Ilustración: Pe Aguilar
(29 de junio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Desde abril de 2014, Puebla ha sido escenario de una serie de detenciones y encarcelamiento de activistas sociales y defensores de derechos humanos quienes, en el ejercicio de sus tareas, han tenido que enfrentar denuncias y procesos judiciales basados en acusaciones infundadas.
Algunos de estos temas han sido del conocimiento del Poder Legislativo y por el mismo conducto, se ha exhortado al gobierno de Rafael Moreno Valle, a generar los canales de comunicación y diálogo con el objetivo de evitar que defensores de derechos humanos enfrenten procesos judiciales arbitrarios y que el Estado garantice el pleno respeto a sus derechos, en particular, para evitar que se criminalice la protesta social; sin embargo, las irregularidades han seguido presentándose.
Una de las organizaciones que se ha visto mayormente golpeada por las detenciones arbitrarias ha sido la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”, creada desde 1973 y que actualmente tiene 3 mil afiliados. Los dirigentes de esta han declarado en diversas ocasiones, que el objetivo principal de la organización es defender sus espacios de trabajo y buscar mejores condiciones de vida para sus integrantes.
Sin embargo, sus exigencias han “incomodado” e incluso “disgustado” al gobierno local y estatal, por lo que ha sido señalada como una organización “beligerante” y “radical”.
Estigmatización y persecución
Durante noviembre de 2014, el gobierno de Moreno Valle orquestó diversos operativos en el Mercado Hidalgo, de la ciudad capital del estado; esta presencia policial ha sido leída por los integrantes de la organización como una forma de intimidación y acoso a la organización, detectándose, incluso, el uso desmedido de la fuerza contra los comerciantes.
El 19 de diciembre pasado, Rubén Sarabia Sánchez, dirigente de la organización, fue privado de su libertad, con el argumento de que se le revocaban los beneficios de pre-liberación por un proceso penal iniciado en 1989.
Días más tarde, el 23 del mismo mes, Atltonatihi Rubén Sarabia Reyna, hijo de Rubén Sarabia, también fue detenido en la Ciudad de México, luego de participar en una manifestación que tenía por exigencia la liberación de su padre. Agentes de Puebla lo golpearon y amenazaron en repetidas ocasiones, además de que no le mostraron ninguna orden de aprehensión girada por alguna autoridad competente.
Un mes más tarde, el 23 de enero de 2015, le notificaron a ambos, un nuevo auto de formal prisión del proceso penal 530/2014, tramitado en el juzgado de Cholula, en donde se les acusa del delito de narcomenudeo, en la modalidad de suministro.
El 11 de abril de este año, fueron detenidos, de manera arbitraria, 18 taxis pertenecientes a la misma organización, a pesar de que sus dueños presentaron la documentación correspondiente que respaldó su operación. Las unidades permanecieron retenidas durante varios días por elementos de tránsito, con el argumento de que faltaban al reglamento.
De acuerdo a los abogados de la organización, hay al menos 21 averiguaciones previas en contra de los simpatizantes de la misma, a cargo de la Procuraduría de Justicia de Puebla, por la comisión de varios delitos, lo que implica, según sus testimonios, que en cualquier momento se pueden registrar más detenciones.
Los comerciantes denunciaron que el pasado 15 de mayo, un grupo de golpeadores ingresaron al mercado Hidalgo para amenazar y agredir a los locatarios, lo que dejó como saldo a varias personas lesionadas.
El caso Simitrio
Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, se desempeñó como uno de los principales líderes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de octubre”, organización de vendedores ambulantes, taxistas y familias de vecindades. Durante el desalojo de comerciantes ambulantes en el centro de la capital poblana en 1986, “Simitrio” se convirtió en el referente de la UPVA y desde entonces, fue incómodo a las autoridades.
En la recomendación 7/91 de la CNDH, remitida al gobernador de Puebla, señala que el 22 de octubre de 1990 se interpuso un escrito de queja por parte de los licenciados José Sánchez Rugeiro, José Roldán Xopa, Judith Camacho Quintana, Rafael Cruz de la Paz, Alberto Hernández Rojas, Leonardo Gámez Octaviano, Nohemí Leticia Ánimas Vargas, Jorge Montoya Jiménez, Víctor Ruíz Rodríguez, Manuel Flores Sombrerero y Aristeo Salazar presentaron una queja por la violación de derechos humanos a varias personas dirigentes de la UPVA, particularmente a Rubén Sarabia Sánchez.
En el documento, los quejosos señalaron que el 4 de junio de 1989, “Simitrio” fue detenido en la Ciudad de México por agentes de la Policía Judicial del Estado de Puebla, quienes operaban bajo las órdenes del comandante Roberto Sánchez Armenta, entonces Coordinador de la Policía Judicial.
Horas más tarde fue entregado a la guardia de Agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal, quienes lo pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, acusado de posesión de mariguana y portación de arma de fuego sin licencia.
El MP se declaró incompetente y “Simitrio” fue remitido a la Procuraduría General de la República (PGR) donde fue interrogado. Posteriormente se le envió con el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en Puebla, en donde ya se había girado una orden de aprehensión en su contra.
Durante su estancia en el Centro de Readaptación Social, el dirigente permaneció aislado y fue ubicado en una celda del área de visita íntima y bajo constante vigilancia de un custodio.
De acuerdo Humberto Fernández de Lara Ruiz, entonces titular de la Procuraduría, “Simitrio” tenía abiertos varios procesos del fuero común y federal –robo, daño en propiedad ajena y lesiones- en la causa penal 337/785, radicada en el juzgado Segundo de Defensa Social; en el expediente 507/986, en el mismo juzgado se le acusaba de golpes, asociación delictuosa y otros; mientras que en la 156/989, por el delito de robo de vehículo; en la 249/989, por homicidio calificado; en la 141/988, por el delito de daño en propiedad ajena y en el 113/989, por privación ilegal de la libertad.
El juzgado Cuarto de Distrito de Puebla, acusaba en la causa penal 9/989, por posesión de marihuana y acopio de armas; en el Quinto del Distrito Federal, bajo la causa 135/989, por portación de arma de fuego sin licencia.
Todos estos señalamientos generaron que Rubén Sarabia fuera sentenciado a 70 años de prisión, aunque la CNDH recomendó el cese de aislamiento e incomunicación, que directivos u otros funcionarios del centro se abstuvieran de molestar al interno y el retiro de la custodia como forma de hostigamiento instrumentado por el Director del Centro de Readaptación Social y el Director o Jefe de Seguridad aludidos.
Sin embargo, en la Gaceta 113 de la CNDH, se informó que la recomendación 7/91, remitida al gobernador de Puebla, no fue aceptada, por lo que “Simitrio” estuvo detenido hasta 2002, año en que fue pre-liberado, hasta su detención el 19 de diciembre de 2014, cuando se dirigía a una reunión con el Secretario de Gobernación del Estado de Puebla, José Guillermo Aréchiga Santamaría.
El 11 de diciembre, la cuarta visitadora general de la CNDH, Yolanda Leticia Escandón Carrillo, dirigió el oficio V4/73505 a Luis Maldonado Venegas, Secretario general de Gobierno de Puebla, para solicitarle salvaguardar la integridad y seguridad de Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, Atl Tonatiuh Rubén Sarabia Reyna, Xihuel Sarabia Reyna, Ehecatl Tonatiuh Sarabia Amador, Alejandra López Reyna e Irma Reyna Martínez, con el propósito de evitar daños o agresiones en su contra.
Intervención del Legislativo
Ante la ola de intimidaciones y agresiones a defensores de derechos humanos en la entidad, el Legislativo exhortó a la CNDH, a realizar una investigación sobre la actuación de las autoridades del gobierno de Puebla, para determinar si ha habido violación a los derechos humanos de los simpatizantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”.
Los integrantes de la Comisión Permanente solicitaron al gobierno de Moreno Valle, adoptar las medidas necesarias para garantizar el respecto a los derechos humanos de los comerciantes y demás afiliados.
A la autoridad jurisdiccional de la entidad, pidieron garantizar el derecho al debido proceso y que los representantes legales de la organización, así como de “Simitrio” y de Atl Rubén Sarabia Reyna, tengan el acceso a la información necesaria para una buena defensa.
