Cuando los aparatos que crean las condiciones para la dominación por medio del consenso se agotan, los medios por los que se ejerce el poder son los instrumentos represivos; es decir, cuando ya no es suficiente manipular y oprimir a un pueblo a través de las instituciones del aparato ideológico del Estado, como los medios de comunicación, la iglesia, los partidos políticos o la educación, se recurre a la fuerza física para someterlo.
Lo que sucede en México es una crisis de la clase hegemónica, las instituciones por medio de las cuales se impone la violencia simbólica (aquella que no es violencia física, sino cultural, política e ideológica) están agotando su credibilidad frente a la sociedad que se muestra cada vez más escéptica del gobierno, de sus televisoras públicas y privadas, sus medios de información impresos y electrónicos, así como de sus partidos políticos.
Es entonces en esta fase de agotamiento político y hegemónico por medio del convencimiento y no de la represión, cuando el Estado mexicano ha optado por imponerse con el asesinato de periodistas que se oponen a ocultar su podredumbre y de líderes comuneros que se organizan para combatir el narco-gobierno, con el genocidio de pueblos que defienden el territorio amenazado por las grandes mineras extranjeras como es el caso de Santa María de Ostula.
En esa misma crisis institucional, un amplio sector de maestros y maestras disidentes de México, se niegan a reproducir en cada escuela, la educación y la cultura para el sometimiento por parte de la aristocracia neocolonial, corrupta, ignorante, despilfarradora y cínica que se ha enquistado en el poder político de nuestro país.
Si las instituciones educativas ya no cumplen su papel de reproducción ideológica, es la violencia física la que ocupa su lugar; por eso los militares y policías son para el Estado mexicano la única garantía del ejercicio físico del poder, mientras que la dirección del proyecto educativo lo encabezan los perfiles judiciales, especializados en hacer valer la legalidad por medios represivos y no consensuados, como en el “nuevo” IEEPO.
Esto no es un caso atípico de Oaxaca; en Michoacán, digamos el otro foco rojo de la disidencia magisterial, el gobierno priista de Fausto Vallejo ensayó en Secretaría de Educación en el Estado (SEE), un secretario de experiencia nula en el sector educativo pero de amplia trayectoria en el poder judicial para darle orden a este sector. El propio Chuayffet arrastra, si no una carrera judicial, sí una historia de represiones violentas contra los grupos opositores al régimen.
El peligro de la ocupación militarizada de los espacios educativos, que no sólo son las oficinas administrativas sino también las escuelas y del currículo para el sometimiento, no es un asunto que se limite a una entidad, más bien es un problema de dimensiones nacionales, sería un error de la sociedad focalizarlo y convocar a la defensa de una organización en específico.
El problema de la educación en esta crisis de agotamiento del consenso, es que las escuelas públicas pierden funcionalidad, está en riesgo su existencia que bien podría sustituirse por escuelas privadas, precarias pero muy rentables para el empresario, desde ahí podría conducir la formación de un tipo de ciudadano directamente educado por él sin la mediación del Estado.
El millón de pobres que cada año se acumula en el gobierno de Peña Nieto, no está en la lista de preocupaciones para el gobierno, el destino de la mayoría de los jóvenes no sería el de la educación y el trabajo, a ellos les espera la exclusión total, por lo tanto requieren de militares y policías para contenerlos, para desaparecerlos o asesinarlos.
Podríamos decir entonces que no se trata de que un organización sindical prevalezca o que se resuelvan los problemas de un estado en particular; es innegable que la CNTE tiene una histórica tradición de lucha, no obstante, lo que está en juego es el futuro de la educación pública, el destino de millones de niños y jóvenes, la defensa de la democracia ante el avance vertiginoso del fascismo, y esto no es una consigna para referirse peyorativamente al Estado mexicano, las muestras en pérdidas de vidas y de la libertad de expresión son realmente evidentes.
En este contexto, no es suficiente con que los maestros convoquen a que se solidaricen con ellos, los agraviados son muchos más y las posibilidades de organizar a la sociedad para erradicar la raíz de un problema común son también mayores, la unidad popular no debe ser por el magisterio sino para revertir el proceso de facistización que se vive en todas las dimensiones de la vida nacional.
*Historiador y profesor, miembro del Centro Sindical de Investigación e Innovación Educativa de la CNTE en Michoacán.
