(21 de septiembre, 2015).- Integrantes de Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), describen que “México es un páramo, un cementerio lleno de fosas clandestinas, de huesos sin sonido, un corazón oscuro, de periodistas silenciados, de defensoras asesinadas, hombres y mujeres heridas en la médula de nuestra humanidad”.
Aseguran que se está viviendo una crisis humanitaria, “provocada por un Estado criminal, impulsada y fomentada por el gobierno mexicano, una guerra sin cuartel hacia todas las personas, a todos los pueblos de nuestro territorio, así es como padecemos una era criminal”.
Lo anterior es un análisis derivado de las nuevas agresiones y amenazas en contra de las BAEZLN de las comunidades de El Rosario y Nuevo Paraíso, ubicadas en los municipios autónomos de San Manuel y Francisco Villa, en Chiapas.
El Centro de Derechos Humanos Frayba asegura que “existe omisión de los gobiernos municipal y estatal para atender la problemática y deslindar responsabilidades” en los hechos suscitados en estas dos localidades pertenecientes al municipio oficial de Ocosingo, lo que ha provocado que “exista el riesgo a la vida, la integridad y seguridad de las bases de apoyo zapatista”.
La Junta de Buen Gobierno El Camino del Futuro, con sede en La Garrucha, Ocosingo, informó que “un grupo de 28 personas del ejido Pojcol, barrio Chiquinival (municipio oficial de Chilón), junto con otro grupo de 21 personas de El Rosario, hostigaron y agredieron a las bases zapatistas de esta comunidad autónoma”.
Aseguraron que “Andrés López Vázquez realizó cuatro disparos en contra de una niña de 13 años, hija de un indígena base de apoyo zapatista y, posteriormente, tres personas armadas del mismo grupo agresor llegaron al poblado Nuevo Paraíso, con una carta donde se culpan a las bases zapatistas de ocasionar los problemas”.
El Frayba hace un recuento de las consecuencia de la violencia: la ejecución extrajudicial del Maestro Zapatista Galeano, en la Realidad y la reciente liberación de Carmelino Rodríguez Jiménez y Javier López Rodríguez señalados como los responsables del asesinato, entre otros responsables del hecho, pertenecientes a la CIOAC-H; el desplazamiento forzado en San Marcos Avilés, en Chilón; las agresiones armadas del grupo de Pojkol a la comunidad zapatista del Rosario, en Ocosingo. Acciones todas en contra de las BAEZLN, con las cuales remarcan lo que dice el EZLN: “de arriba no vendrán la verdad y la justicia. Nunca. Jamás. De arriba sólo hay que esperar simulación, engaño, impunidad, cinismo”.
Por otra parte se citan los crímenes de Lesa Humanidad relacionadas con el Conflicto Armado Interno como son: las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en la zona Norte de Chiapas, el Crimen de Estado conocido como la Masacre de Acteal, la Masacre de Viejo Velasco; el desplazamiento forzado de las familias de Banavil y el Poblado Primero de Agosto. “La lista sigue, el dolor y la rabia siguen y siguen son inacabables como los pueblos, comunidades y personas que luchan por su territorio y vida”.
Las BAEZLN han padecido hostigamiento y violencia desde hace varios años, sin que esta se detenga, los miembros siempre han acusado a los grupos priistas quienes, aseguran al pertenecer al partido en el poder, han quedado en la absoluta impunidad.
Como ejemplo se cita el caso de la menor de 13 años a quien le dispararon cuatro veces, el Centro de Derechos Humanos envió, con fecha 14 de mayo del 2015, el oficio 059-015-15/34/2015, en el que se informa a los gobiernos de Chiapas sobre las agresiones armadas.
Dicho oficio fue contestado por Carlos Leonel Solórzano Arcia, Subsecretario de Gobierno de la Región XII Selva Lacandona, reconociendo el ingreso de personas armadas en la Comunidad Autónoma Zapatista El Rosario, sin embargo no mencionó en ningún momento, ninguna acción para esclarecer los hechos y prevenir repeticiones, por medio de la sanción de los responsables; contrario a ello entregaron despensas por parte del DIF al grupo agresor. Y jamás se habló del intento de homicidio contra la niña.
El Frayba considera que existe un riesgo inminente a la vida, la integridad y seguridad personal de las BAEZLN, cuya responsabilidad es del Estado ya que desde agosto del 2014 las autoridades gubernamentales no han actuado de manera eficaz a pesar de las reiteradas solicitudes de intervención que han realizado.
