(16 de abril, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- “No estamos en la Ciudad de México de vacaciones ni venimos a conocerla, la razón por la que estamos aquí es porque hay problemas graves a los que se les tiene que encontrar una solución de fondo, no superficial; los que tienen que participar en la búsqueda de esa solución son los diputados, los senadores y el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación”, declaró Fidel Sánchez Gabriel, vocero de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, y uno de los más de 80 mil jornaleros del valle de San Quintín, en Baja California, que se mantienen en pie de lucha por la exigencia de un salario digno.
El hombre de tez morena, manos gruesas y voz profunda, como de locutor, señaló ante numerosos destellos de flashes que encandilaban sus ojos, pero no amedrentaban la intensidad de su mirada, que: “viajamos kilómetros y kilómetros para llegar aquí, no nos vamos a regresar al valle de San Quintín como llegamos; vamos a regresar habiendo platicado con el secretario de Gobernación”.
Rodeado de más de una decena de jornaleros, Sánchez Gabriel, de baja estatura y prominente abdomen sentenció: “nosotros también somos importantes en la vida económica del estado y del país, por lo que se nos debe brindar mayor atención y un salario digno que permita la educación a nuestros hijos, el acceso a la atención médica y la buena alimentación”.
Abundó sobre las carencias y desigualdades de las que son objeto los trabajadores del campo y como muestra habló de los extremos en que se encuentran los salarios que ellos perciben, respecto a los que son asignados a funcionarios públicos del gobierno estatal.
Mientras un jornalero recibe entre 2 mil 500 y 3 mil pesos mensuales, un servidor público de mediano rango gana entre 40 mil y 44 mil pesos; lo que significa que al año, los trabajadores agrícolas únicamente pueden aspirar a ganar 36 mil pesos, mientras que los burócratas pueden hacerse de recursos por encima de los 480 mil pesos.
“Nosotros perdimos todas las prestaciones, vacaciones, aguinaldo, etcétera, desde el momento en que se integraron al salario diario que recibimos. Se presume que Baja California es uno de los estados que más paga, y que lo hace por arriba del salario mínimo, y sí, pero al costo de perder nuestras prestaciones de ley”, subrayó el vocero.
Recordó que en un primer momento, la Alianza de Organizaciones y los jornaleros propusieron que el salario mínimo por jornada laboral de ocho horas fuera de 300 pesos; sin embargo, como muestra de buena voluntad para que siguiera el diálogo con los productores de Baja California, decidieron bajar su petición una tercera parte para pedir un salario de 200 pesos diarios, además del incremento en el pago de las medidas utilizadas en la pizca, al proponer que por cada caja de fresa se les pague 30 pesos, la jarra de mora en 17 y la cubeta de tomate en ocho pesos y el respeto a sus derechos como trabajadores del campo.
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Oídos sordos para peticiones
Justino Herrera Martínez, también vocero de la Alianza informó que desde hace más de 10 años, los jornaleros han solicitado a las autoridades municipales, estatales y federales su intervención para mejorar sus condiciones laborales en los campos de pizca, pero los funcionarios públicos solamente han tenido oídos sordos a sus palabras.
“Venimos del valle de San Quintín en representación de más de 80 mil jornaleros, queremos que escuchen de nosotros lo que realmente está sucediendo y no lo que ha comunicado el gobernador de Baja California, Kiko Vega, desinformando y haciendo uso de su poder para hacernos aparecer como si fuéramos unos vulgares delincuentes; nosotros no somos delincuentes, somos jornaleros. Nuestra lucha, que inició la madrugada del 17 de marzo, no fue por gusto ni porque se nos hubiera ocurrido ser protagonistas de un movimiento. Esta es una lucha de todos y cada uno de nosotros como trabajadores, no somos guerrilleros ni delincuentes como lo menciona el gobernador”, declaró el hombre al que apenas se le podían observar los ojos escondidos bajo una gorra negra con rojo e incipiente bigote.
Herrera argumentó que es indignante que por exigir sus derechos que tienen como trabajadores se les criminalice o se les trate como delincuentes, pues hay incluso órdenes de aprehensión giradas en contra de los voceros del movimiento.
Sostuvo que el incremento salarial que han solicitado a los productores y al gobierno de Baja California es viable, pues desde hace varios años es la media que perciben los trabajadores del rancho Los Molinos; sin embargo, no ha habido un consenso en beneficio de los trabajadores.
En su intervención, Bonifacio Martínez Cruz, otro de los voceros del movimiento, declaró que “lo que solicitamos es nada más lo que marca la Ley Federal del Trabajo, no estamos pidiendo nada más, ni les estamos robando, lo que queremos es que se haga justicia a todos los jornaleros”.
“Hacemos un llamado al gobierno federal, queremos que nos escuchen, que nos atiendan, nosotros también somos mexicanos, Baja California también es México, nosotros estamos dispuestos a sentarnos a dialogar, esta es la mano de obra barata mal pagada que vive en San Quintín, hoy estamos aquí exigiendo justicia”, puntualizó.
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El compromiso
El diputado Miguel Agustín Alonso Raya, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) informó que en la reunión con los jornaleros -en la que estuvieron presentes Manlio Fabio Beltrones, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro; Ricardo Medina Fierro, diputado por Baja California e integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas; Héctor Gutiérrez de la Garza, Manuel Añorve, y Abraham Correa- los legisladores se comprometieron a realizar las gestiones necesarias para que el titular de la Segob y Peña Nieto los reciban.
“El presidente de la Junta de Coordinación Política se quedó haciendo algunos contactos con el gobierno federal para concretar que puedan ser recibidos los compañeros y acordar el restablecimiento de la mesa de diálogo en donde participen autoridades del IMSS, de la CNDH y de la Secretaría del Trabajo, porque lo único que están pidiendo es que se respete y que se aplique la ley, no están pidiendo otra cosa sino que se les pague un salario más o menos digno, para cubrir cuando menos una parte de la canasta básica, abundó el perredista.
Informó que el Poder Legislativo dará seguimiento al tema para garantizar que se respete y se aplique la ley, además de ratificar el exhorto “a la Secretaría del Trabajo, a Gobernación, al Seguro Social, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al gobierno de Baja California para atender el problema”.
Jornaleros de San Quintín se pronuncian en la Cámara de Diputados. “Kiko Vega hace uso de sus poder para hacernos ver como vulgares delincuentes, nosotros no somos delincuentes”
Posted by Pulso Ciudadano on Miércoles, 15 de abril de 2015
