El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, acusado de enriquecimiento ilegal y de contar con su familia con numerosas propiedades en México y Estados Unidos, aseguran –vía las menciones que se hacen en Televisa- podría convertirse en el primer caso procesado en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. En la Cámara baja, diputados del PAN pidieron una investigación amplia y objetiva sobre el enriquecimiento del mandatario priísta.
Exigen se investiguen con todo rigor las triangulaciones de las ganancias de sus operaciones financieras a las Islas Caimán, donde aprovecha los beneficios de ese paraíso fiscal. Sostienen que existe una clara relación entre el ejercicio del gobierno y el enriquecimiento ilegal desde el poder. También están presentes las acusaciones del ex dirigente del PRI en Monterrey, Aldo Fasci, quien asegura que el valor de las propiedades de los Medina supera los 900 millones de pesos.
También la sociedad civil neoleonesa exige una investigación. La organización civil Ciudadanos contra la Corrupción, que promueve políticas públicas e iniciativas de reforma contra las irregularidades en la administración pública, llamó esta semana al gobernador Rodrigo Medina a separarse de su cargo momentáneamente para que se investiguen las acusaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Dicha organización ha llamado a los candidatos a firmar una carta compromiso para poner en marcha medidas contra prácticas corruptas. El candidato independiente al gobierno de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, ya signó el documento.
Ante el cúmulo de acusaciones, hasta Ivonne Álvarez, candidata de la coalición “Alianza por tu seguridad”, se deslindó por completo de Rodrigo Medina. La aspirante priísta declaró la semana pasada que su gobierno no permitirá ninguna irregularidad, y que si alguien cometió un ilícito en el pasado será castigado, ya sea del propio Medina o familiares del actual mandatario. Álvarez anunció que a través de su gobierno investigará administraciones pasadas y habrá castigos en caso de detectar anomalías. Dijo que no tolerará padres ni hermanos incómodos por lo que abrirá una investigación para detectar posibles actos de corrupción de los gobernadores anteriores.
¿GUILLERMO PADRES, OTRO CASO?
Otro sonado caso de corrupción exhibido al fragor de las campañas electorales es el del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés. La semana pasada, tanto el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Tomás Torres, como el coordinador parlamentario del PRI, Manlio Fabio Beltrones, señalaron que la Procuraduría General de la República (PGR) debe investigar la veracidad de las acusaciones en contra del mandatario panista sonorense.
Destaca el hecho de que fue el diario The Wall Street Journal quien publicó que el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, es investigado por presuntos contratos millonarios otorgados a un empresario ligado a compañías que ganaron contratos de gobierno.
Una investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “gira en torno a por lo menos 3.3 millones de dólares en pagos que presuntamente recibió Miguel Padres-hermano del gobernador-”. El reporte del diario estadounidense establece que el gobernador y su hermano “realizaron una serie de operaciones en el Sistema Financiero Nacional y extranjero, con recursos que posiblemente tienen un origen ilícito y con un alto grado de probabilidad se operaron con la finalidad de ocultar su origen, localización, destino o propiedad”. “No hay explicación sobre la raíz de los fondos de Miguel Padrés, ni de sus actividades empresariales ni sus declaraciones juradas”, según fuentes cercanas a la investigación citadas por el rotativo neoyorkino.
En Sonora, el PRI estatal calificó como “mago de las finanzas” y “señor de los caballos” a Guillermo Padrés, quien habría invertido 156 millones de pesos en un predio y caballos pura sangre, de acuerdo con una inserción pagada por los priístas en un diario capitalino el lunes pasado, publicado en respuesta a la explicación del mandatario sonorense en el sentido de que compró el predio con la venta de una casa, que el PRI valuó en 4 millones de pesos, y un crédito de Bancomer por cinco millones de pesos.
El PRI cuestionó que un avalúo de 2015 del predio y las caballerizas demuestran que la propiedad tiene un valor de 36 millones de pesos y que los 120 caballos pura sangre, hannoverianos y cuarto de milla, suman 120 millones. “Guillermo Padrés gastó 7 millones de dólares de los sonorenses en caballos finos para él”, aseguró el PRI estatal, que le atribuye al gobernador “tres hípicos con valor de 156 millones de pesos”.
Otro caso de corrupción del gobernador panista de Sonora es el hecho de que construyó una presa en un rancho “Pozo Nuevo” de su propiedad. Se trata de una cortina de concreto de 120 metros de largo y 80 de alto que fue construida en 2010. Mientras tanto, los habitantes de la región padecen la falta de agua, pero el gobernador goza de 4 millones de metros cúbicos de agua y con pozos por casi 3 millones de metros cúbicos al año. Padrés pidió la salida de los delegados de Conagua, Profepa y Sagarpa, por “juzgar” como ilegal la presa en su rancho. Dirigentes opositores señalan que de estar valuada en 5 millones de pesos, el rancho del gobernador valdría actualmente 432 millones de pesos.
También en esta semana, en redes sociales circuló un video en el que se revela la existencia de una playa privada, propiedad de Guillermo Padrés, gobernador de Sonora. Se trata de un terreno con playa privada en el exclusivo destino turístico de San Carlos, en Guaymas. San Carlos se ha convertido en el destino de las nuevas Inversiones de funcionarios públicos de la administración estatal del gobierno de Sonora. La Playa de Guillermo Padrés y su familia mide más de cine metros lineales de playa a la orilla del Mar de Cortés y se encuentra ubicada en el lujoso fraccionamiento Vista Real. El precio de la operación supera los 7 y medio millones de dólares, que al tipo de cambio actual alcanza unos 115 millones de pesos.
