(14 de mayo, 2015).- El próximo 19 de mayo, la polémica “Ley Bala” del estado de Puebla cumplirá un año de haber sido aprobada por el congreso de la entidad y a 365 días de haber sido oficializada por los diputados, esta legislación no termina de convencer y sólo reafirma el carácter autoritario del gobernador Rafael Moreno Valle.
La ley, aprobada con 32 votos a favor, fue mandada por el ejecutivo estatal el 12 de mayo de 2014. La iniciativa pretendió “regular el uso de la fuerza pública”, sin embargo, para especialistas la legislación no cumplió con este objetivo.
La legislación, avalada en 7 días, fue pasada sin una discusión de fondo ni la realización de foros que permitirían compartir ideas con especialistas para evaluar la viabilidad de la ley tan criticada en esos momentos.
La Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado, avala el uso de las armas para poder disolver las manifestaciones consideradas como violentas. En su artículo 43 manifiesta que los elementos policiacos podrán usar armas cuando la realización de una manifestación violenta implique la afectación de bienes jurídicamente tutelados.
Cabe recordar que las manifestaciones en el estado poblano se intensificaron, entre otras cosas, para exigir al mandatario estatal detener la entrega de los recursos a empresas transnacionales.
Por su parte, en el artículo 9 de la polémica legislación, se estipula que existen 4 niveles del uso de la fuerza, los cuales se aplicaran dependiendo el contexto de forma progresiva. De acuerdo con el ultimo nivel de estos 4 establecidos, los elementos policiacos podrán utilizar las armas sólo “en el caso de legítima defensa de la vida o para evitar afectaciones a la integridad física graves, en ambos casos de la propia o de terceros”.
En el congreso, los opositores de esta ley sólo fueron 5 diputados, integrantes de diversos partidos, entre ellos, Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido del Trabajo (PT),
Los legisladores priistas fueron los que más defendieron esta iniciativa de ley. No obstante ante las críticas, el diputado Victor Giorna, salió a la defensa de su partido y aseguró que el PRI, al aprobar la ley, no estaba dando licencia para matar, ni para reprimir, lo único que se estaba haciendo, dijo, es “acotar las actividades de los elementos policiacos”.
En el momento de la discusión de la ley, provocó preocupación que el presidente de la comisión de Derechos Humanos, Sergio Céspedes Peregrini, la defendiera y manifestara que la legislación “respetaba los derechos humanos pues no limita la libertad de expresión ya que sólo protege los bienes de terceros y directos”.
El mes de julio la ley tuvo sus primeros efectos, y como se recordará sus primeras víctimas. El día 9 de julio, la policía al tratar de disolver una manifestación en San Bernardino Chalchihuapan, con una diversidad de armas y gases, arrebató la vida al menor José Luis Tlehuatle Tamayo quien recibo el impacto de una bala de goma en la cabeza. Días antes, el 2 de julio, ya se habían presentado otros hechos violentos en Tehuacán.
A casi 1 año de su aprobación, la ley se mantiene a pesar de que Moreno Valle dijo el 21 de julio que mandaría un decreto para abrogarla. A finales de abril, el congreso local decidió mandar la ley a San Lázaro con el fin de que los legisladores federales dieran el “visto bueno”, por lo que la ley sigue vigente ya que, “el congreso local considera que los problemas derivados de la ley no son por su contenido sino por su forma de aplicarla”. En tal sentido diversas organizaciones han demandado que la ley se sigue aplicando.
