previo libre e informado”, detalla.
De manera particular, el caso mexicano –dijo- ha tenido este comportamiento, y se ha presentado una lenta transformación multicultural en donde se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas. “Esta transformación multicultural del orden constitucional ha sido muy lenta en México, un lapso de más de 20 años desde los acuerdos de San Andrés y la entrada de la reforma constitucional de 2001 y 2011”, dijo.
Igualmente expone que estamos ante un escenario en donde los pueblos indígenas ven amenazada su existencia al no contar con mecanismos que permitan hacer valer sus derechos de manera íntegra y poder asegurar su supervivencia.
“Estamos enfrentando una vulneración nunca antes conocida de las posibilidades de las comunidades indígenas y campesinas de garantizar su reproducción social. A pesar de los compromisos legales del Estado, nos encontramos ante una ausencia de mecanismos eficaces y adecuados de consulta para conseguir el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades en materia de megaproyectos”, sentencia.
Por otro lado, aclara que en el contexto actual los territorios de los pueblos indígenas están sujetos a la lógica de seguritización, lo cual “es una movida que demarca ciertos temas como de interés o de seguridad nacional”. Además que con la estrategia de utilizar al ejercicio en labores de seguridad ciudadana, las fuerzas castrenses se emplean para combatir las luchas comunitarias.
“En México vivimos esta apropiación del territorio por parte del crimen, que no existe de forma independiente de los poderes del Estado y esto en muchas partes de la república expone a los pueblos indígenas, ya que al tener recursos, los lleva a una lógica de violencia”, describe.
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La investigadora declara que ante estas amenazas en contra de los pueblos indígenas, se está presentando un fenómeno de rearticulación en las comunidades en aras de fortalecer su autonomía y autogobierno.
“Estamos viendo una serie de procesos de reconstitución de los pueblos y este proceso de rearticulación de la política comunitaria es diverso, hay mucha variedad de acuerdo al contexto regional, pero creo que no sólo en México sino en muchas parte de América Latina”, sostiene.
En esta tónica de la reconstitución de los pueblos, detalla que van implícitos tres aspectos relevantes: el primero, la renovación de las figuras de las autoridades comunitarias; segundo, el fortalecimiento del derecho indígena; y tercero, una resistencia en contra de los megaproyectos.
“Ante esa lenta multiculturalización del marco constitucional y legal del país, vemos también que en este periodo los pueblos indígenas organizados han perdido la fe en el proyecto de transformación multicultural del Estado. Las comunidades siguen en lucha, y su apuesta es por mantener la paradoja de construir su propia legalidad y gobernarse dentro de la legalidad del Estado, que es excluyente y racista”, finaliza.
