Decía el dramaturgo alemán Bertold Brecht que la injusticia no era anónima, que tenía nombre y dirección. Si extrapolamos la cita al caso campechano ocurre otro tanto con la palabra corrupción e incluso con la hipótesis de un narco-gobierno en esta tranquila tierra. El nombre que guarda relación con tales epítetos y escenarios, por lo demás nada inverosímiles, es el de Alejandro Moreno Cárdenas, candidato priista a la gubernatura del estado de Campeche del que mucha gente desconfía “en qué trabaja”, como dice el corrido. La razón principal: el lujo desenfrenado que caracteriza la vida pública y privada de “Alito”.
A lo largo de la presente campaña electoral uno de los ejes del debate ha sido la sospecha sobre el origen de su patrimonio, el cual incluye exclusivas viviendas, embarcaciones de lujo, vehículos de alta gama, una escolta propia de un Presidente y hasta vuelos privados en el presunto avión de su asesora Gisela Rubach. Todas estas cuestiones, entrelazadas, han hecho saltar alarmas y denuncias. Los nexos de la consultora Rubach con figuras cuyo denominador común es su ligazón al narcotráfico y el crimen, como el priista Alfredo “Virrey” Castillo o el ex-gobernador de Guerrero durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Ángel Aguirre, es poco tranquilizadora.
Nadie se enriquece de la noche a la mañana por arte de magia, pasando de vivir en una vivienda de interés social a exhibir riquezas como si de un jeque se tratara. Que Alito se ha hecho multimillonario gracias al PRI no es ningún descubrimiento. Todo Campeche conoce su trayectoria. Primero, en calidad de joven que le hacía el trabajo sucio al partido de gobierno, incluso mediante el empleo de la violencia, como hizo en la UACAM con el fin de expulsar al rector y perpetuar su subordinación al PRI. Después, una vez premiado con el cargo de síndico del Ayuntamiento de Campeche, inició un meteórico ascenso económico y político que tal vez guarde relación con que fuera el encargado de revisar la legalidad de los contratos de obra pública, aunque no tuviera ni su licenciatura terminada. Curioso mérito este.
Y aquí es donde emergen sus amistades personales, las cuales tampoco presagian nada bueno para Campeche en caso de salir electo. Resulta llamativo que también le deba, y mucho, al PAN. En particular, la cercanía a Juan Camilo Mouriño lo situó en el corazón de una trama de corrupción responsable de un fraude millonario: Oceanografía. Antes de su trágica muerte el panista apoyó activamente a Alejandro Moreno para convertirlo en el gobernador más joven de Campeche, a pesar de no reunir entonces la edad legal.
Con tal de conseguir su propósito falsificó su propia partida de nacimiento, hecho a todas luces delictivo. Igualmente en el Sistema de Información Legislativa (SIL) figura como licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Campeche, aunque en dicha institución faltan años de su expediente y aunque haya recurrido a una “escuela patito”, la “René Descartes”, para justificar sus estudios, incurriendo así en otra ilegalidad. La candidata de Morena a la gubernatura de Campeche, Layda Sansores, criticó hace días que el aspirante priista posee una “declaración patrimonial incompleta, dos actas de nacimiento y que se presentara como abogado desde la primera vez que fue diputado y no tenía ni la cédula “patito” que ahora ostenta”, en tanto que la usurpación profesional es un delito.
En definitiva, son muchas las irregularidades cometidas por el candidato priista a lo largo de su fulminante carrera, pero nulas las explicaciones brindadas a los ciudadanos de Campeche. Son muchos, demasiados, los favores que debe, pero muy pocos los compromisos esclarecidos. Son suficientemente conocidos los indicios acerca de los nexos de “Alito” con el crimen organizado, pero es al pueblo al que le corresponde la última palabra. Esperemos que ni la voluntad de la gente ni mecanismos más oscuros le regalen la grandeza de gobernar esta tierra a quien no lo merece, de lo contrario, la suerte de la misma quedará por mucho tiempo ligada al narco.
