(06 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Salió de Guerrero hace un año, iba con un amigo con el que trabajaría en un campo de cultivo de Baja California. Ganaría mucho más que aquí, tal vez el triple. Juan viajó más de 20 horas, con mucho calor, sin baño en el camión y sin probar bocado.
Cuando llegó a un enorme rancho, con gente que portaba armas, pensó que ganaría mucho, se veía que los dueños tenían mucho dinero. Pero en el momento en que se convirtió en jornalero, no pudo salir, comían mejor los cerdos que ellos, dormían sobre tablas viejas y con peligro que algún alacrán se apareciera por ahí. Su trabajo lo hacía durante más de 9 horas, bajo el sol, sin descansar. Un día simplemente se fue, lo dejaron irse, sin pagarle algunos días de trabajo, pero no le importó.
Corrió y buscó ayuda con las autoridades, la Procuraduría estatal de Derechos Humanos y Protección Ciudadana lo ayudó a volver a su comunidad, aunque les dijo todo el sufrimiento vivido y agregó que muchos de sus compañeros estaban enfermos y podían morir, nadie siguió el caso.
En México 19 estados practican la esclavitud por medio de la explotación y violación a los derechos humanos de los jornaleros agrícolas, ocupando así el primer lugar en América Latina del Índice Global de Esclavitud 2014, con aproximadamente 266 mil 900 víctimas.
El estado de Guerrero ocupa el primer lugar a nivel nacional de migración interna. Este fenómeno tiene que ver con el alto índice de marginación que prevalece en la entidad. De los 81 municipios que la conforman, el 53.09% presentan un grado muy alto de marginación.
“Guerrero es un estado deprimido que se ha caracterizado por expulsar a familias para convertirlas en grupos de jornaleros, no solamente por la pobreza, sino también por la marginación y la exclusión social. La característica no solamente es que viven en zonas rurales, a esto se une el componente indígena, quienes carecen de toda atención social por parte de los municipios y del gobierno estatal”, afirma Margarita Nemecio, coordinadora del área de migrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
También comenta que las comunidades en donde los habitantes se convierten en jornaleros tienen como objetivo cubrir las necesidades más básicas, y dado a que muchas veces no pueden con ellas estando en sus hogares, abandonan su lugar de origen, ya que por medio de la migración obtienen una de las pocas alternativas que pueden ayudarlos a subsistir ante la inminente falta de empleos, lo cual finalmente va asociado al factor económico, el cual solamente lo consiguen emigrando cuatro, seis u ocho meses al año.
“Además de la pobreza, la marginación, así como la falta de empleos formales que prevalece en las comunidades campesinas e indígenas, se propicia la vulnerabilidad de los derechos de los jornaleros agrícolas migrantes y sus familias. La Cruzada Nacional contra el Hambre y otras políticas sexenales, funcionan solamente para captar votos y mantener a grandes sectores en la miseria”, declara el presidente del Tlachinollan, Abel Barrera.
Agregando que “la población indígena migrante enfrenta condiciones de trabajo, normas sanitarias, alojamiento, transporte y educación, inferiores a lo señalado por las normas internacionales, lo que provoca que en muchas ocasiones sobrevivan en condiciones infrahumanas”.
Desde el año 2006 a la fecha, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña han documentado la migración de más de 47 mil jornaleros y jornaleras provenientes de aproximadamente 362 comunidades indígenas, quienes se trasladaron principalmente a Sinaloa.
“Generar recursos para subsistir cuando trabajan como jornaleros y cuando regresan a sus comunidades es el único motivo de vida de muchos indígenas. Aun cuando desde el momento en que salen de su comunidad el riesgo es muy alto, ya que la gran mayoría de las comunidades están alejadas de los centros de embarque; la lejanía a veces es de 6 a 8 horas de camino, lo que implica que algunos de ellos hagan este tipo de recorridos en carros de redila donde suben hasta 7 familias, sin condiciones optimas, en medio de caminos de terracería que en varias ocasiones padecen volcaduras”, sentencia Nemecio.
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Al mismo tiempo explica que al trasladarse al norte también hay riesgos a la hora de abordar el autobús que envían las empresas agrícolas, pues muchas de estas empresas transportistas permiten que hayan viajes con hacinamiento, sin condiciones de viaje seguro, ni seguro médico, tampoco una prueba de que el conductor se encuentra sobrio o con un estado de salud optimo, son camiones viejos cuyos problemas van desde los mecánicos hasta los accidentes viales (ponchaduras de llantas, choques o volcaduras).
Siendo Guerrero una de las zonas más vulnerables en cuanto a migración interna, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al gobierno de ese estado, ha propuesto la protección y apoyo a jornaleros que trabajan en campos agrícolas en las distintas regiones del país. Haciendo énfasis en la creación de un programa de atención itinerante que acompañe a los jornaleros y a sus familias para brindarles asesoría jurídica laboral, alimentación en campamentos de trabajo, educación para los hijos y atención médica y medicamentos gratuitos.
Pero al mismo tiempo, por medio de créditos a la palabra sin intereses, para la construcción de invernaderos, para obras de almacenamiento de agua, para la obtención de implementos agrícolas y para adquirir chivos, cerdos, ganado bovino, colmenas y aves de corral, evitar que miles de guerrerenses emigren como jornaleros y tengan trabajo dentro del estado, ocupándose así de labores agrícolas, construcción de caminos, vivienda, infraestructura urbana, y en otras actividades de uso intensivo de mano de obra.
Para Nemecio, el gobierno entrante deberá hacer una adecuación de la política pública existente, ya que ésta tiene un enfoque meramente social y no basta con tener lineamientos, como el programa de atención a jornaleros agrícolas, “donde son cada vez menos flexibles las reglas de operación de un programa que tendría que ser estratégico y vital para responder a cuestiones inmediatas, muchas de las acciones establecidas a través de estas reglas de operación son inflexibles, no atienden situaciones de emergencias, y cuando lo hacen es de forma limitada, porque si los problemas de los jornaleros no encajan con las reglas establecidas del sistema de operación no se atiende”.
“Las deficiencias del gobierno actual con respecto a dicho programa se presentan en casos como el presupuesto, si se argumenta que no alcanza para construir un albergue, que es prioritario y que se tiene contemplado en el programa de jornaleros agrícolas, entonces no se construye”, comenta Nemecio.
Puntualizando que “el presupuesto del programa se ha diluido en otorgar tarjetas con incentivos económicos que juegan una doble figura, por un lado les dicen que es un recurso que ayuda cuando ellos están migrando, sin embargo al final es un recurso que fomenta la movilidad humana, sin ninguna garantía de mecanismos que vigilen que esos traslados sean dentro de un círculo de seguridad y protección, tampoco es un hecho que el recurso será recibido. Las arbitrariedades son muchas, para el gobierno actual cubrir una contingencia es trasladar el cuerpo de un jornalero muerto hacia su comunidad de origen, pero cuando un grupo de ellos quiere volver a su hogar y el patrón del norte no quiso pagarles el traslado de regreso, el gobierno tampoco lo hace”.
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