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Errores en las condenas de muerte en EU se producen por prejuicios raciales y malas prácticas fiscales

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Ilustración: Pe Aguilar /@elesepe1

(05 de abril, 2015).- Anthony Ray Hinton tenía 29 años al momento que fue acusado de asesinato, convirtiéndose en uno de los prisioneros que ha pasado más tiempo en el corredor de la muerte, en la historia de Alabama, Estados Unidos y también el que ha pasado más tiempo preso injustamente, según sus abogados, pertenecientes a la Equal Justice Initiative (EJI, iniciativa por la justicia igualitaria).

Hinton fue inculpado luego de que los gerentes de dos restaurantes fueran asesinados a tiros en un robo en una cadena de comida rápida en Birmingham, Alabama. Declaraciones de EJI, dan a conocer que la policía no encontró testigos visuales ni huellas del acusado, en aquellos episodios.

Ese mismo año, hubo un episodio similar en otro restaurante cuyo gerente resultó gravemente herido de bala. Este hombre identificó a Hinton como el sospechoso, aunque él argumentó que estaba en trabajando en ese momento a 24 kilómetros del sitio.

La policía confiscó una pistola que pertenecía a la madre de Hinton y la vinculó a los tres crímenes. El mes pasado, la jueza Laura Petro del tribunal del Condado de Jefferson desestimó los cargos contra el acusado, cuando sus abogados demostraron que no había suficiente evidencia para vincularlo a los crímenes.

“Estamos felices de que Hinton finalmente sea liberado, porque pasó innecesariamente muchos años en el corredor de la muerte de Alabama cuando la evidencia a favor de su inocencia era tan clara”, afirmó su principal abogado, Bryan Stevenson.

Anthony Ray Hinton salió libre luego de pasar casi tres décadas en prisión. “Gracias, Jesús”, fue la frase pronunciada por el inculpado, de 58 años. Después de abrazar a sus familiares, resumió la clave del caso en una frase: “Todo lo que tenían que hacer era examinar el arma”. “Tuvieron toda la intención de ejecutarme por algo que no hice”.

Cuando Hinton tuvo el primer juicio, tenía una coartada que demostraba que estaba trabajando cuando se cometió el robo, pero no contaba con el dinero suficiente para contratar a un experto balístico que pudiera desestimar las acusaciones del fiscal, sin embargo por mil dólares, su abogado contrató al único experto dispuesto a hacer el trabajo por ese dinero y, según reportes del juicio, el jurado llegó incluso a burlarse por las dificultades que éste tuvo para contestar las preguntas de la acusación.

La Corte Suprema de Estados Unidos sentenció el año pasado que Hinton no contó con un adecuado asesoramiento legal en el primer juicio y dijo que el caso debía ser reconsiderado. “Cada día, cada mes, cada año que el Estado le robó, fue algo que no le puede devolver”, declaró Stevenson.

Hinton se une a una larga lista de casos en los que la Justicia de Estados Unidos hubo de rectificar. Desde 1973, 142 condenados a muerte en 26 estados han abandonado el corredor de la muerte tras haberse probado su inocencia. Según la organización Witness of Innocence, uno de cada nueve condenados a muerte en este país fue posteriormente declarado inocente.

Según Witness of Innocence, la mayoría de los errores, de acuerdo con la misma fuente, se producen por una mala representación legal, los prejuicios raciales, malas prácticas de los fiscales y por diferentes errores cometidos durante la instrucción de los casos.

Entre los casos de condenados a muerte o largas penas en Estados Unidos, que luego han sido exonerados tras pasar en prisión gran número de años se encuentran: James Richardson fue condenado por envenenar a siete de sus hijos para cobrar las primas del seguro. Fue puesto en libertad en abril de 1989, tras pasar 21 años en prisión.

Luis Díaz, encarcelado durante 26 años en Miami por siete violaciones, en 1979, y liberado en agosto de 2005, tras unas pruebas de ADN y la rectificación de testigos.

Daryl Burton, condenado a cadena perpetua por un asesinato en 1984. Fue liberado en 2008, después de pasar 24 años de prisión y dos de libertad provisional. William Dillon, condenado por asesinato en Florida, estuvo en prisión 27 años, hasta su excarcelación a finales de 2008. Las pruebas de ADN demostraron su inocencia.

Cornelius Dupree, condenado a 75 años de cárcel en 1980, en Texas, por la violación de una joven. Fue absuelto en enero de 2011. Juan Rivera pasó en prisión casi 20 años por el asesinato y violación de una niña en 1992, en Illinois. Fue liberado en enero de 2012. James Curtis Williams y Raymond Jackson, declarados inocentes tras casi tres décadas en prisión por el asesinato de una mujer en 1983, en Dallas. Fueron liberados en abril de 2012.

Robert Nelson, condenado a 70 años por un asesinato. Estuvo en prisión durante 30 años hasta su excarcelación, en junio de 2012. Gerard Richardson, condenado en 1995 por un asesinato. Salió de prisión tras casi 20 años, en octubre de 2013.

“¿Cómo ponerle precio a la vida? Es una cuestión muy delicada, pero obviamente todos los presos inocentes necesitan ser recompensados. Y no sólo económicamente. Para alguien que ha pasado 20 años esperando a ser ejecutado, e incluso para aquellos que simplemente fueron condenados a unos pocos años de cárcel, la experiencia es tan traumática como la de ser torturado o vivir una guerra. Por eso es necesario que el Estado les dé atención médica y social, no sólo dinero”, explica Heather Weigand, directora de la organización Life After Exoneration Program.

La compensación económica media que un preso de cualquier tipo recibe tras demostrar su inocencia suele ser 50.000 dólares, por cada año que ha pasado en prisión. Pero en la actualidad, sólo 22 Estados como Texas o California tienen leyes que contemplan esa posibilidad. En el resto del país, y en lugares como Indiana, otro de los estados defensores de la pena de muerte, no hay legislación.

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