(08 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- David Vargas Araujo, quien hasta mayo de 2013 se desempeñaba como asesor de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social en la Cámara de Diputados, cumplirá dos años de prisión en el Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, Jalisco, un penal de máxima seguridad, acusado de haber participado en el secuestro de dos menores.
Sin embargo, el contexto en el que se dio su detención y los actos de tortura a los que fue sometido por elementos de la Policía Federal, y luego al interior del penal, apuntan a que fue obligado a auto inculparse, y a inculpar por el mismo delito a otras 12 personas también detenidas, para salvar la vida de su esposa e hijas, ante la amenaza directa de que si no lo hacía, sus seres queridos sufrirían las consecuencias.
El infierno
Vargas Araujo fue detenido por la Policía Federal, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, el 17 de mayo de 2013.
Había viajado a Oaxaca para reunirse con un grupo de profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para hablarles sobre la promoción de proyectos productivos y la gestión de los mismos.
Mientras estaba en esa reunión arribaron los uniformados, quienes sin identificarse ni comunicarle las razones de su detención, se lo llevaron en una camioneta. Al interior del vehículo, Vargas denuncia haber sido insultado, golpeado con el puño y con armas, además de ser víctima de agresión sexual.
Todavía sin saber de qué era acusado, el asesor fue conducido a un inmueble donde fue interrogado, sometido a actos de tortura física, como asfixia con una bolsa plástica, choques eléctricos, punciones, golpes y tortura psicológica, pues le mostraron fotografías de su esposa e hijas y le aseguraron que si no hacía lo que le pedían, su familia sería torturada hasta la muerte.
Después de varias horas fue trasladado en avión a la Ciudad de México. En el transcurso volvieron las agresiones, lo amenazaron con aventarlo del avión, de nuevo fue golpeado e insultado.
Vargas fue puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), organismo dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR). En un nuevo interrogatorio, el asesor fue víctima, una vez más, de golpes y amenazas, que lo condujeron a firmar una declaración que él no había hecho. Le advirtieron que no hiciera denuncia alguna sobre las agresiones sufridas.
No fue sino hasta 32 horas después que pudo comunicarse vía telefónica con su esposa y posteriormente por fin pudo verla.
Después de dos días en las instalaciones de la SEIDO, fue conducido a Puente Grande, donde también fue víctima de abusos físicos y tortura.
La denuncia
Los diputados Roberto López Suárez, Antonio Santores Sastré y Elena Tapia Fonllem del Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como Loretta Ortiz Ahlf, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), demandaron a la PGR y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) revisar el caso.
Advirtieron que a pesar de haberlo solicitado en varias ocasiones, a Vargas no se le practicaron exámenes médicos ni psicológicos para acreditar que había sido torturado. La CNDH abrió el expediente número CNDH/1/2013/3676/Q para dar seguimiento al caso, pero hasta el momento no ha habido avance algunos en las indagatorias, por lo que la semana pasada los legisladores entregaron un informe a Luis González Pérez, hablando sobre las irregularidades del proceso.
No fue sino hasta 14 meses después de recluido en el penal de máxima seguridad, que peritos independientes practicaron a Vargas el Protocolo de Estambul –que es un manual para investigar y documentar, de manera eficaz, la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes- mismo que resultó positivo.
Vargas padece una cardiopatía y fue diagnosticado con síndrome de estrés postraumático a consecuencia de la tortura que sufrió, sin que hasta ahora haya recibido atención médica dentro del penal.
Los diputados sostienen que Vargas Araujo ha sido víctima de detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes, incomunicación, agresión sexual, así como de otros actos contrarios al derecho a la integridad, la seguridad y el debido proceso.
Consideran que el caso tiene un trasfondo político, pues además de seguir el patrón en la fabricación de culpables que se ha observado por parte de la SEIDO en otras ocasiones, en los diversos interrogatorios se reiteraron las referencias a su trabajo en el palacio de San Lázaro.
Los diputados señalaron que el 24 de septiembre del año pasado, entregaron una carta sobre el caso a Jesús Murillo Karam, quien en ese entonces fungía como titular de la PGR, sin que haya habido respuesta alguna.
