(02 de abril, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Voy a ser una piedrita en el zapato”, decía Sandra Luz Hernández antes de que fuera asesinada de 15 balazos el 12 de mayo de 2014 en Culiacán, Sinaloa. Ella era integrante de la organización Madres con Hijos Desaparecidos constituida por madres intentando combatir la impunidad respecto a la desaparición forzada de sus hijos e hijas en México.
La defensora de derechos humanos buscaba justicia para su hijo Edgar Guadalupe García Hernández, quien trabajaba en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, desde que personas armadas irrumpieron en su casa y se lo llevaron de manera forzada el 12 de febrero de 2012.
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Ahora la familia Hernández vive con temor. Cristian, hijo de Sandra, se enteró el martes pasado que el hombre que había confesado el homicidio de su madre, Jesús Fernando Valenzuela Rodríguez, estaba libre: “contra la mafia no se puede”.
Tristeza, impotencia, coraje, son los sentimientos que Cristian describe; los cuenta en ese orden y explica los por qué de cada uno. A su hermano lo desaparecieron, a su mamá la asesinaron, a ambos los juzgaron. Ninguno ha recibido justicia.
Por si fuera poco, la familia no olvida que cuando la Procuraduría inició la investigación del caso, había elementos suficientes para detener a los culpables de ambos hechos. Pero de repente, la historia dio un giro y de un día a otro, el procurador Marco Antonio Higuera Gómez, declaró ante medios de comunicación nacionales que el presunto asesino de Sandra había reaccionado casi en defensa propia, por temor a que ella lo matara primero.
También dijo que Édgar había participado en el secuestro, homicidio y robo en contra de Manuel Alonso Ruiz Haro en el 2012, un mes antes de su desaparición.
“Nosotros nos dimos cuenta que el Procurador estaba completamente del lado de ellos, que estaba favoreciéndolos en todo lo que pudiera, nosotros mejor nos retiramos porque no tenemos los medios para hacerle frente a la mafia, y en este caso al Procurador tampoco, no es posible”, explica Cristian en una entrevista con Ríodoce
Tráfico de influencias
Para capturar a Valenzuela Rodríguez, la Procuraduría presumió en mayo de 2014 la conformación de un grupo especial comandado por el propio director de la Policía Ministerial, Jesús Aguilar Íñiguez.
El homicida enfrentaría cargos por feminicidio y podría alcanzar hasta 50 años de prisión, prometía el fiscal de Sinaloa.
Diez meses después, con el único presunto responsable en libertad, Higuera Gómez accede a una rueda de prensa: “Creo que no conoces todo lo que pasa posteriormente”, responde tajante y con una mirada fulminante que dirige directamente al reportero que le cuestiona por qué, de nueva cuenta, la Procuraduría pierde un caso.
Un “abogado milagroso”, justifica Higuera Gómez, logró la libertad de Valenzuela Rodríguez. “Indudablemente incomoda a la Procuraduría”, admite el fiscal.
Según Higuera Gómez, antecedentes de éxito en otros casos y la sentencia absolutoria lograda en el caso de Valenzuela Rodríguez, estarían relacionados con el parentesco familiar del abogado, Ignacio Acosta Román y el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, José Manuel Sánchez Osuna.
“Había un defensor de oficio, pasado un mes se designa defensor particular a un abogado milagroso que tiene la característica de ser cuñado de un magistrado y donde no solamente en ese caso, sino en otros, ha tenido la benevolencia de los jueces de absolver a los imputados y llevarnos a trabajar a otras instancias”, acusó Higuera Gómez ante la prensa.
Horas después de los dichos de Higuera Gómez, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, José Antonio García Becerra descartó que exista una queja formal de la Procuraduría contra el magistrado Sánchez Osuna o en contra del actuar de Sergio Valdez Meza, juez del juzgado noveno penal de Culiacán, quien emitió la sentencia absolutoria de Valenzuela Rodríguez.
García Becerra defendió el desempeño de Sánchez Osuna y lo describió como un profesionista con reconocimiento social, un académico respetado y un magistrado intachable.
Justicia para Sandra
A partir de la acusación ante medios de comunicación que realizó el Procurador de Justicia sobre posible tráfico de influencias en el Poder Judicial del Estado en torno al caso del homicidio de Sandra Luz Hernández, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició de oficio una investigación por probables violaciones a los derechos humanos.
“Nos ha resultado sumamente preocupante la acusación y denuncia pública que generó el Procurador en relación al presunto tráfico de influencias al interior del Poder Judicial. Estamos en presencia de un conflicto entre dos órganos de poder, por un lado el poder Ejecutivo y otro el poder Judicial”, enfatizó Juan José Ríos Estavillo, presidente de la Organización.
La CEDH también solicitará que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) proporcione la averiguación previa que se generó hasta antes de la consignación del presunto homicida. Explicó que realizará un análisis de la exhibición de persona que fue realizada por la PGJE durante la detención del presunto responsable y finalmente, solicitará que expliqué los elementos con los que contaba para señalar al detenido como culpable y exponerlo públicamente.
“No olvidemos que el Presidente del Tribunal explicó y señaló que no había elementos para identificar la queja, para identificar los elementos que correspondían a tráfico de influencias, ¿qué investigación llevó a cabo para dar esta conclusión?, ¿qué elementos consideró? ¿dónde se generó, particularmente en la instancia del Poder Judicial, esa investigación y la conclusión inmediata a la que se llegó?”, detalló Ríos Estavillo.
Con información del portal Ríodoce
