(01 de julio, 2015, Revolución TRESPUNTOCERO).- “En los últimos años la región Mixteca se ha colocado en el segundo, lugar a nivel estatal, en número de feminicidios, en algunos casos provinientes de problemas estructurales, como la educación, pobreza, falta de acceso a la salud, y otros servicios que que le podrían permitir a la mujer, condiciones para tener una vida libre de violencia”, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO la titular de Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO), Anabel López Sánchez.
Al mismo tiempo asegura que, “desde la llegada del gobernador Gabino Cué, hemos tomado como nuestra, la lucha de las mujeres, contra la violencia en sus distintas formas. En el caso particular del feminicidio; desde las instituciones de gobierno hemos promovido la coordinación con organizaciones de la sociedad civil para elaborar propuestas, y protocolos, tenemos acciones específicas de capacitación, de manera permanente para el personal de la Procuraduría”.
A contraposición, el Informe Feminicidio en Oaxaca, impunidad y crimen de Estado contra las mujeres, pone a la luz la gravedad creciente de la violencia contra las mujeres en Oaxaca, que ha llevado a configurar el feminicidio como “consecuencia de la incapacidad del Estado para garantizar la vida de las mujeres, de actuar apegado a la legalidad, de prevenir, atender y erradicar las prácticas que lo ocasiona”.
Oaxaca es uno de los estados de la República con el mayor índice de violencia feminicida. De acuerdo con la información del Informe; los asesinatos de mujeres no distinguen edad, sin embargo son las mujeres jóvenes, entre 11 y 30 años quienes entre diciembre de 2012 y noviembre de 2013 fueron mayormente asesinadas: 15 % tenían entre 11 y 20 años y 19 %estaban entre los 21 y 30 años.
De diciembre de 2012 a noviembre de 2013, las organizaciones de la sociedad civil, documentaron, 78 mujeres asesinadas; 188 casos de violencia intrafamiliar; 182 casos de violencia sexual; 123 casos de violencia social y laboral; 36 casos de mujeres reportadas como desaparecidas.
Del 1 de enero al 15 de febrero de 2014 se documentaron 12 asesinatos de mujeres, dato que en proporción con el mismo periodo de tiempo del 2013, se elevó 300%. Hasta el día 6 de marzo de 2014, el número de mujeres asesinadas durante la administración de Gabino Cué ascendía a 267 feminicidios (en su cuarto año de gobierno), sólo 17 menos que los ocurridos durante todo el sexenio de Ulises Ruíz.
Al finalizar 2014, en la región Mixteca se registraron 19 homicidios de mujeres, documentados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (PGJEO), de los cuales, 17 fueron declarados como feminicidios por parte del área pericial y los Agentes Estatales de Investigación (AEI), ubicándola como una de las dos zonas con un alto índice de casos.
La Subprocuraduría Regional de Justicia en la Mixteca, dio a conocer que los feminicidios se registraron en los distritos mixtecos de Huajuapan, Putla, Juxtlahuaca-Silacayoápam y Tlaxiaco, en este último durante junio se registraron tres feminicidios.
Sobre el tema, Jessica Sánchez Maya, integrante del equipo directivo del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, afirma a Revolución TRESPUNTOCERO, “la región de la mixteca es un espacio que ha sido poco atendido, debido a la problemática de procuración de justicia, ya que se tiene poco personal, y el que labora ahí, se encuentra poco capacitado, lo que posiblemente ha generado la mala atención hacía las mujeres que denuncian violencia, ejercida por primera vez en su contra”.
El feminicidio más reciente, ocurrió en Tlaxiaco, una joven de 28 años de edad fue asesinada la madrugada del sábado pasado, había denunciado violencia de género ejercida por su pareja. La mujer recibía asesoría y acompañamiento legal de una organización para lograr salvaguardar su vida y la de sus hijos de 11, 9 y 3 años de edad. Ana María Hernández Cárdenas, integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, comenta que, “este tipo de hechos, refleja que los procedimientos para salvaguardar la integridad física de la víctima, se encuentran muy lejos de ser eficaces porque no se activan todas las formas de protección”.
Por su parte Sánchez Maya explica, “el último caso que se suscitó el fin de semana, refleja claramente la poca importancia que las autoridades le están dando a las denuncias por violencia intrafamiliar, a las amenazas, de las cuales las mujeres son víctimas. Estamos ante un fenómeno donde se está desestimando la amenaza de muerte que ejercen los agresores, cuando potencialmente los mayores riesgos que corren las mujeres es cuando intentan salir de una relación violenta, o cuando denuncian a su victimario”.
Y agrega, “las autoridades correspondientes no observan los hechos y es por eso que toman una denuncia y les dicen ‘regrésate a tu casa que no va pasar nada’ o ‘tú eres responsable de la violencia, pórtense bien y que asuman sus roles’.
“Lamentablemente poco ha invertido el Estado a fortalecer las agencias del Ministerio Público y a los grupos de reacción; pese a que existen programas como Mujer Segura, no se ven reflejados en dichas regiones. Otra medida más que se debe tomar, es sancionar al ministerio público, al fiscal o al subprocurador, que no esté dirigiendo debidamente las diligencia las investigaciones de violencia contra las mujeres, tienen que ser destituidos”, asevera Sánchez Maya.
Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), asegura a Revolución TRESPUNTOCERO, que aun cuando en la región Mixteca y puntualmente en Tlaxiaco, se abrió la Fiscalía de Delitos contra la Mujer, debido a que era la zona donde más violencia contra mujeres se registraba, esta dependencia es inoperante.
Y explica que lo anterior se refleja, cuando los delitos que son denunciados en dicha Fiscalía, no tienen abierta una investigación, principalmente porque no tienen contratados peritos médicos que realicen las averiguaciones de manera técnica, ya que solamente cuentan un agente de policía investigador.
Santiago Reyes, afirma que le región Mixteca vive una situación de gravedad, ya que las mujeres indígenas están siendo asesinadas con mayor frecuencia, problema social que no es combatido por el Gobierno.
Según datos de la activista Susana Martínez, “En la mayoría de los casos, el feminicidio es la culminación de la violencia ejercida contra las indígenas, ejercida por sus parejas; los datos proporcionados por el departamento de Equidad de Género y Salud Reproductiva de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) el problema de violencia de género ha crecido imparablemente en los últimos años en la Mixteca.
Indicando que un 89 % de las mujeres indígenas de la Mixteca son víctimas de violencia física, sexual o psicológica, lo que deriva en una “grave situación de salud pública en la región”. Asegurando que aun cuando los hechos acontecen en una zona con pobreza y marginación, éstos no son elementos fundamentales para dar muerte a una persona, es en realidad una problemática cultural, que afecta a todos los estratos sociales, sin embargo se intensifican en las clases bajas, porque son grupos olvidados y discriminados por las mismas autoridades”.
“Existe un nivel alto de permisibilidad, derivado de no tomar en serio las denuncias de las mujeres, y por ello surgen los casos de feminicidios, entonces la responsabilidad no solamente es de quien la mató, sino también de Ministerio Público que no dictó una orden de protección, que no tomó en cuenta el riesgo que significaba que esa mujer regresaba a su casa, y por lo tanto es responsable por omisión del asesinato. Es por ello que el Estado debe sancionar, porque sino las actitudes se repiten y se crean las negligencias por parte de los funcionarios que dimensionan la gravedad de la situación, que enfrenta las mujeres cuando acuden ante ellos y aseguran ser víctimas de violencia” comenta Sánchez Maya.
Además puntualiza, “existe falta de políticas públicas y programas integrales para la atención de mujeres que viven violencia. En el caso de las mujeres indígenas, se enfrentan a múltiples discriminaciones y con frecuencia son humilladas, colocándolas en un estado de vulnerabilidad, principalmente cuando se vive en una región apartada, donde no existen mecanismos para una transportación o salida de emergencia, lo cual profundiza los niveles de riesgo, sin contar que si la persona indígena se atreve a denunciar, muchas veces no habla el español, surgiendo así marginación y se le suma no entiende lo que significa el proceso judicial, derivando en graves situaciones, como el feminicidio”.
