(18 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Las noticias de los principales medios locales y algunos canales de televisión a nivel nacional, aseguraban que aquél 12 de agosto de 2013 se había logrado la detención de tres presuntos extorsionadores “gracias a la valiente denuncia ciudadana, como resultado de la coordinación entre la Policía Estatal Única División Preventiva y el Grupo Antiextorsiones de la Fiscalía General del Estado”.
Se aseguró que un sujeto, del cual jamás se dio a conocer información y a quienes los inculpados nunca pudieron ver, denunció que desde hacía varias semanas lo venían extorsionando, por lo que agentes policiales montaron un operativo encubierto en el estacionamiento de un centro comercial de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se suponía llegaría uno de los presuntos extorsionadores a recoger el dinero.
Según la declaración de los elementos de la Policía Estatal Única, aproximadamente a las 10 de la noche los oficiales ingresaron al local indicado, donde rodearon a un hombre con las características descritas por los afectados, quien fue detenido ya que se le identificó plenamente por los afectados como el sujeto que los había estado extorsionando.
El sujeto arrestado fue identificado como José Eduardo Estrada Cardona de 20 años, a quien, a decir por las autoridades, se le encontraron 300 pesos como producto de la extorsión e inmediatamente confesó que trabajaba para una persona nombrada “El Diablo” quien lo estaba esperando en el estacionamiento del centro comercial junto con una mujer, a bordo de un vehículo.
Se dice que cuando las autoridades ubicaron a las personas -identificados como Leonardo Gilberto de la O. Ramos de 25 años y Cristel Fabiola Piña Jasso de 23 años- fueron detenidas. Los medios locales informaron: “con estas acciones la Policía Estatal Única refrenda su compromiso de combatir a la delincuencia en sus distintas modalidades y exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier ilícito o actividad sospechosa”.
A la historia anterior se contrapone la versión de las organizaciones sociales y la de las abogadas defensoras de Cristel Jasso, la cual se encuentra sustentada en distintas pruebas, incluyendo los resultados del Protocolo de Estambul que demuestran que padeció tortura, bajo la cual aceptó una culpabilidad de la que no era responsable.
El 12 de agosto de aquel año la policía del estado de Chihuahua entró al domicilio de Cristel Fabiola Piña Jasso y su esposo, en Ciudad Juárez. Sin tener ninguna orden de aprehensión los detuvieron, alegando que alguien los había acusado de estar implicados en el delito de extorsión. Según los informes a los que ha tenido acceso Revolución TRESPUNTOCERO, la policía amenazó con violar a Cristel delante de su esposo si no confesaban. A éste lo golpearon y le dieron descargas eléctricas delante de ella.
A Cristel la golpearon en la cabeza, en las costillas y en las piernas; y fue sometida a violación sexual en varias ocasiones. Los mismos informes señalan que en la Fiscalía General del Estado los obligaron a firmar, en presencia de la policía judicial y de un abogado de oficio, declaraciones en las que reconocían la extorsión, a decir por los inculpados, después de horas de ser torturados y a cambio de que el hostigamiento físico y psicológico cesara.
La afirmación sobre su supuesta detención en un centro comercial también fue refutada por los testigos, a decir, vecinos de la pareja que presenciaron cómo la policía los detenía en su domicilio. Al día siguiente, el padre de Cristel pudo tener acceso a la celda donde se encontraba su hija, pero sólo le permitieron hablar con ella en presencia de la Policía Judicial. Ahí se dio cuenta de los golpes que la joven tenía en el rostro, y le dijo en voz baja que se tenía que callar o la volverían a golpear.
Rafael Piña, su padre, aseguró en ese momento que ella no debería estar ahí, era inocente y la habían implicado falsamente, por lo que fue amenazado por la policía, asegurando que a él también lo acusarían de participar en la comisión del delito. Aunque Rafael presentó una denuncia ante la CEDH de Chihuahua, los funcionarios no la visitaron en detención y tampoco realizaron la averiguación pertinente.
Patricia Galarza, quien forma parte de la defensa de Cristel Jasso, explicó a Revolución TRESPUNTOCERO que el 14 de agosto la joven fue acusada formalmente y se ordenó su auto de formal prisión. Cuando compareció ante el juez, se retractó de su confesión, denunció la tortura que había sufrido y se descubrió la pierna para mostrar los hematomas. Pero al juez no le interesó la prueba y tampoco al ministerio público, ya que no realizaron investigación alguna y solamente se tomó en cuenta como prueba la declaración inicial.
Poco después el equipo de activistas del Centro de Derechos Humanos del Paso Norte se sumó a la defensa de Cristel y su pareja, insistiendo en que se diera paso a una averiguación sobre la tortura, a la que las siguientes tres juezas accedieron, ordenando así la apertura de una carpeta de investigación por el presunto delito configurado por las autoridades policiacas. “Sin embargo a partir de las declaraciones de tortura, no solamente hubo represalias para la joven y su pareja, sino también al exterior, sus familias fueron víctimas de amenazas de muerte, y finalmente los inculpados fueron trasladados a otro reclusorio fuera de la ciudad, bajo la excusa que se hablaba del delito de alto impacto”, asegura Galarza.
Según la abogada, Cristel formó un grupo de reclusas que afirman haber sido víctimas de tortura sexual y por lo cual aceptaron una falsa culpabilidad, pero que han tenido miedo a denunciar por temor a represalias. Ella también forma parte de la campaña “Rompiendo el silencio: todas juntas contra la tortura sexual”, realizada por el Centro Prodh. “Ella es una joven valiente y fuerte que pese a las injusticias de las que ha sido víctima, es ahora quien da voz al atroz sufrimiento de un gran número de mujeres presas. La principal estrategia jurídica de Cristel para obtener su libertad es su historia, una vez por semana la visitamos para reforzar la parte emocional, en todos los casos que acompañamos trabajamos empoderando al sujeto que el mismo sea la voz para decirle a la autoridad quien lo torturó y cómo lo torturaron”, puntualiza Galarza.
Su testimonio será reforzado por el Protocolo de Estambul que demostró que fue torturada. Según Galarza la apertura a juicio oral de Cristel será definida antes del 6 de febrero de 2016.
El Centro de Derechos del Paso Norte tiene documentados de 2011 a 2015, 126 casos de tortura registrados con fechas, nombres y perpetradores del delito en aquella zona, es por eso que aseguran que las autoridades mienten al decir que no existen casos de tortura, cuando incluso tienen señalados a militares, marinos y policías ministeriales, estatales y municipales.
“El centro realiza acompañamiento ante problemáticas graves arraigadas, como lo es la tortura, y como defensores nos enfrentamos a riesgos, como el amedrentamiento por las instancias a las que se les acusa de haber perpetrado la tortura, sabemos que nuestros teléfonos son monitoreados y todos somos vigilados a esa magnitud. De una u otra manera, la tortura la vivimos todos, aunque suene repetitivo se debe puntualizar que la práctica de la tortura a manos de las policías y fuerzas armadas es generalizada y no son hechos difíciles de descubrir, porque son demasiado evidentes. Hoy son los jóvenes los que la padecen con mayor frecuencia, porque aun cuando no se tienen pruebas para vincularlos con los delitos imputados ya son tratados como delincuentes, después de eso, usan el método de la tortura que crea desesperación para sucumbir ante las acusaciones y aceptar que ellos cometieron el delito con tal de que la violencia física y psicológica pare”, afirma Galarza.
Explica que ya no es correcto nombrarle “víctima de tortura” a quien la padece, porque son sobrevivientes, están sobreviviendo a la falsa culpabilidad y además en términos psicológicos pudieron mantenerse en pie, pese a que “se intentó aniquilar física y emocionalmente al ser humano, quien queda a expensas de una autoridad violenta que les ha arrebatado toda voluntad para poder decir y defenderse, asegurando que no lo hicieron o decidiendo quien quieren que los represente jurídicamente.
No solamente te desnudan el cuerpo, también esa parte emocional que dejan secuelas gravísimas, después de haber sido torturados hasta 20 horas seguidas. En México la tortura y los tratos crueles siguen y aumentan. En esta región también es continua, porque no termina”, sentencia Galarza.
