(01 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El actuar del gobierno mexicano para atender y erradicar la tortura ha sido calificado por diversos sectores como muy pobre, en donde se han dejado de hacer acciones importantes y trascendentales para poder terminar con esta problemática, realizada principalmente por los elementos encargados de la seguridad en el país.
Al respecto, para Amnistía Internacional (AI) México tiene en frente muchos retos que son necesarios superar para hablar de una reducción real en el número de casos de tortura, mismos que en los últimos años han sufrido un crecimiento exponencial.
Mariano Machain, representante de la oficina regional de AI, manifestó que en el país una de las principales circunstancias que afecta el combate contra la tortura es la ausencia de voluntad política para atender la problemática. Indicó que el gobierno mexicano no tiene interés para abordar esta situación.
“El primer desafío que vemos en México es la falta de voluntad política real para enfrentar el tema, combatir la tortura y la impunidad en los casos de tortura. No vemos que haya un interés real de las más altas esferas del gobierno federal y ni hablar de gobiernos estatales o municipales para enviar un mensaje claro a todos los funcionarios públicos, policías, soldados, marinos, de que la tortura no va a ser permitida y que cualquier alegación de tortura va a ser investigada a fondo y que los responsables sí van a ser llamados a rendir cuentas. Esto es lo que no estamos viendo y que sería crucial, en primer lugar para mandar ese mensaje y que las demás autoridades de nivel local se lo empiecen a tomar en serio”, comentó.
El representante de AI además manifestó que no existe una estrategia estructurada para afrontar el fenómeno, por lo que en la nación no existe especialización, ni alguna clase de acción que dé paso a dimensionar los alcances reales del problema.
“No vemos que haya equipos de trabajo especializados en el tema. No vemos que se estén sugiriendo medidas concretas para combatir la tortura. No vemos ni la producción de informes, ni la transparencia, ni la divulgación de datos o de los resultados que obtienen las políticas públicas que combaten este flagelo”, detalló.
Asimismo Machain habló sobre la actitud que el gobierno de EPN ha asumido ante el creciente aumento y los señalamientos de la existencia de este fenómeno. En específico se refirió a lo vivido hace unos meses cuando el relator especial de la ONU para la tortura, Juan Méndez elaboró un informe en donde señaló que en el país la tortura es generalizada. Afirmó que las declaraciones del gobierno tratando de descalificar lo dicho por el experto es una muestra de la poca voluntad de la administración federal para reconocer y atender el problema.
“La decisión del gobierno federal de cuestionar el informe del relator de la ONU, Juan Méndez, nos da la pauta para afirmar que esta voluntad política no existe, que más bien el mensaje que dieron cuando supieron de la publicación del informe del relator especial fue de cuestionamiento hacia sus observaciones, en lugar de valorar los aportes y recomendaciones”, expuso.
Aunado a lo anterior, Machain habló sobre la impunidad que impera en la nación en lo que respecta al tema de agravios a los derechos humanos. Añadió que en el país la impunidad es generalizada en los casos de tortura.
“La impunidad en México es generalizada en casos de tortura, a nosotros en Amnistía Internacional, el consejo federal de la judicatura nos habló de 7 sentencias firmes desde que la tortura es un delito a nivel federal. Entonces hablamos que desde 1991, sólo existen 7 sentencias en casos de tortura”, apuntó.
En tal sentido aseguró que el combate a la impunidad es uno de los aspectos fundamentales para reducir los índices de tortura, pues si el gobierno garantizara investigar y castigar a los responsables, se daría un mensaje para que ya no exista más el problema.
“El segundo desafío que quiero resaltar es el tema de la impunidad. La mejor política de prevención de la tortura en un país como México es garantizar que la tortura sea investigada y que los torturadores rindan cuentas, esa es la mejor política; luego pueden argumentar que también los entrenamientos y capacitación de policías y soldados también son importantes, pero ante todo, lo que se necesita es rendición de cuentas y con sistemas de controles efectivos que son lo que garantizan que se envían esos incentivos y señales para que otros policías y soldados no torturen en el futuro”, apuntó.
En lo referente, el representante de AI hizo mención de la ineficacia de las autoridades mexicanas para documentar y acreditar la existencia de tortura en las victimas, hecho por el cual, explicó, también no se presenta la justicia en los casos. Entre otras cosas, manifestó que hay una mala aplicación de los peritajes, mismos que dan paso a identificar la tortura.
“Hay muchas falencias por las cuales no se llega a mayores sentencias, que no se llega a mayores torturadores tras las rejas. Una de las principales falencias es la manipulación y la mala aplicación que se hace de los peritajes médico-forenses en estos casos, que a nivel mundial están regulados por el Protocolo de Estambul y que México desde 2003 lo implementa a nivel de la PGR, adherido al protocolo al menos formalmente, pero lo que hemos visto del 2003 hasta ahora son graves falencias en la aplicación del Protocolo”, indicó.
Detalló que en la gran mayoría de los casos las víctimas de este fenómeno no son atendidos de manera oportuna por personal especializado como ´médicos forenses o psicólogos.
“En la gran mayoría de los casos las victimas que alegan tortura nunca son entrevistadas por un perito médico-forense o por un perito psicólogo. En los caso en los que por suerte sí son entrevistados y se les aplica el protocolo de Estambul, o el examen médico forense, llegan muy tarde, incluso casos donde tardan años. Aquella victima que alegó tortura y tuvo la suerte de ser visitada por un perito oficial, muchas veces ve que los peritos simplemente no registran lesiones, en algunos casos porque ya ha pasado tantos años que las lesiones han sanado, en otros casos las lesiones siguen ahí, pero no las detectan entonces es una falencia en la realización de la examinación”, dijo.
En este tópico, señaló que en algunos casos cuando los peritos sí encuentran lesiones, estas son interpretadas erróneamente, perjudicando así el dictamen. Además que muchas veces estos profesionales “se basan excesivamente en los certificados médicos que toda persona detenida obtiene al momento de ser puesta a disposición del MP y del juez”.
“Todas estas son grandes falencias que se dan en México. En AI hemos visto mucho de estos peritajes que nos han acercado las víctimas y sus representantes legales, y también la PGR nos permitió conocer una muestra de examinaciones médico-forenses donde pudimos ver este patrón de fallas generalizadas. El protocolo de Estambul además suele ser mal interpretado por los MP en el sentido de que esperan sí o sí que exista un protocolo de Estambul positivo para seguir investigando. Si no hay protocolo de Estambul o este arrojó conclusiones negativas eso es una señal para dejar de investigar y prácticamente la averiguación previas allí se cierra”, comentó.
En la investigación de este tipo de casos, explicó, también se presenta la poca colaboración de instancias policíacas y militares al momento de solicitar información. En tal sentido mencionó el ejemplo de Ángel Colón migrante centroamericano víctima de tortura. Dijo que en este caso la Secretaría de la Defensa (Sedena) no ha querido colaborar proporcionando los datos de los elementos castrenses que estuvieron a cargo del operativo en el cual ángel Colón fue detenido y torturado.
“Esto es lo que hemos visto mayoritariamente a nivel federal. Creemos que la situación en los estados es todavía mucho peor, en donde hay menos peritos médicos-forenses especializados en las procuradurías generales de justica, y en aquellos casos en donde sí haya peritos y se realice el protocolo de Estambul, todavía la calidad es peor y las falencias son mayores”, explicó.
Mariano Machain señaló que otra de las cuestiones por atender es la falta de apoyo a las víctimas de tortura, ya que dijo, las instancias oficiales no procuran la reparación del daño. Agregó que en este punto las dependencias de gobierno no sólo son las culpables, pues las Comisiones de derechos humanos también han fallado en el tema.
“Un tercer desafío que voy a mencionar es la falta de apoyo concreto a las víctimas de tortura; la falta de apoyo por parte de las instancias oficiales para que puedan acceder a reparación del daño y rehabilitación. Pero no solamente la Secretaría de gobernación o la Comisión de Atención a Víctimas son responsables aquí, las comisiones de derechos humanos también podrían hacer mucho más para apoyar a las víctimas. La CDHDF ha hecho un buen trabajo de tortura, pero esto no es la norma; hacer buen trabajo para investigar y exponer cuestiones de tortura no es la norma en las demás comisiones, ya sean estatales o la CNDH”, declaró.
