(03 de junio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aporta datos que señalan a México en primer lugar de los países de América Latina con más denuncias por violaciones a los derechos humanos, sólo detrás de Colombia.
“El Estado mexicano falla en la protección de los derechos humanos de toda la sociedad, no solamente por la impunidad y corrupción que existe dentro del gobierno, sino porque éste se encuentra concentrado al servicio de Estados Unidos, esto nos demuestra que vivimos en indefensión y estamos solos, Peña Nieto gobierna de manera falsa, su prioridad está en resguardar los intereses capitalistas para el país del norte”, afirma el sacerdote Alejandro Solalinde en exclusiva para Revolución TRESPUNTOCERO.
Para Amnistía Internacional, el Estado Mexicano está obligado a asumir y reconocer la magnitud del problema respecto a las violaciones graves a los derechos humanos, y solucionar la actitud de desinterés que mantienen altos funcionarios, con respecto al reciente informe del Relator, dentro del tema de violaciones a derechos humanos.
“La negativa del Gobierno mexicano, de reconocer que en el país exista la tortura ‘generalizada’, y desconocer la evaluación sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones internacionales, no es nueva. El gobierno mexicano lo ha convertido en una práctica común que intenta minimizar el alcance y contenido de las recomendaciones de los órganos internacionales de protección de derechos humanos, deslegitimando sin fundamento suficiente la veracidad de la información que los sustenta”, afirman activistas de Amnistía Internacional.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), presentan cifras que, afirman, demuestran la impunidad casi total y la inacción del Estado mexicano para impartir justicia.
En México el 98% de los casos denunciados se encuentran en la impunidad, esto significa que los crímenes graves que se cometen no son esclarecidos y sancionados. Por ejemplo, de las poco más de 22400 desapariciones forzadas que se dieron entre 2006 y 2012, no ha habido ninguna condena, asegurando que en el período donde hubo condenas fue de 1977 hasta 2005, donde sólo se cuentan 6 sentencias condenatorias por este delito en el ámbito federal. La información se enfocó particularmente en la situación de los estados de Guerrero, Chihuahua, Chiapas y Baja California.
Entre el 21 y el 27 de marzo de 2009, en la ciudad de Tijuana, Baja California, 25 Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal fueron detenidos y arraigados, el delito que se les imputó fue delincuencia organizada. La detención se efectuó en la Secretaria de Seguridad Pública Municipal; los agentes fueron desarmados y asegurados sin mostrarles orden de presentación o aprehensión, y trasladados a las instalaciones del 28vo Batallón Militar denominado “Aguaje de la Tuna”.
Los 25 agentes fueron: Artemio Duarte Martínez, Blanca Berenice Huízar Munguía, Carlos Cervantes Álvarez, Gerardo Garduño Escobar, Jaime Berumen Borrallo, Jaime Alberto Ávila Flores, Jorge Sánchez Reyes, Jorge Ernesto Pérez Avendaño, José Alberto Castillo Ortiz, José Alfredo Cuevas Híguera, José Carlos Ávalos Luis, Luis Alberto Toledo Coello, Manuel Guerrero Flores, Manuel Adelmo Olivas Coss, Miguel Ángel Mesinas López, Maximino García Luna, Omar Medina Ricardo, Raúl Delgado Rivera, René Huante Mondragón, Roberto Zaragoza Martínez, Rodolfo Ismael Nava, Rolando Saldaña Chacón, Salvador Bolaños Sánchez, Samuel Alonso Ureña Varo, Víctor Manuel González Méndez.
Las declaraciones y daños físicos demostraron que durante su arraigo en el “Aguaje de la Tuna” fueron sometidos, por elementos del Grupo GOPE de Inteligencia Militar, a actos de tortura fisca (ratificados como graves) y psicológica, siendo vendados de los ojos, amarrados de pies y manos por días y noches enteras, cubiertos del cuerpo con cobijas mientras sufrían golpes en todo el cuerpo con un objeto de madera denominado ¨barrote¨; fueron sentados en una silla metálica y sumergidos sus pies en agua, realizando descargas eléctricas en sus testículos y la inmersión en seco realizada con una bolsa de plástico que era colocada sobre el rostro ejerciendo presión para el ahogamiento, algunos de ellos fueron privados de ingerir alimentos hasta por tres días.
También hubo constantes amenazas de muerte, según las averiguaciones, “con el fin de arrancarles confesiones y hacerles firmar declaraciones que no les permitían leer. En algunos de los casos fueron obligados a firmar hojas en blanco, dichos documentos fueron utilizados para su auto incriminación”.
En su momento se afirmó que el Secretario de Seguridad Pública, Julián Leyzaola Pérez, fue quien ordenó los procedimientos de tortura y su duración, mientras tres agentes aplicaban dichas acciones. Los detenidos, aseguran que quienes los golpearon se hacían identificar como “El Tortas” y “El Matute”, éste último señalado como el principal torturador quien además, aseguran, era escolta del General de la II Zona militar; además señalaron que el Teniente Fernando Coaxin Hernández, en aquel momento director de Sanidad del Cuartel Militar, se encargaba de la labor de “resucitación”.
Después de cinco días de su detención se les notificó un arraigo, fue cuando pudieron recibir visitas de su familia en el Campo Militar, una vez a la semana por un lapso de cinco minutos, esto mientras un elemento del Ejército tomaba nota de todas sus conversaciones.
El 10 de mayo de aquel año, el Juez omitió dar vista al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado sobre las violaciones narradas por los agentes. Durante la estancia en el Centro Federal de Readaptación Social, las secuelas de la tortura y la situación de salud no fueron atendidas por el personal técnico, permaneciendo bajo constantes e injustificados castigos.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) advierte que a los detenidos se les designó un defensor público el cual incurrió en diversas irregularidades que viciaron su derecho a una defensa adecuada. A los abogados particulares, contratados por familiares, no se les permitió el acceso al expediente de averiguación previa, limitando el derecho a la defensa sin proporcionar información sobre las investigaciones o señalamientos que recaían en contra de los detenidos.
Y se argumenta que “en el caso de los 25 policías arraigados, el Estado mexicano es responsable por la violación del derecho a las debidas garantías judiciales y al debido proceso, a la integridad personal, a la libertad y seguridad personales y a la protección judicial, derechos que figuran en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo viola artículos de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”. Al mismo tiempo se menciona que las autoridades encargadas de ejercer la justicia no actuaron con las diligencias pertinentes, lo que tuvo como consecuencia la impunidad de los agentes aprehensores. “El Estado mexicano falló así a su obligación de garantizar los derechos de 25 policías, entre los cuales 12 siguen en prisión”.
La abogada Sofía Rosaldo, Doctora en Sociología Jurídica, explica que “el Estado mexicano ha ignorado numerosas recomendaciones, donde se dan a conocer algunas de las más graves violaciones a derechos civiles y políticas, esto desde hace décadas, provocando que con el paso del tiempo se incrementen dichos delitos. Es así como la realidad diaria en materia de derechos civiles y políticos se caracteriza por abusos generalizados y severos, bajo la absoluta protección del Estado”.
Por su parte, la abogada Araceli Olivos, Coordinadora del Área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos PRO Juárez, asegura que “permanece incumplida la obligación del Estado de garantizar el castigo en casos a violación a derechos humanos, y por lo tanto éste seguirá siendo responsable de la impunidad que genere la falta de sanciones en los responsables”.
Al mismo tiempo afirma que pese a que el Estado mexicano está obligado a velar por las garantías de los ciudadanos, al no hacerlo, el legislativo falla y mantiene un problema pendiente por cumplir. Y en este sentido, el ejecutivo hace una gran labor en omitir enviar las iniciativas, en hacerlas prosperar, incluso partir de los argumentos de los dictámenes y generar leyes de protección.
“Desde luego que un gran ausente es el Poder Judicial de la Federación; una vez que las víctimas acuden al amparo lo que esperan es que dicha institución cumpla con la emisión de justicia, así los demandantes accederían a un recurso adecuado sencillo y efectivo, sin embargo, constantemente calla. Y aún así, es el poder al que menos se señala, cuando en realidad tiene una tarea importantísima, por ser quien determina la inconstitucionalidad de leyes, incluso puede determinar que se garanticen los derechos de las víctimas, en cualquier terreno, incluyendo el militar”, comenta la abogada.
Rosaldo comenta: “el caso de los 25 soldados es uno en un millar, donde el Estado protege indescriptiblemente a su principal mecanismo de defensa y silenciador de disidente: el ejército. Así como dichas víctimas, en estos dos sexenios muchos padecerán el resto de sus vidas secuelas físicas y psicológicas de la tortura sufrida. El Ejército Mexicano atiende hoy únicamente las necesidades de un gobierno represor y cobarde, que no puede dar la cara y por eso prefiere asesinar”.
Olivos plantea que “el Estado mantiene en la impunidad las graves violaciones a derechos humanos, las autoridades civiles jamás tocarán con una sentencia en su contra a la policía federal, tampoco a la policía ministerial, y la protección al ejército es todavía más evidente”.
