(26 de junio, 2015).- Momento crítico el que se vive en el país, “perdimos esta votación, pero la asumimos” señala Joel Salas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), quien considera el caso Tlatlaya como un parteaguas genereador de desconfianza e invita a que el instituto que comisiona genere la misma que se ha perdido, pese no poder fallar a favor de la sociedad civil.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva en su programa matutino homólogo, Joel Salas enlistó sucesos de impacto nacional que desestabilizan la confianza de la ciudadanía con respecto a sus instituciones. De acuerdo al comisionado la gente sí confía en la SEDENA, pero resulta que los militares están involucrados en el caso.
La duda y las anomalías inician cuando los números oficiales son distintas al número de personas ejecutadas por militares que da la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Y es que de acuerdo a información de la PGR sobre lo que sucedió el 30 de junio del año pasado en una bodega en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, la Procuraduría General de la República menciona que elementos del Ejército ejecutaron a 8 de los 22. La contraparte (CNDH) asegura que fueron 15.
“En este sentido, los hechos en torno a Tlatlaya, sí generaron un antes y un después, sumémosle Ayotzinapa y luego otros más en donde la población y la ciudadanía, desconfía mucho de sus instituciones públicas”, indica Salas.
A raíz de ello se desarrolló un pleno en donde se exigía al Inai, se esclarecieran las cifras oficiales, sólo que en este caso se trataba de militares
“la resolución que se tocó era sobre posibles castigos al Ejército por el incumplimiento de su normativa.” El ejército estaría atentando contra la ciudadanos, y su función es en un sentido opuesto.
“La mayoría del pleno determinó que no se podíamos nosotros entrar a ver que estaban consignados como hechos en esa averiguación previa, porque era un juicio castrense, sin embargo, tres comisionados argumentamos, que el Inai sí debería ser competente para conocer qué estaba registrado ahí, y de qué tipo de desobediencia castrense estábamos hablando”.
Señaló como tema de fondo, el que no pudieron entrar, no se accedió a entregarle al Inai los documentos para que se viera lo que estaba consignado y poder valorar si en esos hechos, se habían producido graves violaciones a derechos humanos.
El termómetro marca alta la temperatura por la violencia generada por el Estado, y sus instituciones son desprestigiadas entre ellas mismas, mientras la ciudadanía solamente ve caer o desaparecer los cuerpos de sus familias, compañeros, amigos o colegas.
