Por: Ivonne Acuña Murillo
En los últimos días algunos partidos políticos y el INE, Instituto Nacional Electoral, se han enfrascado en un debate en torno al modelo de comunicación política que se ha impuesto en la presente campaña a raíz de las últimas reformas a la ley electoral. Tres son las posturas que es posible reconocer en relación a esta discusión.
La primera postura es la sostenida por el Partido Verde Ecologista de México, en voz del diputado Arturo Escobar y Vega, “la reforma electoral de 2007 fue un absoluto fracaso, todos y cada uno de los objetivos de la reforma –menos spots, menos dinero en política, mayor vinculación ciudadana, pero especialmente mayor libertad de expresión- han fracasado rotundamente en el desarrollo de las campañas 2009, 2012 y 2015”. Escobar remata diciendo que esta reforma “secuestró la libertad de expresión” y que “la actual spotización carece de propuestas, contenidos y disminuye la contratación de proyectos”. Para superar este fracaso propone “cambiar el modelo de comunicación política” eliminando los 48 minutos diarios a los que tienen derecho los partidos políticos, vía la administración y observación del INE, y que en su lugar se puedan contratar en medios de comunicación los espacios de promoción para la difusión de informes y propuestas.
La segunda posición es la del senador por el PRD Luis Miguel Barbosa, para quien la reforma política de hace un año, tanto a nivel constitucional como reglamentario, no ha funcionado, sigue siendo lo mismo, textualmente sostuvo que “La inequidad bajo muchos aspectos: acceso a medios; uso de recursos públicos, evitarlo; control de autoridades electorales; hoy seguimos viendo que hay candidatos y partidos que tienen muchos más recursos que otros, que tienen muchas más formas, diría yo, de intentar condicionar el voto”. A diferencia del primero, no sostiene que la reforma es la que no sirve, sino que la ley no ha sido respetada y que “tal parece que las autoridades electorales no supieron aplicar la norma”.
La tercera visión es la de la autoridad electoral a través del consejero Enrique Andrade quien, en respuesta al senador Barbosa, pidió esperar a que concluya el proceso electoral para calificar el éxito o fracaso de dicha reforma y negó que la autoridad electoral no esté aplicando la reforma pues se han impuesto multas a todos los partidos, Verde y PRD, entre ellos, “lo que da equidad en la contienda”.
A todas luces las tres posturas adolecen de autocrítica y rayan en el cinismo con afirmaciones que ocultan la responsabilidad de cada uno de los actores involucrados en esta trama por autoafirmarse y descalificar a los otros partidos, a la autoridad electoral y al proceso electivo mismo.
En lo que toca al PVEM, su petición de cambiar el modelo de comunicación política -entendido como “la producción e intercambio de discursos entre gobernantes y gobernados, a través de los medios, con el fin último de legitimar a quien gobierna” y que en el caso que nos ocupa bien puede parafrasearse como “la producción e intercambio de discursos entre candidatos y electores, cara a cara y a través de los medios, con el fin de obtener la atención, aprobación y voto de los segundos”- conlleva un alto grado de descaro.
Esta postura es descarada después que el Partido Verde se ha hecho acreedor a una serie de sanciones, multas en especial, toda vez que ha violentado la norma electoral, una y otra vez, a partir de espectaculares, publicidad, carteles, kits escolares enviados a las casas de los votantes, tarjetas de descuento, la compra de cine-minutos, tiempo en radio y televisión. Tan sólo en el periodo previo al inicio de las campañas, el Verde transmitió 239 mil 301 spots, a los que se agregan aquellos transmitidos ya en campaña en los que se enfatiza que “el Verde si cumple”.
Dar manga ancha a los partidos y sus candidatos, incluso a los particulares, para comprar espacios en los medios, sin que esto se traduzca en faltas a la legislación electoral y, por tanto, en multas, no abonaría nada a la libertad de expresión y si supondría aceptar abiertamente la inequidad en las campañas toda vez que el tiempo que los diversos partidos puedan comprar dependerá no sólo de los presupuestos que les sean asignados, sino de aportaciones millonarias de particulares y de todos aquellos recursos que no son fiscalizados, como los que muy probablemente obtiene el PVEM para poder financiar una campaña tan extensa e intensa, desoyendo a cada paso los reclamos del INE y de los otros partidos.
De igual manera, la postura del senador Barbosa deja “convenientemente” de lado las corruptelas, compra de votos, uso de recursos públicos, etcétera, en las que su partido, el PRD, incurre para lograr a toda costa ganar las elecciones en los lugares donde tiene oportunidad de hacerlo, en especial la Ciudad de México. Critica a la autoridad electoral y su falta de voluntad para aplicar las reformas electorales convenidas, favoreciendo a unos partidos más que a otros, y olvida que un proceso electoral limpio no depende sólo de las habilidades y buena disposición del árbitro, sino de los jugadores, quienes están obligados a cumplir en todo momento las reglas que ellos mismos se dieron en la pasada reforma, y que al parecer no están dispuestos a acatar. Muy bien se podría aplicar a la postura de Barbosa la frase popular y campirana “hágase la ley en los bueyes de mi compadre”, misma que no debe confundirse con aquella que reza “hágase la ley en el buey de mi compadre”.
Finalmente, la tan mencionada autoridad electoral, también peca de desvergüenza, cuando el consejero Andrade afirma que “sí existe equidad en la contienda” cuando a la vista de todos el PVEM ha violado todas las leyes electivas que ha querido, retando incluso a la misma autoridad electoral una y otra vez, poniendo en entredicho su legitimidad en la celebración de los próximos comicios, pero sobre todo rompiendo el equilibrio, en uso de recursos y exposición mediática, que deberían guardar todas las campañas políticas.
Es así que tanto los partidos PRD y PVEM como el INE, han mostrado en cada paso de este proceso electoral que “casi nada ha cambiado”, que la intención y las acciones para burlar la voluntad de las y los votantes se mantienen firmes y que sólo se refinan las mañas adquiridas y se aprenden nuevas, y si acaso cambian, aparentemente, los actores que las ejecutan, detrás de éstos se ocultan los dinosaurios que, digan lo que digan, no sólo no se han ido, sino amenazan con mantenerse en el ejercicio del poder otros 80 años, por lo menos.
De tal suerte que, aunque se reforme nuevamente la ley electoral nada cambiará mientras los actores políticos se empeñen en violar, violar y volver a violar una legislación, que se perfecciona con cada proceso electoral, en una loca carrera por impedir la serie de trapacerías de los diversos partidos y sus candidatos y candidatas, como si modificar la ley bastara y no fuera la falta de voluntad política la que “enmugra” todo proceso electoral y burla, una y otra vez, la esperanza democrática de un pueblo que observa a los políticos “cambiar para no cambiar”.
