Por Zayin Daleth
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La Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), se encuentra “imposibilitada” para dar resultados respecto a los asesinatos de cinco alcaldes michoacanos que han ocurrido de 2008 a la fecha, consideró el titular de esta dependencia Placido Torres Pineda, tras señalar que ninguno de estos atentados ha sido esclarecido por lo que estos expedientes continúan abiertos.
Cuestionado al respecto, luego del atentado en el que falleció el encargado de despecho de la Presidencia Municipal de Nahuatzen, Wilfrido Flores Villa, este lunes en la ciudad de Pátzcuaro, Torres Pineda, justificó “el problema es que las personas que están relacionadas no quieren declarar, ocultan muchas veces cuestiones que ellos saben, la misma familia por no meterse en problemas”.
Ante esta situación, a la que se suma, según el encargado de la procuración de justicia en Michoacán, que los indicios “no son suficientes para demostrar la responsabilidad de alguna persona”, adujó “entonces nosotros estamos imposibilitados para llegar a concluir una averiguación en ese sentido”.
A razón de esto, Torres Pineda, indicó que los expedientes de los cinco ediles asesinados en Michoacán desde el 2008 a la fecha, “están abiertos para cualquier cosa que se sepa, tratar de investigarlo”, es decir que ninguna de estas averiguaciones previas por estos homicidios han sido esclarecidos.
Una agresión directa
En tanto, el procurador de Michoacán refirió que existen tres líneas de investigación que no se pueden revelar, respecto al ataque en el que perdiera la vida Wilfrido Flores Villa, en los cuales no se descarta la injerencia de la delincuencia organizada y tampoco, el conflicto político que se suscitó en Nahuatzen, por la sucesión del cargo tras el deceso por causas naturales del alcalde Ignacio Rodríguez Villa.
Hasta este martes, señaló habían declarado doce personas, entre ellas los familiares del el encargado de despecho de la Presidencia Municipal de Nahuatzen y los meseros del restaurante donde se encontraba mientras lo ejecutaron, a unos metros de la base de la Policía Federal en Pátzcuaro.
Y aunque se desconoce que quien fuera también secretario del Ayuntamiento de ese municipio haya recibido alguna amenaza, lo que sí se sabe con certeza, dijo Placido Torres, es que se trata de una agresión directa: “llegó y le disparó, era nada más contra él, por qué si hubiera querido afectar a su familia lo hubiera hecho pero fue nada más contra él”.
El peligro de ser alcalde en Michoacán
De esta manera, la ejecución de Wilfrido Flores Villa, se suma a los homicidios y atentados contra ediles michoacanos que no han sido esclarecidos ni por la PGJE, ni por la Procuraduría General de Justicia (PGR).
Fue el asesinato de Gustavo Sánchez en 2010 y la ejecución de la ex alcaldesa de Tiquicheo el 12 de noviembre de este año, los homicidios con mayor violencia. El primerio, presidente municipal de Tancítaro, fue encontrado muerto en la parte de atrás de su camioneta en Uruapan, junto con un colaborador cercano; ambos asesinados aparentemente con sendas rocas de más de 25 kilogramos.
Con huellas visibles de crueldad y tortura, el cuerpo de Gustavo Sánchez y su colaborador, denunciaban el sello del crimen organizado. Basta recordar que 4 de diciembre del 2009, renunciaron todas las autoridades municipales de Tancítaro ante la falta de condiciones para desarrollar su trabajo.
Durante más de una semana el municipio vivió acéfalo. Se habló entonces de tomar una decisión que no ha ocurrido en México en su época moderna: declarar la desaparición de poderes, pues ningún otro funcionario aceptaba asumir el cargo.
No obstante, luego de 10 días de incertidumbre, el Congreso del Estado nombró el 11 de diciembre del 2009 un Consejo Municipal encabezado por Gustavo Sánchez, durante la administración del gobernador de Michoacán Leonel Godoy; ahí se dijo que el gobierno del estado lo apoyaría para recuperar el municipio y garantizar su seguridad; 10 meses después, Gustavo Sánchez fue asesinado.
Luego, a casi un año de haber concluido su mandato, fue encontrado el cuerpo sin vida de María Santos Gorrostieta Salazar, ex alcaldesa de Tiquicheo. Tres días después de su desaparición, los restos de la ex presidenta municipal aparecieron en una brecha conocida como El Chupadero del municipio de Cuitzeo, el 15 de noviembre pasado.
La ex alcaldesa de Tiquicheo, sobrevivió a dos atentados previos en 2009 y 2010, en el primero de los cuales perdió la vida su esposo. Mientras que de ambos ataques le dejaron graves secuelas en el cuerpo como heridas de bala y esquirlas que derivaron en numerosas cirugías. De esta última agresión en la que perdió la vida, las líneas de investigación de la PGJE, señalaron la probable responsabilidad del crimen organizado.
También enlistamos los homicidios de Octavio Manuel Carril, edil de Vista Hermosa, quien fue asesinado a balazos en febrero del 2009 a las afueras de su casa. Otro de los casos más representativos se suscitó en junio de 2008, cuando un comando hizo descender de su vehículo a Marcelo Ibarra Villa, presidente municipal de Villa Madero, para después recibirlo a tiros.
Y también está el alcalde de La Piedad, Ricardo Guzmán Romero en 2011, quien fue asesinado días antes de que se celebraran los comicios locales en la entidad. Esto, mientras realizaba en su día de descanso proselitismo para la entonces candidata al Gobierno del Estado, Luisa María Calderón Hinojosa, hermana del presidente de la República.
Viven en la zozobra
Así, con poca o nula seguridad personal y con elementos municipales, que son reiteradas veces señalados por sus nexos con el crimen organizado, los presidentes municipales son un blanco fácil de ataques y ejecuciones. Por eso, de 2008 a la fecha, Michoacán ha sufrido por lo menos de cinco ediles ejecutados y otros tantos, que viven bajo la zozobra y la amenaza.
Un ejemplo, es Gustavo Garibay García, alcalde del municipio de Tanhuato quien el pasado 31 de octubre fue interceptado por sujetos armados cuando se dirigía a la presidencia municipal. El edil, aunque con severas lesiones, sobrevivió al ataque. Así como, los presientes municipales de Coahuayana, Vista Hermosa y Zacapu, quienes fueron víctimas de hechos delictivos de marzo a octubre del 2012.
De los 113 alcaldes, en la entidad sólo dos han solicitado protección especial los munícipes de Tanhuato, Gustavo Salazar García, y de Vista Hermosa, Francisco Omar Corza Gallegos, ambos de extracción panista.
Omar Corza Gallegos, solicitó la seguridad luego de que en julio de este año, un grupo armado integrado por más de 100 personas atacó la presidencia municipal de Vista Hermosa y asesinó a tiros al director de Seguridad Pública de este municipio, así como a tres policías del estado de Jalisco y a un civil.
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