(17 de abril, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El Secretario General de Gobierno del Estado de México, José Sergio Manzur Quiroga y el Procurador General de Justicia del estado, Alejandro Jaime Gómez Sánchez comparecieron ante los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, quienes cuestionaron a los funcionarios públicos sobre el caso Tlatlaya y el incremento en los feminicidios en la entidad.
El secretario general, que en dos ocasiones ha ocupado una curul en San Lázaro, afirmó con una sonrisa ufana que: “para el doctor Eruviel Ávila, respetar los derechos humanos y prevenir cualquier acción que los vulnere es un principio muy importante y entidades como la nuestra, con tanta población, permanentemente se tiene que estar atento a cualquier posibilidad de alguna violación”.
Manzur aseguró que “mantenemos una vinculación estrecha con las unidades municipales de derechos humanos para afinar los mecanismos de prevención y capacitación y con las cuales contribuimos para facilitar el cumplimiento de sus funciones”.
El titular de la Secretaría General de Gobierno informó que la administración estatal ha atendido “puntualmente” todas y cada una de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mientras que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió durante 2014 un total de 24 recomendaciones, de las que 16 fueron dirigidas a instancias del gobierno del estado y ocho más a los ayuntamientos.
A pesar de los índices que señalan un incremento significativo en materia de inseguridad en la entidad, el funcionario dijo triunfal que “la sociedad del Estado de México puede sentirse realmente protegida porque sus gobiernos trabajan para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y si bien es cierto que aún nos falta mucho camino por recorrer, existe por parte del gobierno de Eruviel Ávila, la voluntad política y jurídica de hacer valer estos derechos cabal y puntualmente como lo reclama la sociedad”.
Tlatlaya, caso no agotado
En la reunión, la diputada Elena Tapia Fonllem cuestionó a los funcionarios del Edomex sobre cuándo el gobierno de Eruviel Ávila ofrecerá una disculpa pública para reestablecer la dignidad y reputación en favor de las 22 personas que fueron asesinadas a manos del Ejército mexicano en Tlatlaya, y de las tres mujeres que sobrevivieron en ese hecho.
Tapia subrayó que “Tlatlaya es un agravio y violación a los derechos humanos…se han señalado numerosas cuestiones: las 12 personas asesinadas, la alteración de la escena del crimen, la clasificación de las violaciones como violación al derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad, a la justicia, a la libertad sexual, a la verdad y acceso a los derechos que corresponden a víctimas y ofendidos del delito”.
La secretaria de la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro añadió que “en particular se violó el derecho a la honra y a la buena reputación con la falsificación de los hechos, primero al asumir que todos -19 adultos, dos adolescentes de 17 años y una jovencita de 15- murieron en un enfrentamiento y pertenecían al crimen organizado, después la tortura y acuso de acopio de armas y posesión ilegal de cartuchos a dos de las tres sobrevivientes hoy liberadas”.
Tapia se dijo preocupada porque Eruviel Ávila felicitó al Ejército “por su ‘valiente presencia y acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas… pero el ejército en su legítima defensa actuó y abatió a los delincuentes’ mientras algunos de sus funcionarios intimidaban, torturaban, obligaban a firmar declaraciones falsas, fabricaban peritajes, llenaban los dictámenes de simulaciones, e incluso sustraían fotografías”.
Sostuvo que los dichos pronunciados por el mexiquense son comentarios victimizantes contrarios a la ética, pues no tenía ningún derecho a celebrar la muerte de ninguna persona, así haya cometido el delito más sangriento.
“Por ello es que llamamos a esto ejecución extrajudicial y, atendiendo a la Ley General de Víctimas que contempla entre las medidas de satisfacción la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, la declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima, así como una disculpa pública por parte del Estado, los autores y otras personas involucradas en la violación de los derechos que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades es que planteo la pregunta que leí al principio”, dijo la legisladora quien además exigió saber a cuánto ascienden las indemnizaciones a los familiares de los asesinados en Tlatlaya y a las víctimas sobrevivientes.
Sobre el tema, Manzur Quiroga informó que que la administración del Edomex ha preparado un fideicomiso para indemnizar a las tres mujeres involucradas en el caso de Tlatlaya, quienes denunciaron haber sido torturadas; sin embargo, no declaró a cuánto asciende el monto del mismo.
Sobre el operativo militar en el citado municipio, el Secretario General de Gobierno declaró que tuvo conocimiento de los hechos alrededor de las 6:00 horas, pues el General Comandante de la 22 Zona Militar así se lo hizo saber, minutos antes de que él informara a Ávila Villegas y al procurador de justicia de la entidad.
Aseguró que el mando militar solicitó la presencia de los peritos en el lugar, pero recomendó que no llegaran rápido a la zona, ante la posibilidad de que en el camino entre Toluca y Tlatlaya permanecieran personas armadas.
“Me volví a comunicar con el General y nos dijo que no fuera tan rápido el personal de la Procuraduría porque todavía estaba más o menos oscuro, que había por ahí alguna posibilidad de que hubiesen más personas en el trayecto de Toluca hacia Tlatlaya y que podrían tener algún riesgo los funcionarios de la procuraduría”, aseveró Manzur.
El funcionario trató de minimizar el asesinato de las 22 personas y las agresiones a las tres mujeres sobrevivientes, al señalar que la mayoría de ellos eran originarios del vecino estado de Guerrero.
En su participación, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, informó que 28 funcionarios públicos son investigados por los hechos, tras la recomendación emitida por la CNDH, en la que se pide determinar si en el caso existió tortura.
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Feminicidios, agravio sin atención
En su participación, la diputada Roxana Luna cuestionó a los funcionarios públicos sobre el incremento en el número de feminicidios en el Estado de México, sobre todo en el municipio de Ecatepec y recordó que la procuraduría local tiene la obligación de impulsar políticas criminales de urgencia para prevenir este tipo de violencia, pues pareciera, dijo la legisladora, que “se ha generado por falta de investigación, juzgamiento y el sistema de administración de justicia en la entidad”.
La legisladora indagó sobre dos casos de jóvenes reportadas como desaparecidas, de quienes presuntamente fueron encontrados sus restos durante las labores de limpieza en los canales del Río de los Remedios, pues en uno de los casos se denunciaron omisiones e irregularidades graves en las investigaciones, al grado de no saber quién es la víctima.
En el segundo caso, sostuvo la legisladora, las autoridades han señalado que no se tiene pista alguna sobre la identidad del probable agresor, ni de los motivos por los que se cometió el feminicidio, por lo que no se ha podido detener a ningún responsable de ambos casos.
La procuraduría de la entidad informó que durante la limpieza de los canales se han localizado restos óseos, cuyo origen debe ser determinado por peritos en el tema, pues pueden ser de algún animal, o restos de humanos.
Sobre el tema de los feminicidios, el procurador aseguró que no tiene ningún inconveniente en que se emita una alerta de género en la entidad.
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