(18 de junio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El legislador Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano (MC), denunció que en el estado de Veracruz cada vez con más frecuencia se registran ataques violentos contra jóvenes de la entidad; reveló que de acuerdo a datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2011 al 31 de marzo de este año, se han contabilizado 3 mil 316 homicidios dolosos y 426 secuestros, lo que representa una escalada de inseguridad preocupante.
Las cifras son preocupantes si consideramos que de 2005 a 2010, la misma dependencia registró 2 mil 778 homicidios dolosos y 53 secuestros en la misma entidad.
González Rodríguez declaró que “nos resulta bastante preocupante que haya esta escalada de violencia en contra de los jóvenes veracruzanos; el pasado 5 de junio fueron atacados 8 estudiantes de diferentes facultades de la Universidad Veracruzana, por sujetos que potaban armas largas, si a esto sumamos que especialistas han advertido que hasta el 24 de septiembre de 2014, antes incluso del caso Ayotzinapa, 85 % de los desaparecidos del país eran jóvenes de entre 29 y 44 años de edad, tenemos un problema preocupante; habría que preguntarse, ¿qué futuro estamos construyendo para los niños y jóvenes de este país? Ese porvenir es un páramo desolado lleno de cruces”.
En la Sesión Permanente del Congreso de la Unión, los legisladores aprobaron solicitar a la Fiscalía General de Veracruz, información del el avance de la investigación sobre la agresión a los estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV), así como garantizar su seguridad.
Cabe señalar que los ocho estudiantes heridos, de entre 19 y 32 años, forman parte de la organización ecologista “Defensoría y Estrategias Integrales para los Derechos Humanos y el Territorio” y han participado en las marchas a favor de los normalistas de Ayotzinapa.
Sobre la agresión a los jóvenes, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) emitió un comunicado en el que “condena categóricamente” los hechos, en tanto que la Fiscalía General de Veracruz informó que ya investiga el caso; ambas dependencias negaron “tener participación” en el ataque, no obstante que los estudiantes y catedráticos de la UV responsabilizaron de la agresión al titular de la Secretaría de Seguridad Pública SSP, Arturo Bermúdez Zurita y al gobernador priista Javier Duarte.
Sin embargo, los integrantes de la Primera Comisión de la Permanente, modificaron la propuesta presentada por los legisladores, pues en el documento se puede leer que la solicitud original pedía que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajera la investigación sobre la agresión a los estudiantes.
Se argumentó que “no se cuenta con elementos suficientes para que la PGR conozca del caso, al no colmarse ninguno de los supuestos jurídicos que permiten el ejercicio de la facultad de atracción y, por tanto, esta Comisión estima que las autoridades locales deben continuar conociendo e investigando los delitos de los que fueron objeto los jóvenes agredidos, a fin de que se sancione a los responsables y se garantice la seguridad de las víctimas”.
Lo que sí aprobó, es exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en el marco de sus atribuciones, investigue las “posibles” violaciones a los derechos humanos.
Sangriento Veracruz
En la misma sesión, los legisladores urgieron al gobierno veracruzano a reforzar e implementar mecanismos de seguridad pública para garantizar a los habitantes el ejercicio pleno de sus derechos y libertades, en particular en el sector juvenil, tras el asesinato de una joven y la violación tumultuaria de otra.
El diputado González Rodríguez denunció que el pasado 6 de mayo una joven de 16 años, posteriormente identificada con el nombre de Columba Campillo González, fue privada de su libertad; dos días después, su cuerpo fue encontrado en un fraccionamiento residencial de Boca del Río.
A decir de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, la joven fue inyectada y asfixiada por sus supuestos secuestradores, identificados como Tonatiuh García Alguarme y Rosa Ileana Mortera Trolle, quienes decidieron asesinarla luego de que fueron reconocidos.
En la misma fecha, una joven de 16 años de edad, estudiante del Conalep Xalapa, fue “levantada” por 5 desconocidos que luego de agredirla sexualmente, la abandonaron.
La menor ingresó de urgencia a un nosocomio de esa ciudad, mientras sus familiares denunciaron la agresión ante la Agencia Especializada en Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y la Familia, sin que hasta el momento haya algún responsable detenido.
Ambos hechos, sostuvo el legislador, “encienden, una vez más, los focos rojos sobre la incapacidad del gobierno de Veracruz para garantizar la seguridad de sus habitantes y la frivolidad con la que se conducen, incluso antes de iniciar las investigaciones, (lo que) indigna aún más a la ciudadanía, que día a día ven cómo el hampa les roba la tranquilidad”.
Violencia llega a políticos
En tanto, a través de un comunicado, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) informó que su coordinador Miguel Alonso Raya y la diputada Yazmín Copete Zapot, pidieron a la Comisión Permanente exhorte a la PGR y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), a que atraigan el caso de los estudiantes veracruzanos.
A través del Área de Comunicación Social de la bancada perredista, se informó que la denuncia quedó asentada en la averiguación previa AP/PGR/VER/SAT/1/085/2015, e involucraría a Jorge Alejandro Carvallo Delfín, ex candidato a diputado federal por la coalición PRI-PVEM en el distrito XIX federal, con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz.
Copete Zapot denunció que ha recibido una serie de amenazas e intimidaciones por sujetos que portaban armas de grueso calibre, reservadas para uso exclusivo del Ejército, en la localidad del Salto del Agua de los Islaba Dos, Colonia Hidalgo, municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz, y quienes presumiblemente estaban realizando un operativo de compra de voto para favorecer la candidatura del priista.
“El 19 de mayo, colaboradores de la diputada en esa misma localidad, fueron interceptados por otro grupo de personas fuertemente armadas. Los amenazaron y hostigaron de manera directa y causaron daños materiales al equipo de sonido de su propiedad, hechos que también fueron denunciados ante el Ministerio Público municipal de esa misma localidad y que constan en otra averiguación previa”, se lee en el documento.
Y el PRI…a la defensiva
En la discusión del dictamen, el diputado del PRI José Alejandro Montaño Guzmán, aseguró que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, “en el marco de su compromiso de garantizar a los veracruzanos la tranquilidad y seguridad de sus vidas y bienes, implementó acciones y modificaciones que se tradujeron en reformas constitucionales para que las áreas de seguridad y justicia tuvieran herramientas jurídicas dentro del marco de la ley…para poder enfrentar las circunstancias que está viviendo el país, porque Veracruz no está exento”.
El priista aseguró que con la creación de la Fuerza Civil se modernizó la policía del estado, cuyos integrantes “están preparados con los más exigentes protocolos de entrenamiento y capacitación para atender a la ciudadanía y combatir el crimen común y organizado en la entidad; se creó el Grupo Fusión para coordinar las acciones institucionales del estado en materia de secuestro, mismo que ha alcanzado resultados en la solución de casos de personas retenidas ilegalmente”.
Montaño Guzmán no paró ahí la defensa del ejecutivo veracruzano y afirmó que los cuerpos de seguridad de la entidad, así como la fiscalía local, hacen un trabajo coordinado con las fuerzas federales para aminorar los efectos de la delincuencia; “se ha ampliado de manera decidida la colocación de cámaras de video vigilancia en diversos puntos conflictivos del estado y en vías carreteras para monitorear las actividades delictivas y reaccionar oportunamente en consecuencia”.
El legislador, pidió a sus homólogos reconocer lo que, afirmó, está bien operado en el estado; “funcionarios comprometidos, como lo ha demostrado el fiscal, Luis Ángel Bravo y el secretario Arturo Bermúdez, también deben reconocerse”.
