(17 de abril, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Los Yaquis, pueblo indígena del estado de Sonora asentado originariamente a lo largo del río Yaqui el 22 de octubre de 1940, obtuvieron el derecho al 50% del agua existente en el caudal del afluente. Para que con el tiempo gobernadores repulsivos y corruptos como lo es Padrés, venda lo que no es suyo por medio del exterminio. La problemática no es solamente política, sino económica”, afirma la abogada y académica Alma Paredes.
En 2010 sin informar ni consentir la participación de la tribu Yaqui, el gobierno del estado encabezado por Guillermo Padrés, presentó el proyecto denominado Sonora Sistema Integral (Sonora Si) donde se proponían diversas obras hidráulicas para abastecer de agua a varias ciudades del estado.
Entre las obras contempladas se propuso, para solucionar el problema de la ciudad de Hermosillo, un acueducto denominado Independencia que desde el río Yaqui, la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo) trasvase 75 millones de metros cúbicos de agua anuales hasta la ciudad de Hermosillo (ubicada en la cuenca del Río Sonora).
Ante la oposición de la tribu Yaqui y la nula respuesta de las autoridades, iniciaron una serie de movilizaciones que llevaron a que el 11 de septiembre de 2014 fueran detenidos y encarcelados Mario Luna, vocero de la Tribu, así como Fernando Gutiérrez Jiménez, imputándoles cargos sin argumentos de culpabilidad sólidos, mismos sobre los que Amnistía Internacional ha alertado tras examinar las pruebas presentadas, afirmando que “existe el riesgo de que la causa penal en su contra esté sesgada y podría estar basada en una motivación política”.
Hoy a casi 8 meses de su encarcelamiento, los yaquis Mario Luna y Fernando Jiménez, pese a que consiguieron dos sentencias a favor, permitieron que sus casos sean revisados por irregularidades, ambos siguen presos. En cuanto el proyecto, “la resolución supuestamente favorable contra el Acueducto Independencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hoy ya suspendida, era tan ridícula que insultaba la inteligencia, se determinó hacer una consulta en la que el consentimiento de los yaquis no determina necesariamente la suspensión de la obra, en conjunto con otras argucias legales. Quien haya proclamado esta resolución tuvo una conducta esquizoide, ya que declara la ilegalidad el Acueducto Independencia pero no lo suspende, así que el robo de agua seguía en pie”, declara Paredes.
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“El pueblo yaqui lleva 500 años combatiendo el racismo y el desprecio de los mandatarios estatales, pero es el gobierno quien los señala como intransigentes quien usa elementos de terrorismo y los somete a toda clase de vejaciones. Hoy el sistema judicial de Sonora está supeditado a las ordenes del gobierno estatal, a quien le interesa obtener ganancias por medio de la explotación de un grupo vulnerable y el ejemplo es Padrés, quien como cualquier mandatario de derecha, se alimenta del neoliberalismo rapaz y el capitalismo voraz que ha sostenido al sistema político y económico mexicano en donde empresarios, panistas y priistas pisotean al pobre y hoy se une la seudo izquierda”, declara la abogada y académica Alma Álvarez.
“Para la tribu Yaqui es claro que el Acueducto Independencia es parte de los mega proyectos que en México se instrumentan para explotar los recursos de las últimas reservas naturales que se conservan en territorios indígenas, dicho proyecto que forma parte del Programa Sonora Sistema Integral, representados para el gobierno panista de la entidad el marco ideal para crear obras de infraestructura que garantizaran su permanencia en el poder”, explica la Doctora en Antropología Social, Enriqueta Lerma.
“La primera estrategia (por demás absurda) de Guillermo Padrés para deslegitimar a la oposición Yaqui fue desconocer la existencia de la tribu. Bajo esta lógica desconoció los acuerdos firmados entre 1936 y 1940 por el gobierno federal y los yaquis, evitando así las denuncias por el despojo de agua”, afirma Lerma.
Tomás Rojo Valencia, vocero de la tribu Yaqui declara “el gobierno del estado nos ha fabricado delitos por nuestra lucha, primero por la construcción y después por la operación del Acueducto Independencia, proyecto hídrico que ha dejado sin agua a toda una tribu, a seres humanos que tenemos derechos. Hoy los yaquis ya no tenemos nada que perder, estamos dispuestos a tomar las armas y combatir el mal gobierno para recuperar lo que nos corresponde”.
“Si hoy existe una evidente debilidad del poder judicial frente al ejecutivo en el caso del Acueducto y la tribu Yaqui, como lo vimos cuando la SCJN cambió su resolución y avaló en enero pasado la operación del Acueducto Independencia, determinando como legales lo títulos de concesión para la explotación del río, podemos esperar que con el tiempo la imposición de muchos otros megaproyectos en territorios indígenas de forma salvaje y genocida, ya sea para privatizar el agua, el aire, el subsuelo o incluso el oxigeno, se hagan realidad, significando el homicidio de los pueblos, comunidades e individuos”, comenta Paredes.
Y argumenta “así como los yaquis, Chiapas también es un ejemplo de un exterminio imparable de indígenas y dichas acciones, que inician con despojo, son evidentes señales de privatización de ser posible de un estado completo, para dar paso a la privatización nacional completa, donde empresas canadienses (de capital americano) y Estados Unidos, serán los nuevos dueños de un territorio por demás prostituido por las derechas mexicanas”.
Padrés ha lanzado en últimas fechas el mensaje que aún con organizaciones, sociedad civil y dictámenes legales en contra, el Acueducto Independencia, así como otros proyectos de ‘desarrollo’, (que violentan no sólo los derechos de los yaquis y del resto de la población del sur de Sonora, sino el de la sociedad mexicana en su conjunto) no se detendrán.
Sobre el tema la Unión de Usuarios de Hermosillo, ha dado a conocer que con el Acueducto Independencia el aumento a la tarifa doméstica del agua será de 47.4% y se aplicará cuando la capital reciba el suministro del líquido.
Con respecto a la tarifa comercial e industrial se estima un aumento total del 30%, de ello 25.8% es incremento por el organismo operador, mientras que el 4.2% es por parte de la operación de la obra hidráulica.
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