(20 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- A lo largo de los años, la implementación de los denominados megaproyectos -desarrollados en la nación por el capital privado-, han dejado daños severos a la naturaleza del país. El más reciente ejemplo de lo anterior se puede encontrar en 2014, cuando Grupo México contaminó gravemente el rio Sonora como resultado de su actividad minera.
Al respecto, Octavio Rosas Landa, académico e integrante del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), señaló que como resultado de años de actividades extractivas mineras y energéticas, así como por actividades industriales sin control alguno, México vive en la actualidad una catástrofe ambiental de grandes envergaduras.
“Ya no hablamos sólo de crisis, ya hablamos de una catástrofe ambiental sin precedente, producto de una herencia de extracciones mineras o energéticas, deforestaciones, explotaciones de flora o fauna o actividades industriales realizadas durante todo el siglo XX y lo que va del XXI”, puntualizó.
El profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sentenció que con la llegada del modelo neoliberal, el país fingió respetar el paradigma del desarrollo sustentable, y permitió que el libre comercio y el aumento en el flujo de capitales extranjeros “condujeran a la destrucción de la soberanía industrial, alimentaria, comercial, financiera, demográfica y ambiental del país”.
Aunado a lo anterior, aseguró que las instituciones del Estado mexicano se encuentran capturadas por los interés privados, nacionales y extranjeros, por lo cual no se contempla la posibilidad de planificar el desarrollo equilibrado entre lo económico, lo social y ambiental, para evitar producir daños.
“Las instituciones desechan de facto la posibilidad de planificar un desarrollo que permita equilibrar los ámbitos económico, social, ambiental y de seguridad, y por el contrario se diseñan estrategias para relajar la interpretación y aplicación de la normatividad ambiental, lo mismo que para negar, encubrir y mediatizar los costos socioambientales de la operación de un sistema económico cada vez más irracional”, dijo.
El académico argumentó que el Estado mexicano ha construido, desde hace tres écadas, el camino para permitir a las empresas explotar sin mayor dificultad los recursos de la nación, esto bajo la transformación de las leyes que encaminan a la privatización
“Nuestra tesis es que el Estado mexicano desde hace poco más de 30 años ha experimentado un proceso de adecuación, retroceso y reforma jurídica institucional, que por una parte ha orientado la política pública del país hacia la progresiva privatización de los recursos naturales estratégicos como los hidrocarburos, el agua, la biodiversidad, los bosques, las semillas, los minerales, etcétera”, manifestó.
En esta tónica, agregó que también se ha iniciado el trayecto para que los territorios que contienen los recursos, mayormente pertenecientes a comunidades indígenas y pueblos originarios, se privaticen en aras de desarrollar proyectos como presas, autopistas, aeropuertos, entre otros.
“Todas estas acciones van encaminadas a los compromisos que adquirió el país desde los 80, con el TLCAN y otros tratados firmados (…) La aplicación de las políticas de libre comercio y apertura a la inversión extranjera en México, evidencian a unas cuantas empresas mexicanas y extranjeras como grandes beneficiarias en ramas como la energía, la agricultura, la ganadería, la construcción, la minería, el comercio y los servicios financieros. Dichas empresas han abusado del acceso que les ha otorgado el Estado mexicano a los recursos naturales, el territorio, las infraestructura y los servicios públicos, y se han beneficiado de la traición del Estado al ejercicio de los derechos de los pueblos en México a través de la modificación, manipulación y la violación de las leyes”; señaló.
En este sentido, mencionó que gracias a este actuar del gobierno, las empresas se han movido en un panorama de impunidad, y a pesar de causar grandes daños, nunca resultan responsables. En lo referente agregó que en los últimos años, cuando las empresas se ven envueltas en conflicto, algún funcionario sale a la defensa de la compañía, “mientras que los pueblos organizados que manifiestan su oposición a los proyectos son perseguidos y criminalizados”.
“Las empresas privadas rara vez o nunca aparecen como responsables de los impactos negativos de su actuación (…) En México se ha hecho real la posibilidad que las empresas usen, abusen y destruyan para su lucro particular, bienes naturales comunes de los pueblos de México con la más completa impunidad, como el agua, los bosques, la biodiversidad, los derechos de vía, el espectro electromagnético, las costas o los lugares sagrados”, dijo.
Igualmente declaró que las empresas han logrado obtener un amplio margen de acción en el país, esto tras “cabildear” en el Congreso, así como presionar y corromper a las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
“Las empresas privadas se benefician del encubrimiento sistemático de la responsabilidad que el Estado les ofrece. Así el Estado aparece como el único actor responsable de la crisis, los saqueos, los fracasos y las desgracias nacionales en la devastación ambiental del país”, señaló.
Octavio Rosas Landa enfatizó que las políticas públicas, de corte neoliberal, emprendías por el gobierno en los últimos años, han permitido que cada sector de la vida nacional sea visualizado como “un paraíso de ganancias fáciles, acaparamiento de recursos y a la vez configura una crisis del Estado en sus funciones básicas de gestión y provisiones básicas para la reproducción de la población y los ecosistemas del país”.
“En otras palabras, como lo dijimos en noviembre de 2014 ante el jurado internacional del TPP en su audiencia final, el Estado mexicano aplica en cada una de sus políticas un desvió del poder. Lo que tratamos de decir con todo esto es que todas y cada una de las políticas públicas del Estado mexicano están orientadas al despojo porque están beneficiando intereses privados”, finalizó.
