El rubro en el que mayor incredulidad acumula Peña Nieto lo es sin duda la seguridad. Los fracasos se han ido acumulando, en los que destaca la fuga de Joaquín “el chapo” Guzmán, la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, y la eliminación marcial de presuntos delincuentes en Tlatlaya, Tanhuato y Apatzingán, entre otros. La descoordinación entre las Secretarías de Gobernación con las de la Defensa Nacional y Marina, así como con la Procuraduría General de la República, han sido inocultables.
A pesar de la propaganda oficial, el baño de sangre en el país no se detiene. Los homicidios en los primeros 32 meses de su gestión alcanzan los 57 mil 410, de acuerdo con una investigación del semanario “Zeta” de Tijuana, a partir de cifras recabadas en varias instituciones del país. Los homicidios dolosos en lo que va de este sexenio superan el saldo de la “guerra al narco” de Felipe Calderón. Ese semanario resalta que en el sexenio de Calderón ocurrieron 83 mil 191 ejecuciones, mientras que en lo que va del de Peña Nieto van 57 mil 410 sólo en 32 meses, por lo que de mantenerse el promedio de mil 749 asesinatos mensuales, esta gestión registraría alrededor de 130 mil ejecuciones.
La actual estrategia de “descabezar” las organizaciones criminales en el país no disminuyeron la violencia y la inseguridad. El único cambio perceptible es que durante el gobierno de Felipe Calderón la guerra de los cárteles y delincuentes del crimen organizado se escenificadaza en el norte del país, pero ahora la violencia se ha arraigado en el centro y el sureste, con especial énfasis en Jalisco, Guerrero, Michoacán y el Estado de México. No obstante, la violencia se ha mantenido en Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Tamaulipas y hasta Veracruz. Más que eliminado, el terror se ha expandido en el país.
México se ha convertido en un país de impunidades, particularmente en materia de derechos humanos. Los agravios se acumulan y las investigaciones no avanzan. Se incrementan los ejecutados, desaparecidos, desplazados por trata de personas y se elevan los actos de tortura como técnica favorita de “investigación”. Hechos vergonzosos se van sumando: las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; las masacres de Apatzingán y Ecuandurero, en Michoacán; las ejecuciones en Calera, Zacatecas, y los actos de represión en Ostula.
El estancamiento de la política de seguridad ha derivado en graves violaciones a los derechos humanos. Datos de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos destacan más de 24 mil 850 desaparecidos; más de 281 mil desplazados, y más de 8 mil 500 personas detenidas arbitrariamente bajo la figura del arraigo, tan sólo a nivel federal. Resaltan 27 asesinatos y ocho casos de desaparición forzada contra defensores de derechos humanos, y más de 80 periodistas asesinados y 17 desaparecidos.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, al día desaparecen 11 personas en México, es decir, una persona casi cada dos horas. De seguir con esta tendencia, al finalizar el año habrán desaparecido cuatro mil 15 personas más en el país. Según las cifras oficiales, el número acumulado de personas cuyo paradero es desconocido llega casi a 26 mil víctimas. Las entidades con el mayor número de desaparecidos en el país son Tamaulipas, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Chihuahua.
Este lunes, centenares de periodistas, escritores y artistas del mundo publicaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto para pedirle por segunda vez que se esclarezca el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa. Junto a él fueron asesinadas cuatro mujeres, una de ellas activista de derechos humanos. El fin de semana, las autoridades detuvieron a un expolicía que había estado en la cárcel por tortura como sospechoso del multihomicidio. Pero aún no se ha esclarecido el móvil de los crímenes. También solicitaron la revisión inmediata de los mecanismos para la protección de periodistas y el compromiso efectivo del gobierno federal para garantizar la libertad de expresión en México.
