(23 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Hoy hace un año Anastasia Sántiz López cumplió 14 años, la niña pertenece a una de las comunidades indígenas tzotziles de Chiapas, y pocos días después de su cumpleaños fue vendida por 20 mil pesos a Federico Gómez Ruiz, perteneciente a la misma comunidad y quien casi le triplicaba la edad.
Federico decidió que quería a Anastasia como esposa, cuando la vio por primera vez en una tienda de abarrotes. Así que cumpliendo con la tradición de usos y costumbres, de los pueblos indígenas de la zona Altos de Chiapas, buscó a los padres y después de pedir la mano de su prometida, el novio entregó tres días después, la dote en casa de los padres, repartidos de la siguiente manera: fueron 15 mil pesos por concepto de su futura esposa y 5 mil pesos, para gastos de la boda, además llevó a los progenitores 10 costales de maíz y frijol.
En el ‘paquete de víveres’, Federico Gómez incluyó tres gallinas, frutas y botellas de aguardiente de maíz, tradicional de aquella zona chiapaneca. Ante los visitadores de Derechos Humanos, el padre de Anastasia explicó que fue vendida, pero que ella aceptó casarse, principalmente ‘porque sabía que es parte de la obligación de la mujer, cumplir con los deberes de los habitantes con motivo de los usos y costumbres.
Orbel es miembro de la comunidad tzotzil y explica a Revolución TRESPUNTOCERO que como padre de una niña de 11 años lo único que puede hacer es esperar a que esté un poco más ‘crecidita’ (13 o 14 años), para darla en matrimonio, y asegura que “no es una venta, es un intercambio de mujeres indígenas, porque no solamente es parte de una tradición, sino una forma de protección, ya que cuando una niña está pedida y dada, se espanta a los kaschlanes, (ladinos), que buscan convencer a las muchachas para que se escapen con ellos y no vuelvan más a su comunidad”.
Además asegura que ‘los de afuera’ ven mal que el novio dé dinero, cuando en realidad así demuestra cuanto le importa su futura esposa, “nosotros como padres sólo buscamos el bienestar para nuestras hijas, para que a futuro no les falte nada y tengan un hombre responsable que las mantenga, mientras ellas se ocupan de los hijos y el aseo de la casa, porque las amamos por eso lo hacemos…
O lo que es peor, les inventan que las quieren y luego las abandonan por estar embarazadas, por eso es mejor que nosotros que tenemos la experiencia elijamos quién le conviene y se quedará siempre con ella, tal vez vaya y tenga alguna aventura, pero ella siempre será la que esté en su casa, sin que le falte nada, será la legítima”.
Los padres de Anastasia tuvieron 4 hijas, todas ya vendidas, las cuales han dejado a su casa, ganancias hasta por 80 mil pesos, en los últimos años, aunque se han descontado 20 mil pesos de los gastos de las fiestas. La realidad es que Anastasia seguirá con la tradición de tener hijas, ella también serán vendidas para contraer matrimonio, a quien les entregue la cantidad que ambos consideren ‘conveniente’, así seguirán con la tradición de usos y costumbres de los pueblos indígenas de Chiapas.
Cada año cientos de niñas y adolescentes indígenas, entre los 10 y 12 años son vendidas en matrimonio en Chiapas. La dote o el precio va de los 10 mil a 50 mil pesos, además de otro pago en especie, que debe incluir varios kilos de azúcar, panes y otros alimentos, que son parte del paquete básico para que un hombre pueda adquirir una niña.
Según estudios realizados por UNICEF, en los matrimonios arreglados, generalmente el hombre maltrata a la menor, la esclaviza sexual y laboralmente con total impunidad, poniéndola al servicio de la familia para que desempeñe las tareas más complejas, todo ello bajo la llamada práctica de los usos y costumbres. “Dichos acontecimientos se conocen en el sistema de Derechos de la Infancia como prácticas tradicionales nocivas, que se mantienen en distintas culturas del mundo, malentendidas como parte de los usos y costumbres. Así como en África y en Asia se permite el casamiento entre adultos y menores, en las zonas indígenas de México esta acción es común”, da a conocer en entrevista para Revolución TRESPUNTOCERO, Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de Infancia en México (REDIM).
Pérez García asegura que este tipo de prácticas nocivas que colocan a niños y niñas como objetos de propiedad les impiden desarrollarse plenamente, sin embargo, dichas acciones en muchas culturas se encuentran legalizadas o exaltadas como de gran valor cultural, sin que les importe la violación de los derechos humanos.
La venta de niñas, a decir por el defensor de derechos humanos, se perpetra en comunidades indígenas de forma ‘constante y normal’, pese a que ninguna tradición, práctica cultural o acción comunitaria puede estar por encima de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, quienes no deben por ningún vivir ese tipo de circunstancia.
En las comunidades indígenas es frecuente que por el nivel de carencias y la falta de oportunidades se presente la violencia sexual y de ello deriven los embarazos tempranos, “esto lamentablemente se ha normalizado, y se justifica con la idea que a las niñas les pasa porque no tienen estudios, porque siempre es así con los indígenas o porque la tradición de ellos marca que se deben casar a temprana edad, pero para nosotros es importante destacar que este embarazo temprano sucede sencillamente por la falta de todo tipo de oportunidades y el matrimonio infantil como una forma de ocultar o de resolver un conflicto entre adultos”, asegura Pérez García.
Redim propone que el intercambio de niñas por otro tipo de beneficios tienen que ser atendidos por el Estado de manera institucional, a partir del cumplimiento de las leyes y sobretodo hacer campañas, en donde se dé acompañamiento y concientización a las comunidades y pueblos originarios, haciendo ver lo nocivo de estas prácticas y que no solamente violan los derechos humanos de las niñas concretamente, sino también el marco normativo mexicano, “si las autoridades no hacen esas campañas educativas y las autoridades no sancionan de manera apropiada estos hechos, se convierten en cómplices de estos casos y por eso siguen manteniéndose a lo largo del tiempo”.
El organismo, en voz de su Director Ejecutivo, asegura que se debe tomar en cuenta que los usos y costumbres no pueden ser una carta de impunidad, sino que deben apegarse al marco normativo del Estado y puntualmente su contenido no tiene, de ninguna manera, porque ser contrario a los derechos humanos. Así los niños y niñas pueden vivir en una comunidad indígena, ser partícipes de las tradiciones culturales de su comunidad, porque son parte de su identidad, pero esto de ninguna manera puede traducirse en la negación de derechos (escuela, salud o el acceso a su libertad expresión).
“Lamentablemente puntualmente el intercambio (venta) de niñas es un problema cotidiano en las comunidades indígenas, como la chiapaneca, pero en muy pocas ocasiones nos enteramos, por ello no existen muchos casos documentados o cifras del tema, y todavía peor no son atendidos por las autoridades…
Pocas son las veces que la sociedad se entera de estas situaciones de intercambios y entonces se sorprenden y después dudan, estos hechos rara vez aparecerán en un medio de comunicación y tampoco se le dará un seguimiento riguroso, de ahí que muchos desconozcan el problema y peor aún se dificulte entenderlo”, asegura Pérez García.
En Chiapas meses atrás una niña indígena fue llevada a la cárcel, donde pasó varios días, luego de haber sido vendida para casarse y meses después haber abandonado a su esposo por los distintos problemas que mantuvo con su familia. En aquella ocasión el juez comunitario la sancionó privándola de su libertad, porque la familia no había devuelto el dinero y los otros productos que obtuvieron al momento de entregarla.
“Así de aberrante fue la actuación del juez, por motivo de esas prácticas tradicionales, lo peor es que pese a que vulneró los derechos humanos de la menor y su desarrollo, él no lo vio de esa manera, y creyó que procedió conforme a la ley. Sin embargo las autoridades estatales sí debieron sancionar al juez y al adulto por casarse con una niña de 14 años, ya que es un delito. Pero no fue así, no obtuvieron castigo alguno, pese a que son hechos que van en contra de las leyes que protegen a la infancia…
De esto se desprenden dos explicaciones, la primera que lo entienden como un orden cultural, esto porque las autoridades mexicanas en su conjunto desconocen y no están formados en derechos del infancia, ni en ningún tipo de derechos humanos; en segunda se suman, lamentablemente, temas de carácter clientelar y electoral; muchas autoridades que han politizado su función evitan entrar en conflicto con las comunidades, porque esto se traduce en la pérdida de votos, es por ello que hacen caso omiso a la venta de niñas y eso terriblemente las coloca en una situación de vulnerabilidad y nula protección.
Porque los acuerdos políticos les resulta un factor más importante, en donde la posición que tenido el Estado mexicano es totalmente asistencial, sin prestar atención a la gravedad de problemáticas como ésta”, sentencia Pérez García.
Orbel asegura que en su comunidad “ningún presidente municipal u otra autoridad han visto con malos ojos nuestras tradiciones, por años los compañeros del PRI han presenciado e incluso participado en las bodas de nuestras hijas y no ha habido problema alguno, ellos han sabido comprender nuestros usos y costumbres, somos comunidades indígenas autónomas y por lo tanto, tampoco el gobierno estatal ha intervenido en los pactos de matrimonio, porque no es algo en lo que se tengan que meter, son nuestras leyes y siempre nos han prometido respetarlas y lo han hecho…
Al contrario, cuando existe un problema de incumplimiento por parte de la niña o el esposo, ellos colaboran para que todo se solucione”.
En innumerables ocasiones los organismos civiles han intentado implementar programas que ayuden a las familias a entender el problema psicosocial que genera en las menores, sin embargo les ha resultado difícil, debido a que aun cuando algunos habitantes quieren cambiar dicha tradición, temen que de no ser partícipes en este tipo de pactos, sean víctimas de represalias por parte de la comunidad, tampoco se atreven a denunciar, ni siquiera en forma anónima, ya que no se siente seguros, temen incluso por su vida, lo que provoca que se dificulte hablar de cifras y mayor número de casos.
