(23 de abril, 2015).- Eran las 11 de la mañana cuando María, quien trabajaba como mesera en una cantina encubierta de ‘restaurante’, dejó a su hijo menor de dos años, al cuidado de su hermana de 7 años. La niña parecía molesta por ello, y es que ella hubiera preferido ir a jugar con las palomas, actividad a la que le invertía largas horas. Vivía en la playa y se las había ingeniado para atrapar a estas aves y meter por sus picos grandes cantidades de arena… así las mataba.
Aquella mañana su hermano menor no paraba de llorar, le gritó varias veces y incluso llegó a pegarle en las piernas para que se callara, pero no lo hizo, así que optó por detener su llanto de otra manera. Introdujo en su garganta arena, para finalmente saturar su boca de pequeñas piedras… muerte por ahogo.
Después de un juicio corto, el juez determinó 15 años de prisión, aunque el abogado defensor, basado en estudios médicos, pedía su ingreso a una clínica psiquiátrica, argumentando que habría mayores y mejores resultados, para poder reintegrarse a la sociedad en algún momento. Esto no pasó.
Durante varios años la menor se ha quejado de golpes y maltratos, por parte de sus compañeras y autoridades que resguardan la cárcel. “A cualquiera no se le quitarían las ganas de matar con esta gente y sus tratos”, afirma.
También comenta la menor “llevo años durmiendo sin dormir, duermo poco muy poco, siento que eso hace que por el día esté muy nerviosa y de mal humor, pero aquí los mayores te tocan, si te dejas te pueden hacer cosas peores, te debes cuidar de hombres y mujeres, estar alerta me ha costado mucho, pero mucho sueño perdido”.
“Contamos historias de las historias. Las historias narradas y cuidadosamente calladas sobre la infancia y la juventud han dejado huella, una huella profunda que a veces sigue sangrando, que no ha cerrado, que duele, que lástima, que no hemos sabido curar. Una huella que marca, que señala, que es infame para nuestra sociedad”, sentencia el investigador social Federico Carlos Soto Acosta.
Y puntualiza “a ellos, les sorprendería tanto saber todo lo que sobre ellos se ha declarado y firmado internacionalmente; les sorprendería conocer a sus analizadores, a sus doctores, a sus jueces, a sus maestros. ¡Cuánto les sorprendería conocer las ‘buenas intenciones’ y la ‘simpatía’ que de los adultos tienen! ¡Cuánto les sorprendería saber que la Correccional, el Tribunal, el Tutelar y el Consejo fueron hechos por su bien, para ayudarlos y protegerlos! Seguro que, al saberlo, su cara se transformaría en una mueca de incredulidad y regresarían a su realidad desgarrante”.
Tiene 16 años y su sentencia fue de dos años y medio. Él comenta que nunca conoció́ a su padre ni sabe dónde nació́ y tampoco sabe la historia de su madre, porque vivió con ella hasta los 7 años.
A esa edad decidió́ abandonar su casa porque había mucha violencia y se fue a vivir a la calle. Desde los 7 años comenzó́ a trabajar como diablero en la Central de Abastos y luego como albañil. Antes de ingresar al centro de internamiento continuaba viviendo en la calle.
Cuando era pequeño lo golpeaban y fue víctima de abuso sexual. Tanto su padre como su madre, su abuelo, un tío y un primo han estado en prisión por distintas circunstancias. A su madre la visitó por un tiempo en el reclusorio, luego ella falleció. Viviendo en la calle, el menor consumía drogas diariamente. Lo detuvieron por meterse a robar a una casa, junto con uno de sus amigos; el menor no pudo escapar y casi muere linchado por los vecinos, fue salvado por la policía, “cuando me detuvieron sólo me llevaron a golpear a un baldío”.
El afirma que sí ha sido maltratado por la policía, por el Ministerio Público y, en cuanto a los jueces, “les vale gorro, todos tienen su precio”. Afirma que “el trato que recibo en el centro es malo y el que recibo de mis compañeros muy malo, porque aquí es una cárcel, el más viejo te pisotea”. Lo que le gustaría hacer cuando salga es estudiar música, dejar de drogarse y hacer una vida nueva, sin embargo, considera “muy poco probable” que pueda lograrlo.
Según la organización México Evalúa, los menores infractores no reciben la atención suficiente para lograr reinsertarse a la sociedad. De acuerdo con el órgano, las comunidades para menores en conflicto con la ley presentan numerosas carencias. Citando ejemplos como lo poco adecuadas que son las instalaciones, las cuales tampoco cuentan con el personal especializado necesario, no comprenden espacios suficientes, ni en buenas condiciones para llevar a cabo programas educativos, deportivos, de capacitación, de salud, o visitas familiares, entre otros.
Además se agrega que los padres de los internados han denunciado que sus hijos son víctimas de maltrato por parte del personal penitenciario. También se ha documentado que en promedio, cada psicólogo, atiende a 167 menores en conflicto con la ley, lo cual genera falta de atención adecuada a cada interno, mientras que las violaciones graves a sus derechos humanos continúan.
“Me torturaron, me dieron toques y tehuacanazos”, comentó un menor. Una chica relata, “cuando me detuvieron yo estaba embarazada pero, como me golpearon, perdí a mi bebé”. “La policía entró y se robó varias cosas de mi casa y amenazaron a mis hermanos pequeños de que los iban a matar”, declaró un tercero. “Me dejaron el ojo morado y me pusieron la chicharra… esa que te da toques en los bajos”, expuso un chico más.
La abogada Margot Vázquez afirma, “uno de los principales problemas de la justicia mexicana es que cuando el infractor sale del centro, el Estado se desentiende, y si no le dieron un encaminamiento adecuado para su reintegración, el día de mañana lo tendremos nuevamente en la cárcel como adulto, o dañando a la sociedad.”
“El desinterés de legislar en materia de leyes para menores infractores ha provocado que no existan estadísticas oficiales, sobre cuántos menores o jóvenes se reintegran a la sociedad año con año. Según informes del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) uno de cada tres sentenciados en cárceles había estado preso o internado en un centro para menores infractores, resultados propios de autoridades (principalmente del Congreso) olvidadizos, o lo que es peor desconocen la existencia del grave problema”, agrega.
El más reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), da a conocer casos calificados como “graves”, puesto que se trata de violaciones a las garantías básicas en la mayoría de los 36 centros para Menores Infractores del país, poniendo énfasis en la sobrepoblación, abusos físicos (golpes), hacinamiento, y dormitorios que califican “jaulas para animales”, debido a sus características, centrándose en las paredes rodeadas de mallas metálicas. Puntualizando que se mantiene en los mismos lugares a niños de 7 años con jóvenes de 16 y 17 años, y niñas embarazadas.
La CNDH afirma que al finalizar el estudio, con base a estudios de caso, estadísticas e inspecciones, el peor centro para menores se ubica en Chiapas, donde se constató entre otras arbitrariedades, la existencia de dos casos de niñas, que ya son madres y cuidan a sus hijos dentro de un centro en condiciones precarias.
Además de esto se constataron condiciones de vida son deplorables, fugas de agua, corrosión en instalaciones sanitarias, eléctricas, puertas y ventanas; haciendo puntual señalamiento a los dormitorios, en donde las camas son planchas de concreto sin colchón, y como no existen suficientes para todos los internos, la mayoría duerme en el piso y no se les clasifica y separa.
“Ayer Cámara de Diputados bajó la edad punitiva, ahora será de 12 años, si bien es cierto a quienes se atribuya un delito o su participación en la comisión de uno, de no ser grave podrán ser sujetos exclusivamente a asistencia social, pero qué tipo de asistencia social, qué propuestas hay para ello, ninguna, ningún proyecto. En provincia, quienes brindan asistencia social no es personal preparado, debido al predominante compadrazgo entre autoridades, quienes ocupan los cargos son ‘amigos’, gente que no tiene los estudios y experiencia requerida, para poder reorientar al menor, los resultados de esta grave falta están o dentro de un penal o ahí afuera asesinando, delinquiendo o secuestrando, engrosando las filas del narcotráfico”, sentencia Vázquez.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 24.3% del total de los internos en el país, cometió un delito bajo la influencia de alguna sustancia. El robo que es la actividad delictiva de mayor ocurrencia, con el 72.1%, de ese porcentaje el 68.1% cometieron algún robo bajo la influencia de alguna sustancia; 35% de marihuana, que es la sustancia más reportada, y 29.8% de alcohol.
Y mientras en el año 2005 el número de presuntos menores infractores fue de 3 mil 737, a mediados de la administración federal 2006-2012, debido a la lucha contra el narcotráfico, se detuvieron 4 mil 44 menores por el delito de fuero federal en operativos contra la delincuencia organizada”.
Hoy aproximadamente 5 mil menores de edad se encuentran presos en México, y más de mil de ellos, que equivale a un 22%, han cometido delitos graves, acusados de pertenecer a un cartel de narcotráfico y trabajar para ellos como sicarios, esto según la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Por su parte la Procuraduría General de la República, mantiene una cifra de detenciones de 5 mil 992 menores durante el sexenio de Felipe Calderón como probables responsables de delitos contra la salud y otros considerados en la Ley Federal contra la salud y otros considerados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Según la Secretaría de Gobernación (SEGOB), sus cifras finales de 2014, el 22% de los menores presos mato a una o varias personas, 35% participó en robos con violencia, 17% usó armas prohibidas, y 15% colaboró en la comisión de secuestros
