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Impiden campañas en Tixtla; ‘votar es meter al narco y permitir que casos como Ayotzinapa se repitan’

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(20 de abril, 2015).- Las elecciones están a la vuelta de la esquina y parece que la premisa que se planteó en Guerrero, de impedir a toda costa los comicios electorales ante la nula respuesta del gobierno a las demandas de los padres de familia, de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, continúa vigente y más fuerte que nunca.

Para muestra basta saber que en Tixtla, Guerrero, lugar donde se encuentra la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ni un solo candidato a las diputaciones federales o a la gubernatura ha llevado a cabo actividades de proselitismo.

Lo anterior debido a que tanto normalistas, policías comunitarios, padres de familia, maestros y organizaciones sociales, que persiguen la misma  meta de que se presente a los 43 normalistas con vida, se han dado a la tarea de que se sepa que cualquier campaña electoral será boicoteada.

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Y cabe señalar que han cumplido con su promesa ya que, integrantes del Comité Municipal Popular de Tixtla, quemaron propaganda electoral posterior a un mitin y marcha donde participaron más de 500 manifestantes dejando claro que no permitirán la capacitación de funcionarios de casilla además de amenazar a quemar y retirar toda la propaganda electoral encontrada, sabotear actos políticos masivos e impedir la instalación de cualquier campamento militar, ante la noticia de que en una semana llegarían soldados a la cabecera municipal.

Estas respuestas sociales las llamaron “contracampaña” y durante la protesta se dieron a la tarea de quitar y destruir cinco lonas de candidatos que estaban en casas particulares.

Ante la postura de la sociedad ni siquiera los candidatos que podrían considerarse con más posibilidades de triunfo, Héctor Astudillo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Mojica del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Luis Walton de Movimiento Ciudadano (MC), se han presentado en el municipio.

Además de que las instalaciones del Consejo Distrital 24 del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPCEG) se encuentran clausuradas ya que, desde el 18 de enero, grupos de profesores y normalistas encapuchados ingresaron al recinto e incendiaron material de cómputo, oficina y al mobiliario en general.

Sin embargo esto no impidió que los consejeros lleven a cabo sus sesiones, mismas que se desarrollan en sedes alternas fuera de Tixtla, así lo informó Marisela Reyes, presidenta del IEPCEG.

Por su parte los profesores Vicente García Izoteco y Pablo Díaz Teodoro, integrantes del comité promotor para impulsar el Consejo Municipal Popular, indicaron que el acuerdo, inamovible, es impedir las elecciones federales y locales en Tixtla.

A su vez Vicente García rememoró cuando la candidata a diputada federal del PRI, Beatriz Vélez, llegó al mercado con ocho personas y, ante el aviso de que ya iban hacia allá los normalistas, salió huyendo en su camioneta.

“Ya tenemos gente que está en varias zonas de la ciudad para avisar a los normalistas o a los maestros cuando vean si llega un candidato o candidata para de inmediato accionar”, expresó el catedrático.

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Agregó que se está instruyendo a las personas, en varias comunidades, el por qué no debe haber elecciones en Guerrero además de explicarles la situación actual.

También recordó que en Tixtla, por ser la cuna de Vicente Guerrero de Ignacio Manuel Altamirano, era el lugar elegido para iniciar las campañas.

Por su parte los integrantes de la CETEG mantienen tomado, desde octubre, al Ayuntamiento lo que ha ocasionado que el edil, del PRD, Gustavo Alcaraz lleve a cabo su gestión desde oficinas alternas.

“No se va a liberar el ayuntamiento y se va a abrir cuando ingresen las nuevas autoridades, que serán elegidas mediante una asamblea popular en donde van a participar la gente de las comunidades, colonias y barrios de la cabecera municipal”, agregó García.

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Por su parte los participantes a la marcha, donde se quitó propaganda electoral y se dejó claro que no habrá elecciones, expresaron que “Votar el 7 de junio es avalar que arriben al poder políticos que están metidos en el narcotráfico y de esa manera permitir que se sigan repitiendo hechos como los de Iguala”.

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