(06 de septiembre, 2015).- De acuerdo a un reportaje publicado por la revista Contralínea en su portal electrónico, el gobierno mexicano podría buscar que se reestablezca el poder hegemónico entre la delincuencia organizada con el objetivo de “establecer una pax mafiosa liderada por el Cártel de Sinaloa, que baje los niveles de violencia y reemplace la actual ‘situación multipolar’ donde priva el crimen y el terror”.
El texto, firmado por Zósimo Camacho, hace referencia a un documento del Congreso estadunidense, fechado a finales de julio pasado. Bajo esta lógica, dice la publicación, estaría enmarcada la reciente fuga de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo.
“El documento señala que esta posible apuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto podría significar la pérdida de la legitimidad del Estado. Pero también podría lograr la reducción de la violencia y sacar el problema del narcotráfico de los asuntos de seguridad nacional para llevarlo a los del orden público”, se lee en el reportaje.
Bajo esta lógica, el negocio del trasiego de drogas en México no eliminaría pero, por la viabilidad del país, se busca transformarlo para hacerlo menos violento, tenerlo más controlado y con “unidad de mando”, argumenta el texto de Contralínea, basado en las declaraciones del especialista en seguridad nacional, narcotráfico y Fuerzas Armadas Guillermo Garduño Valero.
“De acuerdo con el doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh, lo que está en marcha es la expansión del Cártel de Sinaloa a todo el Pacífico, la ‘recuperación’ de la frontera con Estados Unidos, su llegada al Golfo y el control del negocio en Centroamérica. En esta operación, los demás cárteles serán sometidos o aniquilados, considera. La fuga, un asunto consensuado en los ‘más altos niveles’”, sostiene el reportero.
Camacho explica que “hoy, el trasiego de drogas en México está dominado por nueve grandes cárteles: tres de ellos de carácter “nacional” (Sinaloa, Los Zetas y Jalisco Nueva Generación); cuatro “regionales” (El Golfo, los Caballeros Templarios y Pacífico Sur) y dos “cobradores de peaje” (Juárez y Tijuana). A los anteriores se suman 202 células delictivas distribuidas en todo el territorio nacional, principalmente en las entidades federativas de Tamaulipas (42), Guerrero (25) y el Distrito Federal (24)”.
La información es retomada del estudio Mexico: organized crime and drug trafficking organizations (que podría traducirse como México: crimen organizado y organizaciones traficantes de drogas), publicado por el Servicio de Investigación del Congreso estadunidense: Congressional Research Service.
El documento, argumenta el reportero de la revista que en diversas ocasiones ha sido víctima de agresiones y robos en sus instalaciones, fue “elaborado por el analista en asuntos latinoamericanos June S Beittel, está fechado el 22 de julio pasado y da cuenta del mapa de la mafia en México luego de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, líder del Cártel de Sinaloa”.
“El poderío del Cártel de Sinaloa es destacado en el estudio. A pesar del nivel de violencia que han demostrado otros cárteles, el encabezado por el Chapo es ‘la organización mafiosa más poderosa del hemisferio occidental’. Y es la única que, en el trasiego de drogas desde América del Sur y de las producidas en México, ‘ha utilizado túneles, catapultas, submarinos, lanchas rápidas y semisumergibles’, además de buques de transporte aéreo y contenedores”, señala el informe citado por Camacho.
Las capacidades organizativas también son resaltadas en el documento: es un cártel con un modelo descentralizado que, sin embargo somete a todas sus células. Guillermo Garduño, catedrático en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa, asegura que esta organización delictiva está dedicada netamente a su negocio: “no tiene negocios paralelos como el secuestro, la extorsión o el robo de hidrocarburos”; el modelo de organización criminal “preferible”.
“El documento destaca que la reciente fuga de Guzmán Loera tendrá ‘serias consecuencias’ para México, Estados Unidos y Centroamérica”, explica el texto de Contralínea.
