(14 de mayo, 2015).- Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), expresó que la fianza que se les impuso a los tres jornaleros de San Quintín, que fueron detenidos el sábado tras el enfrentamiento con policías estatales, por siete millones de pesos “no es ni racional ni proporcional”.
Y agregó que “una fianza como ésta debe ser objetiva en razón del cumplimiento de una norma; no parece ni proporcional ni racional”, además de indicar que existen mecanismos judiciales para que se reconsidere.
Indicó que al haber una queja abierta, por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el CONAPRED no puede intervenir en el caso pero expresó que ha tenido pláticas con gente del organismo mencionado y reiteró su apoyo si hubiese casos de discriminación.
Agregó de inmediato que los jornaleros ya la sufren, una múltiple, al ser indígenas fuera de su territorio además de no poseer las mismas condiciones para negociar con sus empleadores, además de otras situaciones donde son vulnerables y están en un alto riesgo constante.
“Históricamente ha sido un grupo que está en una desventaja en condiciones laborales, yo lo que espero es que esta situación ayude a regularizarlos, no pueden ejercer los derechos constitucionalmente reconocidos para todos”, expresó.
Señaló que ese asunto necesita de “una atención especial por parte de las autoridades que van a dirimir el conflicto tanto en derechos laborales, como incluso ahora de acceso a la justicia, la detención y la fianza que han solicitado a los jornaleros agrícolas que fueron detenidos en las protestas”.
Y dejó claro que las autoridades, tanto locales y federales, tienen la obligación de impulsar y conseguir mejores condiciones laborales para los jornaleros agrícolas.
Por su parte los jornaleros reanudaron, el día de hoy, el diálogo con las autoridades con la ausencia del subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, por “motivos de salud”.
Las demandas de los jornaleros fueron mencionadas en la reunión: Liberación de cuatro de los detenidos el sábado pasado durante un enfrentamiento en la colonia Lomas de San Ramón, de San Quintín, y fijar un salario mínimo de 200 pesos para los jornaleros, además de pagos extras por cubeta de fresa, entre otros productos.
Al encuentro ingresó una comisión de 100 jornaleros, mismos que eran encabezados por cinco voceros acompañados de David Garay, titular de la unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, así como representantes de la Secretaría del Trabajo y del gobierno del estado.
Cabe indicar que hasta ahora el diálogo no ha arrojado ningún acuerdo mientras que decenas de jornaleros estaban esperando fuera del sitio de la reunión en espera de noticias.
